Miguel Concha
Nueva ley de medios
El pasado 3 de enero la Subcomisión de Radio y Televisión del Senado, creada el 13 diciembre, entregó para su análisis a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Gobernación y Estudios Legislativos el anteproyecto de dictamen de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, con la incorporación de 106 observaciones que enviaron cuatro senadores del PRI, varias dependencias del gobierno federal, miembros del Poder Judicial, académicos y organizaciones sociales y laborales.
El miércoles se tuvo una reunión con el fin de que los integrantes de las comisiones unidas emitieran sus comentarios e hicieran sus posicionamientos sobre los temas básicos de la ley: órgano regulador, régimen de concesiones y permisos, derecho de réplica, derecho de retransmisión, tiempos de Estado, régimen jurídico de las permisionadas, o cualquier otro tema que se deseara incluir.
Días antes los presidentes de las tres comisiones habían recibido más de 35 solicitudes de organizaciones y ciudadanos que demandaban con firmeza ser integrados en la discusión del predictamen, pues se habían previsto únicamente tres audiencias, antes de su aprobación y discusión el próximo 16 de febrero: una el 26 de enero, con los representantes del Ejecutivo; otra el 2 de febrero, con los representantes del sector televisivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), y otra el 9 de febrero con los concesionarios del sector de radio de la CIRT. Felizmente el 19 de enero se acordó encomendar al presidente de la subcomisión agendar con el sector civil otra audiencia, que tuvo lugar el pasado jueves. Estuvieron presentes representantes de productores independientes, de radios comunitarias, de sindicatos de medios públicos, de agrupaciones de profesionales de la comunicación, y representantes de organizaciones de derechos humanos.
Además de justa, porque desde 2002 este ha sido el sector más comprometido en la promoción de una nueva ley, su comparecencia resultó una vez más fundamental para asegurar su aprobación, dentro de una reforma democrática congruente del Estado. Los ciudadanos exigen que la televisión y la radio en el país cuenten con criterios claros, objetivos y equitativos para el otorgamiento y asignación de las frecuencias radioeléctricas, como lo recomendó el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a México el año pasado. En consecuencia exigen el establecimiento de un registro público de concesiones y permisos, que permita su transparencia. Demandan igualmente la eliminación de la relación discrecional y política de los dueños de los medios electrónicos con el Ejecutivo federal, mediante la creación de un órgano regulador, desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, que les garantice la certeza y la imparcialidad, así como la seguridad jurídica a los concesionarios. Se pide, además, el establecimiento de un régimen jurídico para los permisionarios, que los considere como prestadores de servicio social, les asegure al menos 20 por ciento de las frecuencias existentes, y los autorice a recabar recursos para su subsistencia y sustentabilidad.
La sociedad, por medio de sus organizaciones, ha estado demandando además el cumplimiento de la obligación constitucional de impedir monopolios en el sector, limitando para ello el porcentaje de frecuencias otorgadas a una sola concesionaria por plaza, como acontece en muchos estados modernos, y teniendo en cuenta que México es el país con mayor concentración de medios de comunicación en una sola empresa. Exige además el fortalecimiento de la producción nacional e independiente con 50 por ciento de la programación de este tipo, 20 por ciento de ella contratada con productores independientes. Demanda también el establecimiento de condiciones y procedimientos eficaces para hacer exigible el derecho humano de réplica. Para garantizar la equidad en las contiendas, la sociedad se muestra de acuerdo en que durante los 90 días previos a la jornada electoral, en caso de elecciones en que se renueve la Presidencia o gubernaturas, y 45 días antes en caso de los demás procesos federales o locales, el órgano regulador -integrado por ciudadanos probos y experimentados- ponga a disposición del IFE la totalidad de los tiempos de Estado -salvo los dispuestos para la difusión de mensajes sobre la seguridad nacional y la salud pública-, para la promoción del voto y la difusión de las plataformas y candidatos de los partidos. Es además un clamor popular el que, para garantizar la imparcialidad de las empresas durante las campañas, y disminuir los gastos astronómicos que en ella se realizan, sea el IFE el que en estas ocasiones distribuya los tiempos de radio y televisión.
