Presentan universitarios solicitud de juicio político contra 360 legisladores
Se extralimitaron diputados al quitarle el cargo a AMLO, afirman académicos
Aproximadamente 500 integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos investigadores eméritos, presentaron ayer ante la oficialía de partes de la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra los 360 diputados que votaron en favor del desafuero y se atribuyeron la facultad de separar inmediatamente de su cargo al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, con lo cual violaron de modo flagrante la Constitución.
Entre los universitarios que firman la solicitud de juicio político están los investigadores eméritos Manuel Peimbert, Helena Beristáin y María Teresa Gutiérrez, así como destacados académicos de diversas dependencias de la UNAM, entre ellos Guadalupe Valencia, Josefina Morales, Javier Torres, Margarita Rosado, Elvira Concheiro, Javier Aguillón, Lucio F. Oliver y Alejandro Alvarez.
Antes de que una comisión de académicos, integrados como Red Universitaria por la Democracia, se trasladara a la oficialía de partes de la Cámara de Diputados, ofrecieron una conferencia de prensa en la que participó el jurista y profesor emérito Raúl Carrancá y Rivas, asesor jurídico de la solicitud de juicio político.
La demanda se fundamenta en el artículo 110 constitucional, que establece que si los diputados, senadores y otros servidores públicos violan la Carta Magna "gravemente y las leyes generales que de ella derivan, se harán acreedores al juicio político", indicó Carrancá y Rivas. Pero también se sustenta en el artículo 109, que consagra el principio universal de la acción pública, por el que cualquier ciudadano, "aportando las pruebas del caso", puede presentar ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político.
En el cuerpo de la demanda se establece que los 360 diputados violaron flagrantemente lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución, particularmente en su párrafo séptimo, que señala: "El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal". En consecuencia, agrega, "y habida cuenta de que el C. jefe de Gobierno de la ciudad de México no estaba sujeto a proceso penal en aquella fecha, la H. Cámara de Diputados no tenía facultades para acordar su separación del cargo".
Además, en el texto de la solicitud se señala que dicha violación implicó "una extralimitación a las facultades exclusivas que la propia Constitución otorga a la Cámara de Diputados al disponer en el artículo 74 fracción V que a dicho órgano corresponde únicamente 'declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111' de la Carta Magna".
Carrancá y Rivas explicó que de aprobarse este juicio, los efectos serían la suspensión inmediata de su cargo de los 360 legisladores y su inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Acotó que en un esquema como éste, el país no se quedaría sin Cámara de Diputados, puesto que entrarían los suplentes en los términos de ley.
En la solicitud exigen que los 360 diputados se excusen por ser parte interesada del asunto. El derecho universal así lo establece, y si llegaran a negarse sería tanto como decir "queremos ser juez y parte", con lo cual les caería "el peso brutal de la contradicción y del absurdo, aparte de todo lo que les ha caído encima (...) sería como ponerse la soga al cuello", agregó el jurista.
Señaló que esta demanda debe ser turnada posteriormente a la Cámara de Senadores, porque este órgano es el jurado de sentencia, conforme lo establece la Constitución. Aclaró que esta iniciativa "no es nada personal", sino contra el ejercicio inconstitucional de una función", y no se trata de ningún ataque a las instituciones.
Durante la conferencia, el investigador Víctor Flores Olea advirtió que estamos ante un "golpe de Estado preventivo" en el que se quiere impedir que López Obrador aparezca en las boletas electorales de 2006. La investigadora Guadalupe Valencia señaló que el gobierno federal supone que los ciudadanos, además de tontos, son mudos. Por esta razón, dijo, esta solicitud es también un acto de dignidad de los universitarios que no se quedarán callados ante "esta infamia".
Por otro lado, explicaron que los ciudadanos en general pueden agregar sus firmas a esta demanda. Posteriormente, una comisión de académicos, entre ellos, Carrancá y Rivas, entregó dicha solicitud en la oficialía de partes de la Cámara de Diputados.
"Torpes en grado superlativo"
Carrancá y Rivas se refirió a la declaración de la Presidencia de que el retorno de López Obrador es una "violación a las leyes". Enfatizó que le extraña que exista "gente tan ignorante en la Presidencia" y que además pretenda dar una interpretación "torcida" de la norma. Por otro lado, agregó, a dicha institución no le corresponde hablar, "son muy torpes en grado superlativo", porque con sus señalamientos lo único que manifiestan es que "hay complot".
Dijo que la invitación de la Procuraduría General de la República a "Juan Pueblo para que acuda a denunciar al jefe de Gobierno capitalino" nunca la había visto en más de 50 años de actividad profesional. Esto es, que el Ministerio Público hablara "en esa forma, y que de manera tan abierta y descarada" hiciera un exhorto para que los interesados presenten una denuncia. Este hecho "también hace pensar en muchas cosas sospechosas", agregó.