La SHCP no se opone a la transparencia, pero hay conflicto de normas, afirma
Imposible, hacer públicos los recursos de 705 fideicomisos: Carlos Hurtado
La Secretaría de Hacienda "no se opone a la transparencia de los 705 fideicomisos vigentes" que tienen recursos públicos, incluso del ámbito privado, aseguró a los senadores el subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado. Fue preciso, y subrayó: "tenemos un problema de conflicto de normas", por ello no es posible hacer público mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información los recursos y las operaciones de todos los fideicomisos.
Al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado, tanto Hurtado como el procurador Fiscal de la Federación, Luis Mancera, afirmaron que hoy la misma Ley de Transparencia, en su artículo 14, señala qué información es reservada, y entre ellas se encuentran: los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal.
En la reunión de trabajo el subsecretario insistió en que hay comunión plena entre el Ejecutivo y el Legislativo en transparentar el uso de recursos públicos; somos los primeros interesados, pero el problema no es de que comulguemos, sino de la disyuntiva que hoy enfrentan funcionarios, que por disposición legal no pueden divulgar información porque se harían acreedores a sanciones.
En una larga comparecencia, los funcionarios detallaron que se tienen registrados 705 fideicomisos vigentes, y que hasta marzo de este año contaron con 269 mil 300 millones de pesos. "El número total de fideicomisos en operación disminuyó 47.5 por ciento y la disponibilidad de recursos de los que están en operaciones se redujo 46 por ciento.
Los funcionarios explicaron que para la fiscalización no hay limitación al acceso del ente auditor, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, incluso para la información de los fideicomisos, ellos conocen todo. Afirmaron que el auditor superior de la Federación tiene obligaciones de secrecía, aunque tiene acceso irrestricto a la información.
El Estado, dijeron, debe garantizar el derecho a la información y respetar la seguridad jurídica y privacidad de los particulares, de tal forma que la transparencia del uso y destino de los recursos públicos (artículo 6 constitucional, derecho a la información) se opone al artículo 16 de la Constitución en el derecho de los particulares a la privacidad, a la protección de usos de información.
En la prolongada sesión de trabajo, ambos funcionarios insistieron en que existe conflicto en normas, en transparencia, en secrecía, en fideicomisos, mandatos y figuras análogas, tratándose de recursos públicos. Por el conflicto de normas, precisaron, el servidor publico está ante la inseguridad jurídica:
"Si el servidor público divulga alguna información puede ser sujeto de demanda de los particulares, fideicomisarios o beneficiarios, y si no divulga información puede ser sujeto de sanciones administrativas".
Luego el procurador fiscal dijo a los senadores que con las reformas a la Ley de Acceso a la Información que aprobó el Senado en el pasado periodo de sesiones se pasó de "casi una secrecía a una apertura total". Preguntó a los senadores: "Debe fiscalizar la Cámara de Diputados a través del órgano técnico de la ASF, y ser estos los únicos responsables de la fiscalización, o debe fiscalizar la sociedad."