El gobernador De los Santos atenta contra la libertad, acusan
Crean frente ciudadano en defensa de La Jornada San Luis
San Luis Potosi, SLP, 12 de mayo. Lectores de La Jornada San Luis, inconformes con el boicot que impuso el gobierno panista de Marcelo de los Santos Fraga al rotativo, acordaron formar un comité de solidaridad con el diario, para defender las libertades de expresión e información.
La creación del organismo fue resultado de una reunión informativa sobre la situación que prevalece en el diario. Al acto asistieron dirigentes políticos y sociales, periodistas de diversos medios, empresarios, funcionarios, legisladores, académicos, artistas, activistas ecológicos, abogados, regidores capitalinos, ex jornaleros y ciudadanos sin ninguna relación con la vida pública de San Luis. Los asistentes, aun aquellos que sostienen posiciones encontradas en algunos asuntos, se identificaron en un punto: ser lectores de La Jornada San Luis.
Precisamente debido a la calidad de lectores de los asistentes, se obvia la identificación de aquellos que por su participación en la vida pública son más notorios.
Julio Hernández López, director y gerente general del periódico, inició el encuentro con una reseña de la situación.
Denunció que el gobernador De los Santos Fraga pretende establecer un cacicazgo de corte "clasista y empresarial", que gobierne sólo para un segmento de la sociedad potosina. De esta manera, advirtió Hernández López, el mandatario pretende revivir "viejos momentos de la historia de San Luis, en los que desde el poder se atacaron las críticas y se promovió la imagen del gobernante en turno".
En ese contexto, describió, se registró el conflicto entre La Jornada San Luis y la administración estatal.
Recordó que el 23 de marzo de 2004, en un encuentro sostenido con el mandatario estatal, le expresó su preocupación sobre la política seguida por el área de Comunicación Social y sobre su política de publicidad oficial. De los Santos Fraga respondió que su gobierno deseaba comprar el espacio de primera plana del diario, y que si no estaba a la venta, entonces no le interesaba y no lo consideraba su problema.
Desde los primeros meses de este año, dijo, el gobierno estatal dejó de enviar no sólo la publicidad oficial, sino también la información sobre ciertas actividades del gobernador que, al día siguiente, aparecían en otros diarios.
Hernández López indicó que existe legislación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que considera al uso discrecional de recursos destinados a la publicidad oficial como un atentado contra las libertades de expresión y de información.
El director de La Jornada San Luis señaló que la situación financiera del diario es salvable, pero indicó que la actitud del gobierno del estado ha lesionado la economía del rotativo. Apuntó que anunciantes potenciales y actuales revelaron que funcionarios estatales les advirtieron que anunciarse en el periódico podría ser mal visto por el gobernador, lo que podría derivar en un golpe mortal a la publicación.
Advirtió que la desaparición de La Jornada San Luis sería un golpe a la vida pública del estado, pues un sector de la ciudadanía perdería una fuente de información distinta a la que ofrece la generalidad de los medios: crítica y sin compromisos.
Proponen comité
Luego se dio la palabra a los asistentes. De inicio surgió la idea de formar un comité de solidaridad, cuya tarea sería exigir al gobierno del estado, puesto que su presupuesto es pagado con recursos públicos, que no atente contra el medio que una parte de la sociedad ha elegido como fuente de información.
La petición al gobernante, acordaron los lectores, sería el respeto a la información y el cese del "violento ataque a los principios democráticos".
Se resaltó que si los ciudadanos contribuyen con sus impuestos al presupuesto oficial, tenían el derecho de exigir que no se castigue con un boicot publicitario e informativo a un medio que presentaba posiciones críticas.
También se propuso que ese comité pidiera al gobierno estatal información puntual sobre los gastos de la administración en medios informativos, detallando los procedimientos por los que se determinan los montos de publicidad.
Se expuso que los lectores deben exigir a los gobernantes que no excluya a las publicaciones que no se dedican sólo a resaltar los logros de sus administraciones.
Líderes de partidos políticos que tienen adeudos con La Jornada San Luis se comprometieron a saldarlos. Por otra parte, propusieron una movilización social para defender la libertad de información.
También se exigió que el medio no cambiara su línea, en caso de que se solucionara su conflicto con el gobierno del estado, y advirtieron que no tolerarían que la naciente organización se partidizara, o se inclinara a un determinado movimiento social.
El director de La Jornada San Luis se comprometió a que eso no sucederá, y aclaró que el apoyo al medio no implica que éste, en determinado momento, se abstendrá de publicar información adversa a quienes respaldan al periódico.
Los asistentes determinaron realizar varias reuniones para concretar la formación del comité, y acordaron que su primer acto público será una reunión informativa en la plaza de Armas prevista para el mediodía del martes 17 de mayo próximo, un día antes de la visita del presidente Vicente Fox a San Luis.
Hernández López dijo que el lugar era importante, pues significaría su recuperación de las manos de un gobierno que cree que evitando las manifestaciones de inconformidad, desaparecen las causas de ésta.