Sobre guarda y custodia infantil
Se resisten asambleístas a corregir
legislación errónea aprobada en diciembre: Contreras Julián
Aleyda Aguirre
La diputada perredista, Marisela Contreras
Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género
(CEG) de la ALDF, explicó que los cambios a la ley fueron impulsados
por los diputados José Antonio Arévalo, del Partido Verde
Ecologista (PVEM) y José Jiménez del de la Revolución
Democrática (PRD), quienes tomaron el tema, luego de los planteamientos
que le presentaron organizaciones mexicanas que defienden la paternidad,
dirigidas por Rebeca Maldonado y Raúl Méndez García,
las cuales trabajaron conjuntamente el asunto, asesoradas por el Juez
38 de lo Familiar, Juan Tapia Mejía.
"El discurso lastimero y conmovedor" que manejan estos grupos,
seguramente dijo Contreras, convenció a los legisladores de que
había que llevar a cabo esos cambios. Antes de subirla a tribuna,
la presidencia de la CEG hizo observaciones a la iniciativa que "no
fueron tomadas en cuenta", aunque reconoce que en un principio
no se percató completamente de las "graves repercusiones"
que acarrearía esto para las mujeres, niñas y niños.
Debido a que se obstinaron en presentarla en el periodo extraordinario
de sesiones, no dio tiempo a la reflexión y a discutir a fondo
el tema.
La única opción que le quedó, aseguró, fue
presentar otra iniciativa, el 16 de diciembre del año pasado,
resultado de varios foros de discusión y análisis de instituciones
gubernamentales y organismos de la sociedad civil. Sin embargo, el camino
no es sencillo, pues la contrapropuesta tiene como obstáculo
el tiempo y si bien le va, será analizada en un posible periodo
extraordinario de sesiones en los próximos dos meses o tendrá
que esperar hasta el periodo ordinario que comienza en septiembre.
Con esas modificaciones, se "retrocedió" lo ganado
durante el periodo legislativo 1997-2000, pues la nueva propuesta obliga
a las y los menores a convivir con sus padres, a pesar de que éstos
hayan ejercido violencia al interior de la familia, además de
que se nulificó la posibilidad de que un juez de lo familiar
tome medidas precautorias para proteger a las víctimas de sus
agresores.
En tanto, se tiene "un problema grave", señala Contreras
Julián, porque la ley no es retroactiva "y en estos momentos
hay varias afectaciones por los cambios a la legislación. Muchas
mujeres han venido a vernos para decirnos que hay señores que
las han amenazado con quitarles a los hijos" porque las modificaciones
del 7 de diciembre, permiten la guarda compartida aún cuando
haya violencia de por medio.
La reforma que presentó está enfocada a preservar los
derechos de niñas y niños, es decir, buscar que éstas/os
sean bien atendidos, que reciban atención sicológica en
caso de haber padecido violencia y se incorporó el tema de los
y las menores con capacidades diferentes, a quienes se les tiene que
proporcionar una atención permanente, informó.
De igual forma, la iniciativa propone que cuando alguna de las partes
se lleve a un o una menor sin avisar, ese acto se constituya en un delito
que tenga un castigo de seis meses a un año de prisión.
Existen muchas resistencias a los nuevos cambios planteados en esta
ley que pretende derogar la de diciembre, "porque son cosas difíciles
de aceptar de forma objetiva y sobre todo porque quienes incumplen mayoritariamente
con sus obligaciones son los hombres, estamos hablando de un universo
de 20 mil demandas de divorcio al año y quienes se quedan con
la guarda y custodia de hijos e hijas son las madres" puntualizó.
