Desde 1992 figuraba en el consejo de administración de Industrias Franco
Acusan a Creel de orquestar una campaña para destruir pequeñas empresas gaseras
En connivencia con Rubén Mendoza Ayala ''operó para vulnerar la libre competencia''
Santiago Creel Miranda, integrante desde 1992 del consejo de administración de la poderosa empresa Industrias Franco (Infra), dedicada a la producción y comercialización de gases industriales, ''operó mediante una campaña sucia, en su encargo como secretario de Gobernación, para vulnerar la libre competencia con las medianas y pequeñas empresas, porque presionó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con objeto de emprenderla contra los proveedores minoritarios de los energéticos, y en connivencia con Rubén Mendoza Ayala, quien fungía como alcalde de Tlalnepantla, dedicaron esfuerzos para complicar la existencia administrativa a la competencia''.
El favoritismo hacia Infra, expresado en tal denuncia, podría significar una más de las muchas historias en México de la impunidad con que actúan los monopolios para deshacerse de sus competidores; no obstante Fernando López, director general del Grupo López Franco, y el abogado Ramón Macías Cortés, revelaron un hecho trascendente cuya vigencia persiste y manifiesta de nueva cuenta serias dudas sobre el proceder del ex secretario, quien participaba en el principal órgano administrativo de la empresa en cuestión y despachaba como funcionario público, por lo menos hasta julio de 2003.
Al revisarse el testimonio de la escritura 39863, firmada por el titular de la notaría pública número 14 del Distrito Federal, Maximino García Cueto, del año 2003, se descubre la transformación de Infra, que desde el año 1945 se llamaba Oxígeno Nacional SA, con domicilio en la ciudad de Monterrey, hasta convertirse en Infra SA de CV. Uno de esos cambios fue el que describe el mismo notario de la siguiente forma: ''... se hizo constar la protocolización de las actas de asambleas generales extraordinarias de accionistas de Infra SA de CV, en la que se tomó el acuerdo de reformar totalmente los estatutos de la sociedad y se designó a los miembros del consejo de administración'', entre ellos Santiago Creel.
No obstante que la duración del puesto de integrante del citado consejo es anual, los consejeros tienen derecho a ser relegidos; así, desde 1993, año en que Creel rindió protesta como prosecretario de ese órgano, y hasta el año 2003, del testimonio al que se hace referencia, el ex titular de Gobernación se mantenía como integrante del grupo administrador de Infra.
El tema del monopolio de Industrias Franco se presentó ayer en la Cámara de Diputados, donde Ramón Macías Cortés, pequeño empresario dedicado a la distribución de gas industrial y medicinal, refirió su problema de la siguiente forma: ''Hace años fuimos distribuidores de Infra. Nos separamos de ellos como distribuidores y empezamos a ser competencia. Y a partir de ahí ha sido un verdadero calvario. No nos han dejado trabajar, no nos han dejado comercializar, nos han perseguido, se han puesto de acuerdo con las autoridades. Incluso, en el extremo ya de los hechos, hemos tenido que presentar dos denuncias: aquí está una de ellas. Es precisamente contra directivos de Infra por violaciones a la libertad de comercio y actos de corrupción en adquisiciones del sector público. También, contra directivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que ordenaron la práctica de cateos ilegales, y contra el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, porque parece ser que es o fue uno de los directivos de esta empresa Industrias Franco SA de CV''.
También Fernando López Franco, vicepresidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gases Industriales, señaló la connivencia de las grandes empresas con objeto de avasallar al pequeño competidor, porque se encuentra en juego un mercado de 8 mil millones de pesos. ''Infra, que se agrupa con otras dos trasnacionales, la alemana Lindde y la estadunidense Praxair, dispone las reglas del juego en el negocio de los gases industriales. Por ejemplo, en la cuestión de las licitaciones que se dan para el Seguro Social, donde ellos deciden a qué regiones va a venderle cada quien, a qué precio y cómo van a manejar las entregas y la distribución de dichos productos. Por ejemplo, en algunas regiones como San Luis Potosí y Sonora, el oxígeno que se les suministra a los enfermos del IMSS trae precios exorbitantes del orden de 120 pesos el metro cúbico, y hasta 200 pesos, mientras que en el Valle de México, con el afán de destruirnos a los pequeños distribuidores, casi llegan a regalar el producto al venderlo en precios ridículos de hasta 10 pesos el metro cúbico''.
Esa competencia desleal y la probable participación de Santiago Creel Miranda como operador a favor de Infra, significó una dura reacción del diputado del PRD Francisco Carrillo Soberón: ''Habría de responder el ex secretario, porque lo único que hace es estar dañando a la pequeña y mediana industria nacional en beneficio de estos grandes consorcios que, a todas luces, efectúan prácticas ilegales. Esta es una clara señal de que esta impunidad con la que actúan estas autoridades debe tener algo que ver con privilegios o con tráfico de influencias; es por eso que nos preguntamos: ¿qué hace Santiago Creel en el consejo de administración de esta empresa? ¿Ese es el estado de derecho que tanto pregona Santiago Creel? ¿Por qué María Teresa Franco, ex directora del INAH y hermana de los propietarios mayoritarios de Infra, gozaba de toda la confianza de Creel?''
Por su parte, Jorge Martínez Ramos, legislador del sol azteca, dio a conocer la presentación de un punto de acuerdo en la sesión de este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con objeto de llamar a la Procuraduría General de la República a investigar las denuncias penales presentadas por Casa López y Sucesores y Grupo López Franco.
El texto promovido por el diputado Martínez Ramos refiere: ''Estos hechos y otros están siendo documentados ante la Procuraduría General de la República, pero los denunciantes han sido advertidos en más de una ocasión por funcionarios de esa dependencia que la denuncia de Casa López contra Infra sería próximamente desechada. De suceder esto, además de constituir un acto ilegal y arbitrario, inaceptable en una institución a la que el Estado mexicano confía la tarea de investigación e impartición de justicia, se trataría, nuevamente, de condenar a personas morales a la indefensión frente a las influencias económicas y políticas de una empresa poderosa, entre cuyos administradores se encuentra o se encontraba el hoy precandidato del PAN, Santiago Creel''.