Usted está aquí: miércoles 27 de julio de 2005 Política Pide Alvarez Icaza crear una comisión de la verdad

Critican ONG negativa a girar órdenes de captura

Pide Alvarez Icaza crear una comisión de la verdad

Jamás debemos permitir el abuso del poder, sostiene

VICTOR BALLINAS Y AGUSTIN SALGADO

Defensores de derechos humanos lamentaron que el Poder Judicial de la Federación (PJF) haya negado las órdenes de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría y su ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia por la matanza del 10 de junio de junio de 1971, y consideraron que con esta decisión se fomenta la impunidad.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, se pronunció por la creación de una comisión de la verdad que aborde el hecho desde diferentes perspectivas, ya que si se queda únicamente en el criterio judicial se corre el riesgo de enviar un "mensaje de impunidad" a la sociedad.

Explicó: "Es un tema que tiene distintas pistas y abordándolo sólo desde la problemática legal puede llegarse a mandar un mensaje de impunidad. Hay una enorme discusión sobre las responsabilidades, pero lo que debe hacerse es enviar el mensaje de que nunca más vamos a permitir que se abuse del ejercicio de poder argumentando razones de Estado, y mucho menos cuando esto vaya en detrimento del derecho".

Consideró que mientras no se haga una revisión social del pasado, en la que se tomen en cuenta aspectos éticos y se determinen sanciones morales para los culpables, será imposible crear un Estado democrático.

El abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, expuso que el genocidio, por su naturaleza misma, es un delito que debe fundamentarse en jurisprudencia internacional, y parece que en este caso el Poder Judicial sólo se basó en las leyes nacionales, lo cual habla de un criterio reducido.

Resaltó que el genocidio no prescribe y debe investigarse a fondo, pero con el criterio que asumió el quinto tribunal sólo tomaron en consideración la legislación mexicana y con ello el Estado hace a un lado sus compromisos internacionales.

El Centro Pro destacó que con esta decisión en el PJF prevalece el criterio de que permanezca la impunidad, que no se haga justicia. El no haber girado las órdenes de aprehensión es una mala señal, pero también hay que analizar el fundamento de la fiscalía especial. De entrada, se nota que al PJF le faltó voluntad para establecer la responsabilidad del Estado en los crímenes del pasado.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para todos, Edgar Cortez, manifestó que esta resolución "ha sido la crónica de un veredicto anunciado". Desde la semana pasada filtraron una parte y hoy sólo la confirmaron. Lo grave, subrayó, es que esta resolución viene a confirmar la práctica de un Poder Judicial que parece más comprometido con la impunidad que con la justicia. En este caso concreto, "la magistrada no abrió la legislación para tomar en cuenta tratados internacionales".

Insistió en que hay una serie de señalamientos sobre los hechos de 1968, y se ve la incapacidad de la fiscalía para fundamentar los casos y para vincularse con la sociedad y los familiares de las víctimas.

Lo que debe quedar claro, subrayó Cortez, es que aquí "hay responsabilidad del Poder Judicial porque está negando la justicia. Parece que aquí se aplica el punto final en la justicia, aunque no exista esta situación como en Argentina, donde el gobierno aplicó la ley de punto final en los casos de desaparecidos durante la dictadura".

A su vez, Alvarez Icaza comentó: "Es un asunto que debe ser revisado en su integralidad (...) y hay que ver los procesos judiciales que vengan, porque no sólo fue la matanza del 10 de junio. El mandato del ex presidente Luis Echeverría fue una época muy oscura en México y no sólo en la lógica de la guerra sucia, sino en la lógica del uso del poder sin límites. Tenemos que construir mensajes políticos para que esto no vuelva a repetirse".

El titular de la CDHDF dijo que en torno a la resolución dada a conocer ayer, serán los jueces quienes tengan que rendir cuentas "para explicar el contenido y el sentido de su resolución".

 
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