Usted está aquí: miércoles 10 de agosto de 2005 Política A mayor sufrimiento, mayor indemnización

Determina PGR montos en casos de mujeres asesinadas

A mayor sufrimiento, mayor indemnización

La propuesta figura en un manual para resarcir los daños

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Ampliar la imagen Los actos en memoria de las mujeres asesinadas en Ciudad Ju�z son otro testimonio de la tragedia que azota a la sociedad de esa regi�ronteriza. La imagen, de noviembre de 2001 FOTO J. Guadalupe P�z Foto: J. Guadalupe P�z

El gobierno del presidente Vicente Fox entregará un mayor "auxilio económico" a los familiares de las mujeres que, víctimas de homicidio, hayan padecido durante el hecho "daño físico o mental, incluido, el dolor, el sufrimiento y la angustia grave". El monto del apoyo en esos casos será de 273 mil 312 pesos, con objeto de resarcir el daño que provocó la muerte de una persona.

Tal decisión tuvo origen en el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidios de Mujeres en el Municipio de Ciudad Juárez, creado por la PGR el 29 de junio pasado, el cual es integrado exclusivamente por funcionarios de esa dependencia.

Ante la incapacidad de las autoridades de los gobiernos de Chihuahua y federal para concluir con éxito las indagatorias sobre los homicidios de mujeres, y la consecuente captura de los responsables, la PGR constituyó con aval del Presidente el consejo y le otorgó 61 millones 900 mil 612 pesos para repartirlos entre familiares de las víctimas.

El manual, elaborado por la PGR, cuya copia se encuentra en este diario después de haber sido entregada por una de las diputadas que integran la Comisión Especial de Feminicidios en la República Mexicana, establece que el auxilio económico se otorgará a los familiares cuando: "El homicidio se haya cometido dolosamente; si hubiese presentado características o patrones conductuales similares que hayan implicado daño físico o mental, incluido el dolor, el sufrimiento y la angustia grave, y hubieran sido producto de violencia social o intrafamiliar vinculada a razones de género".

Con esos criterios, el consejo asesor, encabezado por el subprocurador Mario Alvarez Ledezma y cuyos consejeros son Gilberto Higuera Bernal, José Luis Santiago Vasconcelos, Angel Buendía Buendía, Cecilia Barra y Gómez Ortigosa, elaboró una serie de lineamientos para calificar la gravedad de las conductas cometidas durante el homicidio, y las sentencias de jueces que no castigan por igual a los delincuentes que hayan cometido homicidios agravados, simples o culposos.

La lógica del consejo para entregar los recursos citados es la siguiente: "De establecerse el mismo monto de auxilio económico para todos los casos de homicidios de mujeres, el trabajo del consejo asesor puede circunscribirse a realizar una operación aritmética que consista en dividir el monto del fondo disponible entre el número de homicidios, o en su caso asignar a todos la misma cantidad base que resulte de la cuantificación establecida en la ley, con independencia de la capacidad del fondo".

Para justificar dicha operación aritmética, los funcionarios de la PGR recurrieron al artículo 1915 del Código Civil Federal y determinaron el monto del auxilio económico. En dicho ordenamiento se indica que la reparación del daño debe consistir, a elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior cuando sea posible o en el pago de perjuicios. "Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total, temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará con base en la Ley Federal del Trabajo.

"Una vez que el consejo asesor recurrió a esa herramienta legal, determinó que el monto del auxilio a familiares de cada víctima de homicidio doloso será de 136 mil 656 pesos, cantidad que se obtiene multiplicando el salario mínimo vigente al área geográfica A, que incluye Ciudad Juárez, Chihuahua, y a su vez la cantidad que resulte se multiplicará por 730 días de salario mínimo, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, con el resultado de los 136 mil 656 pesos."

De "especial gravedad", los casos con móvil sexual

El intento de resarcir la vida de una persona, por lo menos en el ámbito económico, se queda corto, y se añade un nuevo criterio que pretende entregar mayores recursos a los familiares a costa de comprobar mayor sufrimiento de las víctimas:

"El monto de auxilio económico a familiares de las víctimas -señala el documento de la PGR- de homicidio que hubiesen presentado características o patrones conductuales similares que hayan implicado daño físico o mental, incluido el dolor, el sufrimiento y la angustia grave, aumentarán tanto más respecto de la cantidad que resulte de la fórmula estipulada en el punto que antecede para hacer un total de 273 mil 312 pesos".

El manual de cobertura establece que los homicidios en agravio de mujeres identificados como de móvil sexual son de especial gravedad, en razón de que vulneran su autonomía moral y su dignidad como personas. La conducta delictiva sexual desplegada por el sujeto activo contra la voluntad de la víctima implica mayor sufrimiento y angustia para ésta.

"Sufrimientos y angustias que deben ser tomados en cuenta para buscar la mayor compensación posible en beneficio de sus familiares, quienes han padecido hasta la fecha los efectos del delito."

Sobre el particular, la diputada perredista Beatriz Mojica informó que la mesa directiva de la comisión de feminicidios decidió retirarse del consejo asesor porque no tiene capacidad de decisión, y los funcionarios de la PGR actúan sin tomar en cuenta ninguna otra opinión.

Recordó que en la reunión con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, celebrada anteayer, éste se comprometió a incrementar las atribuciones de la comisionada federal para investigar los homicidios de Ciudad Juárez no sólo en el ámbito de esa ciudad, sino en todo el territorio nacional, y especialmente en las 11 entidades donde hay mayor número de agresiones contra mujeres.

El funcionario también se comprometió a entregar a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados información oficial en torno al rumbo de las investigaciones que realizan las autoridades federales.

 
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