Usted está aquí: miércoles 24 de agosto de 2005 Política Impide juez el traslado de penal de implicados en el caso Enrique Salinas

Además recomienda extremar las medidas de seguridad para los dos agentes de la AFI

Impide juez el traslado de penal de implicados en el caso Enrique Salinas

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Un juez federal impidió el traslado de los elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) José de Jesús Medellín Simental y Eduardo Paredes Monroy, del penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, estado de México, al Reclusorio Preventivo Norte del Distrito Federal, y ordenó a las autoridades mexiquenses que extremen las medidas de vigilancia y seguridad para ambos inculpados, quienes argumentan haber recibido "malos tratos, amagos de incomunicación, tormentos, hostigamiento permanente, así como presión física y moral".

Los dos agentes federales están sujetos a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de extorsión cometido en perjuicio de Enrique Salinas de Gortari, y aunque el juicio será resuelto por el juzgado segundo de distrito con sede en el Distrito Federal, los agentes solicitaron un amparo y obtuvieron una "suspensión de plano", que les garantiza su permanencia en ese centro penitenciario.

El juez quinto de distrito B de amparo, Jacinto Figueroa Salmorán, dentro del expediente 1930/2005, determinó admitir para su estudio la demanda de garantías presentada por los abogados de Medellín y Paredes, en la cual solicitaron que "cesen" los "actos degradantes" que supuestamente han cometido en su contra custodios y autoridades de dicho penal.

Además, ambos quejosos presentaron otra demanda de amparo, ante el mismo juzgado, en contra del auto de formal prisión que dictó en su contra el juzgado quinto de distrito con sede en Tlanepantla, cuyo caso pasó a la jurisdicción federal y se encuentra en manos del juez segundo de distrito del Reclusorio Norte, César Flores Rodríguez.

Por medio del amparo, ambos policías federales buscan que sea cancelada la imputación por tentativa de extorsión que les fincó la Procuraduría General de Justicia del estado de México.

Respecto al primer caso, en su demanda los inculpados expresaron su temor a perder la vida, y responsabilizaron de cualquier situación que les suceda a las autoridades encargadas de reclusorios en el estado de México y en el Distrito Federal.

En su documento, al que tuvo acceso La Jornada, indicaron: "Antes de ser detenidos e internados en el penal de Barrientos nos desempeñábamos como agentes C de la AFI. En el interior de ese centro penitenciario hemos recibido malos tratos, amagos de incomunicación, tormentos y hemos sido hostigados física y moralmente; ahora que se sabe que seremos trasladados al Reclusorio Norte hemos recibidos amenazas de la siguiente manera: 'por ser afis ya recibirán el tratamiento que se merecen, si es que alcanzan a llegar con vida'".

 
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