Usted está aquí: viernes 23 de septiembre de 2005 Política Alertan en San Lázaro sobre plan para postergar, no derogar, la reforma al ISR

Diputados del PRD atribuyen al panista Enrique Madero la autoría del proyecto

Alertan en San Lázaro sobre plan para postergar, no derogar, la reforma al ISR

ROBERTO GARDUÑO, PATRICIA MUÑOZ Y CIRO PEREZ

Pese al compromiso del presidente Vicente Fox Quesada de no gravar las prestaciones sociales de los trabajadores, se pretende imponer la tentativa del titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Enrique Madero, para que la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) no se derogue, sino que sólo se posponga un año y que entre en vigor el primero de enero de 2007.

Así lo denunciaron los perredistas Miguel Alonso Raya y Alfonso Ramírez Cuéllar. En tanto, Mariano Palacios Alcocer, el nuevo dirigente nacional del PRI, aseguró que la bancada del tricolor presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para derogar esta reforma fiscal y impedir a toda costa que se apliquen impuestos a las prestaciones de los trabajadores a partir del próximo primero de enero.

Planteó que los priístas están convencidos de que sería un grave error elevar la carga tributaria de los trabajadores y que los legisladores de este partido ya tienen listo el proyecto para echar abajo la reforma al ISR y someter su proyecto a discusión en la cámara.

A su vez, los perredistas informaron que el miércoles por la noche, en la residencia oficial de Los Pinos, el Ejecutivo federal se reunió con dirigentes sindicales, legisladores y empresarios, a quienes aseguró que no habrá gravámenes extras a las prestaciones que perciben los trabajadores.

De dicho encuentro resultó que las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados se manifestaran ayer en contra del gravamen aprobado por el Senado de la República, que afectaría directamente al salario de los trabajadores en 10 por ciento, aproximadamente.

Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, propuso formular otra alternativa más equitativa y que afecte otros renglones no cubiertos por la reforma fiscal, como el contrabando y la economía informal, "que desafortunadamente ha crecido y no da oportunidad de mayor financiamiento del Estado".

No obstante que ya se ha elaborado un dictamen para rechazar directamente el gravamen a las prestaciones de los trabajadores, el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Enrique Madero, aún pretende modificar el artículo transitorio que daría vigencia a dicha norma a partir del primero de enero de 2006, aplazándola un año. El legislador, por tanto, no prevé la desaparición de la carga impositiva impuesta a los empleados del país.

En respuesta, Miguel Alonso Raya, diputado perredista, insistió en que la Comisión del Trabajo ya decidió por mayoría, incluidos los panistas, desechar el gravamen.

"Estamos preocupados porque Enrique Madero, presidente de la Comisión de Hacienda, insiste en modificar simplemente el artículo transitorio para que entre en vigor hasta 2007. Esa postura se contrapone con el consenso que se ha venido alcanzando, porque una medida de esa naturaleza no tiene ninguna viabilidad y sí perjudica los intereses de la clase trabajadora".

Ambos representantes perredistas anunciaron que la pretendida aplicación del ISR a las prestaciones sociales será rechazada absolutamente por la mayoría de los grupos parlamentarios de San Lázaro. Sostuvieron que es inviable esta medida y que los sectores más afectados sería el rango de trabajadores que ganan entre 10 y 27 salarios mínimos.

Por otra parte, en una reunión celebrada en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el líder nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, planteó que la bancada priísta en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para derogar la reforma al Impuesto sobre la Renta (ISR). Dijo que los legisladores de esta bancada están convencidos de que sería un error y una injusticia elevar la carga tributaria de los trabajadores.

En el mismo sentido, Gamboa Pascoe sostuvo que dar marcha atrás a la pretensión de gravar las prestaciones representa el "más elemental acto de justicia para los trabajadores, los cuales están siendo objeto de muy modestos y reducidos incrementos salariales, y no es lógico que se quiera ahora afectar sus prestaciones, cuando es la única vía de compensar un poco sus magros salarios".

 
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