El proyecto de resolución sobre el Pemexgate también favorece a Carlos Almada
Propone juez amparar a Montemayor
Jorge Cárdenas, Alonso Bretón y Joel Hortiales, entre los eventuales beneficiados
El Pemexgate, uno de los casos de corrupción electoral que salió a la luz pública a principios del gobierno foxista, concluirá este viernes de manera parcial, en caso de que tres magistrados del décimo tribunal colegiado en materia penal con sede en el Distrito Federal aprueben tres dictámenes que proponen otorgar igual número de amparos a varios implicados.
Los proyectos de resolución elaborados por el magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz plantean conceder la protección de la justicia federal a Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex); a Carlos Almada López, quien fuera vocero del ex presidente Ernesto Zedillo, y a Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón y Joel Hortiales, ex funcionarios del PRI.
La Procuraduría General de la República (PGR) les imputó a los cinco peculado electoral -considerado grave y sin derecho a fianza-, derivado del presunto desvío de más de mil millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero en el año 2000, de los que 500 millones se entregaron en efectivo a funcionarios del PRI para apoyar la campaña del entonces candidato presidencial Francisco Labastida.
Los más beneficiados, en caso de que el magistrado ponente convenza a sus dos compañeros del tribunal federal sobre amparar a los quejosos, serían los ex funcionarios priístas -entre ellos Almada, quien se desempeñaba en 2000 como secretario de Elecciones del CEN del tricolor-, ya que la autoridad ministerial sólo les fincó el delito electoral.
En cambio, Montemayor aún deberá esperar a saber si el mismo tribunal le concede otro amparo que solicitó contra el cargo de peculado, ya que él, a diferencia de los otros, era servidor público en el año en que ocurrió el presunto desvío.
Los únicos que han quedado sujetos a proceso penal son el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps y el ex director corporativo de Administración de Pemex Manuel Gomezperalta Damirón.
Los ex funcionarios de Pemex que no han podido ser ubicados y detenidos por la PGR son: Juan José Domene Berlanga, ex director corporativo de Finanzas; Carlos Fermín Juaristi Septién, ex director corporativo de Administración; Julio Pindter González, ex subdirector corporativo de Relaciones Laborales, y José Alberto Gheno, ex gerente corporativo de Control Presupuestal.
Estos últimos están a la espera de que se resuelvan diversos litigios en tribunales federales, a los que solicitaron amparos contra las respectivas órdenes de aprehensión. A estos ex servidores públicos se les imputa el delito electoral, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido del servicio público.
En caso de que el décimo tribunal conceda hoy los tres amparos por peculado comicial, todos los implicados en el caso Pemexgate se verán beneficiados con el precedente jurídico.
Sin embargo, fuentes judiciales cercanas al caso consideraron que el único delito en que se sostendría a partir de hoy el Pemexgate será peculado, aunque afectará en distintas formas a los inculpados, dependiendo de los cargos que ocupaba cada uno de ellos en la paraestatal.
La sesión en que se definirá una parte fundamental del Pemexgate está programada para este viernes. Sin embargo, no existe una ley que obligue a los magistrados a concluir el mismo día el estudio de las demandas de garantías que plantean la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión librada por el juzgado 13 de distrito del Reclusorio Sur contra los cinco inculpados.
Si lo consideran conveniente, los juzgadores podrían postergar la conclusión del estudio de las demandas o resolver primero una de ellas. Las de Montemayor, Almada y los tres ex funcionarios priístas fueron planteadas en juicios separados.
Los informantes revelaron que parte del dictamen plantea conceder la protección de la justicia federal contra el peculado electoral al ex director de Pemex, al ex vocero presidencial y a los tres ex funcionarios del Partido Revolucionario Institucional.
No obstante, el proyecto no es definitivo y puede ser modificado hoy parcial o totalmente, si así lo consideran los impartidores de justicia.