No hay fecha para dictaminar sobre la resolución del Congreso de Morelos

Falla la SCJN a favor de Estrada Cajigal; seguirá en la gubernatura

Coinciden los ministros en que los legisladores ''se excedieron''

Si los magistrados locales resuelven en su contra puede interponer otra controversia para terminar su mandato

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer a favor del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, al invalidar la decisión del Congreso de esa entidad de retirarlo del cargo. Así, el Ejecutivo estatal seguirá en funciones hasta que el Tribunal de Superior de Justicia del Estado resuelva en definitiva sobre su responsabilidad por omisión y violación reiterada de la Constitución local.

Aunque la sentencia destrabó el asunto para que el tribunal de sentencia integrado por magistrados locales conozca este caso, no hay fecha para que se dictamine sobre la resolución de los legisladores locales, quienes el 24 de octubre pasado aprobaron el decreto para enjuiciar al gobernador panista, quien podría ser destituido e inhabilitado en caso de encontrársele culpable.

Ministros consultados aceptaron que, si bien la resolución podría ser definitiva, en caso de que la sentencia de los magistrados de Morelos sea adversa a Estrada éste puede interponer otra controversia constitucional que le permitiría al menos concluir su mandato, en 2006.

Por mayoría de siete votos, el pleno resolvió la controversia constitucional interpuesta por Estrada en contra del decreto aprobado por el Congreso de Morelos que dio origen al juicio político, el cual incluía la separación del cargo.

El argumento para darle la razón al funcionario fue que los legisladores se excedieron en sus atribuciones al estipular, en el articulo tercero transitorio, que una vez separado de su puesto el Congreso designaría al gobernador sustituto sin esperar a que se constituyera el tribunal de sentencia y éste dictaminara si el funcionario era responsable.

Aun cuando la legislación local fija 30 días para que los magistrados morelenses resuelvan, el consejero jurídico del gobierno de Morelos, Edgardo Gómez Pineda, dijo que no había plazo para que se iniciara el proceso contra el mandatario estatal, a lo que habrá de sumar los días que tarden el engrose del expediente y la integración de los votos particulares anunciados.

La mayoría del pleno ignoró la propuesta de los ministros Juan Díaz Romero, Genaro Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza de eliminar del decreto impugnado lo relativo a la sustitución del mandatario estatal, en el entendido de que Estrada Cajigal fue suspendido de sus funciones hasta que se resolviera el juicio político. Para los magistrados resultaba evidente que la suspensión del cargo era una ''medida precautoria'' para garantizar la imparcialidad en el proceso.

Tampoco se tomaron en cuenta advertencias como la de Góngora de que, al mantenerse en el poder, Estrada podría presionar a su favor porque ''todo el entorno gubernamental le pertenece'', además de que estaría en condiciones de influir en los magistrados que lo juzgarán, pues participó en su nombramiento.

Después de varios intentos, los ministros que apoyaron a Estrada consiguieron los votos suficientes para que se mantuviera en su encargo.

El primero en hacerlo fue el ministro ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien trató de introducir la discusión sobre la presunta inconstitucionalidad del artículo 138 de la Ley Orgánica del Congreso y el 16 de la Ley de Servidores Públicos de Morelos, que se referían a la separación del cargo del gobernador en caso de juicio político. Para no errarle, propuso que antes de resolver este asunto el pleno resolviera una queja en contra de la suspensión otorgada por él a Estrada, lo que al menos habría retrasado la decisión del pleno.

Ambas iniciativas fueron rechazadas, pero después tomó la batuta el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien dijo que la Constitución federal no prevé que un funcionario sea suspendido del cargo, por lo que el acuerdo de los legisladores era inconstitucional, además de que no podía considerarse como una medida precautoria.

A este argumento se sumó Azuela, quien sostuvo con vehemencia que un funcionario democráticamente electo no podía ser suspendido sin que hubiera una sentencia judicial que lo ordenara.

En el salón de sesiones se comentó que tal defensa de la legalidad no se escuchó cuando la Corte conoció los recursos en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, y que aunque se trataba de un juicio de procedencia para que fuera juzgado, el fondo del problema era el mismo, porque se le retiró del puesto sin haber sentencia de por medio.

Aunque los ministros coincidieron en que el Congreso de Morelos se excedió en sus funciones al prever el nombramiento del sustituto de Estrada, la diferencia fue que para la minoría era fundamental respetar la decisión de los legisladores, que encontraron razones suficientes para llevar a juicio político al mandatario local. Sin embargo, la mayoría determinó que dicho exceso era suficiente para dejar sin efecto una resolución que comenzó a tomar forma cuando los diputados resolvieron iniciar el procedimiento en contra de Estrada, el cual se ratificó el 24 de octubre pasado con el acuerdo, cuya parte medular quedó ayer sin efecto.