Usted está aquí: miércoles 5 de octubre de 2005 Política Modifican los diputados dictamen que da autonomía presupuestaria al INEGI

Ceden al Senado la ratificación de los miembros de la junta de gobierno del organismo

Modifican los diputados dictamen que da autonomía presupuestaria al INEGI

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, el dictamen del Senado con reformas a los artículos 26 y 73 de la Constitución para dar autonomía de gestión y presupuestaria al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) -que, actualmente depende de la Secretaría de Hacienda- y, en un hecho inédito, las bancadas de PRI y PAN rechazaron otorgar a los diputados, y no a los senadores, la facultad de ratificar a los integrantes de la junta de gobierno del organismo.

Asimismo, la mesa directiva de la Cámara incluyó únicamente en primera lectura el dictamen de las comisiones de Hacienda y del Trabajo para derogar la aplicación del impuesto sobre la renta a las prestaciones laborales, por lo que su votación en el pleno será hasta mañana jueves.

El debate sobre este tema se ha pospuesto dos ocasiones; el jueves de la semana pasada el dictamen se publicó en la Gaceta Parlamentaria y estaba incluido en el orden del día, pero no se abordó debido a que la comparecencia del Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se prolongó.

Durante la sesión, la mayoría priísta y panista aprobó las reformas para dar autonomía al INEGI, y se aprobó dividir en dos apartados el artículo 26 constitucional para establecer que "el Estado contará con un sistema nacional de información, estadística y geografía, cuyos datos serán considerados oficiales" y serán de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

El dictamen modificado -que será devuelto al Senado- define que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema de información estará a cargo del nuevo organismo autónomo y define que éste será conducido por una junta de gobierno de cinco integrantes, uno de los cuales será designado por el Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, durante los recesos de ambas cámaras, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Durante el debate, el coordinador del PRD, Pablo Gómez Alvarez, propuso modificar el dictamen, para definir en la Constitución la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para la ratificación de la junta de gobierno del INEGI, y no asignar esa prerrogativa al Senado.

El presidente en turno de la mesa directiva, Francisco Arroyo Vieyra, sometió a votación la propuesta de Gómez Alvarez, y el diputado Marcos Morales Torres, del PRD, declaró una mayoría a favor de la modificación. Sin embargo, el priísta Wintilo Vega Murillo objetó el resultado con el argumento de que "no había mayoría para aceptar" la iniciativa perredista.

No obstante, Gómez resaltó ante el pleno que el propio Vega había votado en favor del cambio en la redacción del documento, y el priísta Arroyo Vieyra -paisano de Vega- ordenó repetir la votación. Como aprendiz de director de orquesta, Wintilo Vega levantaba los brazos para conminar a priístas y panistas a rechazar la modificación.

Después las bancadas rechazaron una propuesta del PRD para que no se incluyera en la reforma la disposición, establecida en el artículo tercero transitorio del proyecto de decreto, para que los trabajadores del INEGI sean considerados parte del apartado B del artículo 26 constitucional.

La contradicción evidente entre la autonomía del instituto y la sujeción de sus trabajadores a un régimen de relaciones laborales establecido para los empleados del gobierno federal, de la que hablaron los diputados Francisco Carrillo Soberón, Agustín Rodríguez y Emilio Serrano, no fue atendida por PRI y PAN, que una vez más votaron en una misma línea en contra.

Los legisladores del PRD expresaron que mantener a los trabajadores del INEGI bajo la férula del apartado B sería como avalar la presión ejercida desde la dirección del instituto contra los líderes del sindicato, y advirtieron que esa disposición constitucional es un elemento de discriminación laboral y mantiene a la clase obrera "bajo el yugo de los dirigentes charros".

Por otra parte, el secretario general del sindicato del IMSS, Roberto Vega, afirmó que los trabajadores de esa institución no mantienen una posición de "ni un paso atrás" en la revisión del contrato colectivo de trabajo, por lo que se espera resolver por la vía del diálogo el diferendo sobre la contratación de nuevo personal, por lo que no habría necesidad de "llegar al escenario, al que nos querían llevar", de un paro de actividades.

 
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