Número 111 | Jueves 6 de octubre de 2005
Director fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Directora general: CARMEN LIRA SAADE
Director: Alejandro Brito Lemus

Estratégias erráticas
Presupuesto 2006 para VIH/sida

La atención integral del VIH/sida, un asunto de salud pública soslayado por años, poco a poco deja de ser un problema de dinero, al menos en los documentos y presupuestos. En la realidad, no existe coordinación entre las instituciones encargadas de establecer las políticas en la materia. El resultado: opacidad y manejo discrecional de los recursos.

 

Por Roció Sánchez
El VIH/sida es un problema de salud prioritario para el que se han diseñado estrategias de atención que pretenden ser integrales. La responsabilidad se comparte entre varias instituciones de salud, todas regidas por el Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (Censida), quien propone “los lineamientos y los procedimientos técnicos para la organización, programación y presupuestación” en materia de combate a la epidemia; la atención médica directa a personas con el virus es cubierta por las instituciones de seguridad social y los servicios de salud locales y nacionales. Esta estructura, funcional en los documentos, se resquebraja al momento de manejar el presupuesto destinado a la materia: la discrecionalidad y el reparto desigual son constantes.
Los Institutos Nacionales de Salud, como ciertos hospitales, tienen una importante participación en la atención del VIH y las complicaciones de salud relacionadas, por lo que desde 2004 se decidió destinarles un porcentaje del presupuesto específico para combatir la epidemia.

Sin embargo, y a pesar de que atienden a más de mil personas seropositivas sin seguridad social, el porcentaje de recursos etiquetados para VIH recibido por esas instituciones de salud se mantuvo prácticamente igual durante 2004 y 2005. No sólo eso, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2006 se redujo drásticamente. Mientras en 2004 se les otorgó, en conjunto, más de 67 millones de pesos (16 por ciento de los recursos destinados a VIH), en 2006 se propone que se les otorgue 34 millones: sólo cinco por ciento de los recursos totales de combate a la epidemia.
Aunado a esto, las instituciones que han recibido recursos para VIH han variado durante los últimos tres años, lo que hace pensar que la Secretaría de Salud no cuenta con criterios establecidos para definir dónde están las necesidades reales. Así, mientras en 2004 se dieron recursos a cuatro hospitales y cuatro institutos, en 2005 se eliminó del proyecto un hospital y se cambiaron dos institutos. Para 2006 sólo se propone dar dinero a dos hospitales y tres institutos.

Gasto sin control
Las instancias de salud pública que reciben presupuesto para VIH no sólo han variado durante los últimos tres años, sino que algunas han gastado esos recursos en áreas ajenas a la atención de la infección. De acuerdo con el documento Seguimiento y análisis del gasto público para la prevención y atención del VIH/sida, realizado por investigadores de la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, tres de las siete instituciones habían gastado, hasta el 30 de junio de 2005, ese presupuesto en mantenimiento, servicios bancarios, equipamiento, limpieza o servicio telefónico.

Una posible explicación a esa discrecionalidad puede estar en la forma en que la Cámara de Diputados modifica el presupuesto. El Poder Ejecutivo envía el PPEF para someterlo a consideración de los diputados. Durante los últimos años, con un presupuesto para VIH/sida claramente insuficiente, los diputados recortaron fondos para los institutos y hospitales para asignarlos a VIH. Una vez aprobado el Decreto de Presupuesto de Egresos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega el dinero a la Secretaría de Salud, quien a su vez otorga a cada instancia su presupuesto. Una vez que los recursos llegan al instituto u hospital, son utilizados en los rubros que mejor convenga a cada institución, pues no hay ninguna norma que obligue a respetar la etiqueta de VIH impuesta por el Legislativo.

En 2005, Hacienda entregó a Salud los recursos estipulados en el presupuesto como parte del rubro: Actividad Prioritaria R005 Impulsar la prevención y/o atención del VIH/sida en la población. Cuando el dinero llegó a las instituciones de salud, éstas lo mudaron a la partida 4000 Subsidios y transferencias, para terminar en los capítulos dedicados a gastos generales y de mantenimiento.

“La Secretaría de Hacienda considera ejercidos los recursos cuando los transfiere a las unidades responsables. Es decir, Hacienda no registra las reasignaciones a otros capítulos. Cuando las instituciones reportan el ejercicio de los recursos, entran dentro de la Actividad Prioritaria R005, aun cuando se hayan gastado en artículos de limpieza o cualquier otra partida”, acotan en su documento los investigadores de Fundar, Helena Hofbauer, Gabriel Lara y Alicia Athié.

Así, el Hospital Juárez de México, el Hospital General Manuel Gea González y el Instituto Nacional de Perinatología gastaron la mayor parte de su presupuesto para VIH en servicios bancarios, subcontratación, servicios de mantenimiento, teléfono, agua, luz, arrendamiento de maquinaria, vigilancia y lavandería, entre otros.

Distribución confusa
La falta de supervisión provoca que el presupuesto otorgado a instancias públicas de salud para atender el VIH/sida sea insuficiente. Los gastos de atención de la infección por VIH y sus enfermedades asociadas suelen ser muy altos. El dinero asignado no es congruente con las necesidades.

Por ejemplo, para 2005 no se otorgó dinero para VIH a los institutos de Enfermedades Respiratorias (INER) —aunque a mitad del año se le reasignaron recursos para la materia— y de Ciencias Médicas y Nutrición (INCMN). El primero tiene en su estructura al Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (Cieni), vanguardia en la investigación en VIH/sida en México. El INCMN, por su parte, es pionero en el tratamiento de la infección en nuestro país y su clínica de VIH atiende un promedio de 700 pacientes por año.

Aunque para 2006 se propone que se les entreguen seis millones de pesos a cada una de las instituciones (casi siete al INER), el doctor Juan Sierra, titular de la clínica de VIH del INCMN, en entrevista con Letra S, considera que es insuficiente. Calcula que este año, aún sin contar con un presupuesto específico, el INCMN gastó el equivalente a esos seis millones “para pagar pruebas de monitoreo de pacientes y adquirir algunos medicamentos difíciles de conseguir para enfermedades oportunistas”.

Al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCIC) le asignaron, en 2005, 12 millones de pesos, prácticamente el triple de lo otorgado en 2004. De sus recursos, según supo Fundar por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Federal (IFAI), gastaron poco más de dos millones hasta el 30 de junio, pero indicaron que aplicarán la totalidad en la adquisición de reactivos para detectar el VIH en las pruebas de sangre. Debido a que prevé atender a 13 mil 500 donantes este año, resultaría un costo —al parecer razonable, según Fundar— de 889 pesos por paciente. El PPEF 2006 no contempla recursos para esta institución.

Junto con el Hospital Juárez, el instituto que más recursos recibió en 2005 (13 millones de pesos) fue el de Neurología y Neurocirugía (INNN). Este es el único de los institutos que reporta tener un esquema que permite identificar a los pacientes que viven con VIH y presentan alteraciones neurológicas, con atención que incluye hospitalización, medicación, terapia física y orientación psicológica. No obstante, dijo atender sólo entre 35 y 40 pacientes por año, lo que daría como resultado un gasto de 325 mil pesos por paciente.

Trabajo sin recursos
Mientras algunas instituciones destinan su gasto en VIH en gastos operativos, los servicios de atención a personas con VIH/sida continúan trabajando al interior de los hospitales y los institutos, independientemente de la distribución esquemática de los presupuestos.

En el Instituto Nacional de Cancerología (INC), la Clínica de Cáncer y Sida lleva 15 años funcionando. Con un promedio de 200 pacientes al año y la mayor población de mujeres seropositivas entre los institutos, atiende una doble complicación: la infección por VIH y las formas de cáncer asociadas, como el linfoma no Hodgkin o el sarcoma de Kaposi. “En algunos de nuestros pacientes es necesario, además del tratamiento antirretroviral, dar quimioterapia, además que la mayoría de los nuevos usuarios llega con sida avanzado”, comenta Patricia Volkow, fundadora y directora de la clínica, en entrevista con Letra S. Pese a este trabajo, sumado a la investigación, el PPEF 2006 no contempla recursos para VIH para el INC.

El Hospital General Manuel Gea González alberga una Clínica de VIH/sida desde 1991 que atiende un promedio de 130 personas con VIH cada año. “Constantemente llegamos a tener dos o tres pacientes hospitalizados; si es un paciente neurológico o con complicaciones quirúrgicas puede estar internado por meses”, comenta Rodolfo Vick, director de la clínica.
Para 2006, se propone aumentarle el presupuesto a nueve millones, pero para el doctor Vick, cualquier gasto en VIH no será eficiente hasta que se tome en cuenta el problema de una manera integral. “Qué bueno que nada más fuera la enfermedad como tal, pero el paciente tiene tuberculosis, neuroinfección, hongos, toxoplasmosis”, que requieren otro tipo de atención.

Ambigüedad, común denominador
Los mecanismos de distribución de los recursos son confusos. Aun cuando las instituciones involucradas realizan un complejo trabajo en la atención del VIH y enfermedades oportunistas, el dinero que podrían aprovechar, etiquetado para ese fin, no siempre llega a los departamentos de infectología y las clínicas de VIH.

Más allá de demostrar que las asignaciones para VIH estipuladas en el Presupuesto de Egresos no llegan a las estructuras administrativas adecuadas, los datos evidencian que ni la Secretaría de Salud ni la de Hacienda mantienen un control sobre las áreas de su competencia. Mientras la primera carece de lineamientos claros para asignar el presupuesto de VIH y sugerir estrategias para su utilización, la segunda señala que no tiene la capacidad de decidir a dónde se dirigen los recursos que ella misma entrega.

Así, la eficiencia del gasto para atender la epidemia se ve mermada: los verdaderos esfuerzos por brindar una atención integral a quienes viven con VIH conviven con los criterios que creen más urgente realizar pagos de limpieza. Hasta ahora, ninguna dependencia controla la situación.


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Líneas cruzadas
Por primera vez en este sexenio, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) incluye los recursos considerados necesarios para cubrir la demanda de medicamentos antirretrovirales. Esto representa un cambio en la dinámica de los años anteriores, cuando las organizaciones civiles tuvieron que realizar un constante trabajo de cabildeo con los diputados para lograr aumentos suficientes del presupuesto. Así sucedió con el presupuesto de 2004, luego de la intervención de la sociedad civil, la Cámara de Diputados reasignó 300 millones de pesos para comprar antirretrovirales; 2004 fue anunciado por el gobierno federal como el año en que se logró la cobertura universal de medicamentos.

El PPEF para 2006 estipula casi 360 millones de pesos para la compra de medicamentos por parte de Censida, unos 60 millones más que el proyecto para 2005. Sin embargo, tanto la distribución del gasto como la rectoría de los fondos para VIH —al parecer compartida entre Censida y el Seguro Popular— sigue siendo poco transparente, lo que hace pensar que el ejercicio presupuestal, aunque más cercano a las necesidades reales, seguirá siendo insuficiente.

La reasignación de recursos a la que el presupuesto podría ser sometido en la Cámara de Diputados representa una oportunidad para conseguir que se distribuya mejor. Para la diputada Minerva Hernández, secretaria técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, entrevistada por Letra S, “la Cámara tiene la facultad de pedir a la Secretaría de Hacienda, y ésta a su vez a la Secretaría de Salud el desglose del presupuesto. Una vez que tengamos la información también tenemos la facultad de reorientar el gasto”, siempre con base en las necesidades y “diagnósticos que nos proporcionan personas especializadas en las áreas de salud”.

¿ Etiquetas o candados?
Las etiquetas presupuestales son la especificación de los rubros en que se deben emplear los recursos. En administraciones anteriores, aunque se había otorgado cierto presupuesto al Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida, antes de la creación del Censida), el dinero aparecía en el esquema como parte del rubro Atención médica, y la actividad definía “Llevar a acabo investigación científica y tecnológica” o “Administrar recursos humanos, materiales y financieros”. A partir de 2002, los proyectos de presupuesto ya especifican qué recursos se dirigen a “Promover atención integral de las personas con VIH/sida” o, como actualmente aparece, “Impulsar la prevención y/o atención del VIH/sida en la población”.

“Posiblemente haya más certidumbre en comparación con los años anteriores sobre a qué se están destinando los recursos. Eso al menos hace que el Censida tenga que entrar a los lineamientos que ahí están estipulados”, reflexiona Gabriel Lara, investigador del área de Presupuestos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, consultado por Letra S.

Aun así, el dinero etiquetado para VIH se utiliza principalmente en las pruebas de detección, la compra de condones (que bien podrían entrar en el rubro de planificación familiar) y, sobre todo, la compra de medicamentos anti VIH; pero estos rubros no se especifican en el desglose del presupuesto ni presentan restricción alguna para su reasignación.

En este punto podrían entrar los llamados candados, es decir, mecanismos que eviten que los recursos destinados a cierta necesidad sean modificados o reasignados. En este sentido, Lara opina que “si el VIH se considera un tema prioritario, como lo ha dicho en su discurso el gobierno mexicano, entonces debería agotarse hasta la última de las posibilidades, tanto en políticas como en recursos, para atenderlo de manera integral”.

Para ello, explicó, existe la posibilidad de asentar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, algún artículo en el que “se estipule que todo lo relacionado al programa de atención del VIH tiene carácter de prioritario y por lo tanto esos recursos tienen que ser respetados tal cual son aprobados”. Eso se hace con algunos programas de combate a la pobreza para que, en caso de recortes, sean los últimos en ser tocados; lo mismo pasa con los recursos de los excedentes petroleros”.

La posibilidad de los candados es remota mientras no se aclare el papel del Seguro Popular en la atención del VIH/sida. El Sistema de Protección Social en Salud, su nombre oficial, recibió 300 millones de pesos para VIH en 2005, y se prevé que para 2006 se le asignen 173 millones para prevención, además del dinero para cubrir el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (que cubre el gasto en varias enfermedades, además del VIH/sida). “Hay mucha ambigüedad sobre cómo y quién maneja este fondo, si es el área administrativa de la Secretaría de Salud o Censida”, señaló Lara.

“Desde nuestra óptica, debería ser Censida quien tenga la rectoría de estos recursos, porque son ellos los que coordinan todo lo relacionado con VIH, pero hasta ahora no ha habido explicación de quién, y bajo qué criterios, maneja estos recursos”. Este tipo de aspectos, añadió, generan incertidumbre debido a la falta de transparencia. Quizás el reto no sea decidir si se colocan candados o etiquetas en el presupuesto para VIH, sino lograr que la voluntad política y, sobre todo, la congruencia, complementen el discurso del gobierno federal, que dice considerar a la lucha contra el virus una actividad prioritaria, con un mejor y más transparente manejo de los recursos. (Rocío Sánchez)