"Los ataques no son obra de sujetos aislados; se cometen con la complicidad de funcionarios"

Defensores de derechos humanos, blanco de amenazas en México: AI

Con el "gobierno del cambio" las cosas siguen igual que en administraciones anteriores: Centro Pro

VICTOR BALLINAS

El acoso a los defensores de derechos humanos "es un problema grave en México", sostiene Amnistía Internacional (AI), y subraya que los abusos que sufren no son obra de algunos individuos aislados, "sino que se cometen con el consentimiento o la complicidad de gran número de funcionarios públicos".

AI sostiene que en estas agresiones contra defensores no hay responsabilidad de un solo organismo oficial, pues entre los responsables "hay autoridades federales y de los estados; funcionarios y elementos policiacos -de todas las corporaciones-, incluso militares, procuradores, personal médico y jueces".

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denuncia en su informe El derecho a defender los derechos humanos en 2005 que las ataques directos o indirectos contra los defensores de derechos humanos continuaron en el "gobierno del cambio", ya que tan sólo este año se documentaron 62 casos.

Las embestidas contra defensores de derechos humanos este año fueron desde el hostigamiento, robo de oficinas, amenazas de muerte, homicidios, creación de delitos, vigilancia, desalojos de manifestaciones, censura para difundir información relativa a derechos específicos, atentados y detenciones arbitrarias, hasta el robo cibernético de recursos económicos o la cancelación arbitraria de cuentas bancarias, así como el descrédito de las organizaciones civiles, sostiene el Centro Pro.

"Una y otra vez"

Amnistía Internacional, en su informe Se atreven a alzar la voz, de 2001, denuncia que tanto los gobiernos -priístas- del pasado, como el del cambio, del presidente Vicente Fox Quesada, han sido incapaces para hacer respetar los derechos humanos de los defensores. "Una y otra vez las autoridades han dejado de proteger a los defensores al no cumplir las normas del debido proceso y la diligencia debida en las investigaciones.

Subraya que "los peor es que las procuradurías generales han consentido con otras autoridades en presentar cargos de motivación política contra activistas de los derechos humanos", además de que la inacción de las autoridades, tanto de las anteriores como de las actuales, a la hora de dar respuesta eficaz al acoso a los defensores y a la utilización del aparato judicial para perseguirlo, ha propiciado ataques contra ellos desde todos los ámbitos de las instituciones oficiales.

En su informe 2005, AI destaca que se continuó abusando del sistema judicial, particularmente en el ámbito de los estados. La falta de imparcialidad de la judicatura y de las procuradurías de justicia tuvo como resultado "procesamientos maliciosos y procedimientos judiciales injustos".

En ese mismo informe 2005, el organismo internacional señala que los defensores de derechos humanos en México continuaron siendo blanco de amenazas, intimidación y campañas de difamación. Sostiene que "en dos estados en los que las comisiones estatales de derechos humanos denunciaron violaciones a estos derechos, fueron acosados por las autoridades locales y destituidos".

A su vez, el Centro Pro documentó en su informe El derecho a defender los derechos humanos que este año el primer lugar en agresiones y ataques contra defensores y defensoras lo ocupó Oaxaca, con 14 casos; el segundo sitio, Chiapas, con 13; el tercero, el Distrito Federal, con nueve, y el cuarto Guerrero, con siete.

En Oaxaca, sostiene el Centro Pro, las embestidas contra defensores fueron desde detenciones de dirigentes, indígenas y miembros de organizaciones sociales, hasta desalojos, golpes, detenciones ilegales, campañas de desprestigio y la agresión a la directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

Luego de analizar las embestidas contra defensores en este año, el Centro Pro destaca que no queda duda de que "el gobierno oaxaqueño del priísta Ulises Ruiz ha perpetuado la represión de los gobiernos anteriores contra sectores movilizados por la defensa de sus derechos y a las organizaciones que explícitamente se dedican a la defensa de los derechos humanos".

Por lo que respecta a Chiapas, en el informe del Centro Pro se resalta el asesinato del dirigente indígena de la Organización Casa del Pueblo, Manuel Hidalgo Espinoza, así como las labores de espionaje electrónico, intento de homicidio e intimidación.

Por primera vez, se revela la intervención de nuevos actores y medios para la obstrucción de la labor de la defensa de derechos humanos, en una combinación de elementos que aparentemente están vinculados con la tecnología y sus modalidades para la comisión de delitos, como el robo y espionaje electrónico al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En el caso del Distrito Federal, el Centro Pro acusa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de obstrucción, "al intentar realizar una certificación de organizaciones no gubernamentales (ONG), al haber designado a Máximo Carvajal como cuarto visitador general de la CNDH, cuando a ese funcionario se le vincula con porros de la UNAM, y quien ante las presiones de las organizaciones civiles renunció a ese cargo".

Otras agresiones en el Distrito Federal, resalta el Centro Pro, fueron las amenazas de muerte al abogado Leonel Rivero, a quien el gobierno mexicano retiró unilateralmente las medidas de protección. Asimismo, hubo una campaña de difamación, intimidación y agresiones en contra de Diana Martínez Dueñas, quien demanda la presentación de su hermano desaparecido el 30 de junio de 2001.