Ofrece la CNDH vigilar que el crimen no quede impune
El asesinato del migrante Guillermo Martínez Rodríguez en Tijuana a manos de un integrante de la Border Patrol, además de violar los derechos humanos, puede ser constitutivo de otras responsabilidades criminales, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, el organismo sostuvo que la violencia contra migrantes por los elementos policiacos, así como a cometidas por los integrantes del proyecto Minuteman, "deben ser investigados a fondo hasta su completo esclarecimiento, pues pueden ser indicativos de que las autoridades de Estados Unidos están siendo rebasadas por la violencia de sus elementos policiacos".
La comisión deploró la forma "discrecional" con la que actuaron los policías estadunidenses que dispararon por la espalda a Guillermo, quien con su hermano Agustín, intentó cruzar el pasado 30 de diciembre la frontera por cañón Zapata de Tijuana.
Ante estos hechos la CNDH demandó a las autoridades mexicanas "agotar las vías diplomáticas y legales a su alcance" para el esclarecimiento del asesinato.
En un comunicado, el organismo subrayó que "la migración y la gestión de los problemas asociados a un fenómeno de alta complejidad social y económica, como el migratorio, requieren de acuerdos y negociaciones entre autoridades y gobiernos, no de tolerancia a las acciones ilegales de servidores públicos que tienden a polarizar la frontera y ponen en riesgo la seguridad de las personas".
Reiteró que la manera de actuar de los elementos de la Patrulla Fronteriza implica una violación a los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales, incluidos los que el gobierno estadunidense ha suscrito.
Tras lamentar el fallecimiento de Martínez Rodríguez, la CNDH se comprometió a vigilar la actuación de las autoridades mexicanas "para que no quede impune el homicidio". De igual forma dará seguimiento a las pesquisas del asesinato iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Baja California, las cuales serán turnadas a la Procuraduría General de la República, por ser la autoridad competente para conocer de estos hechos.
Emir Olivares Alonso