Usted está aquí: martes 17 de enero de 2006 Política Evidencia de excesos contra Cacho en Puebla: Gobernación

Obviamente no apoyamos esa conducta: subsecretario

Evidencia de excesos contra Cacho en Puebla: Gobernación

La dependencia dice que fijará una posición al respecto

VICTOR BALLINAS Y DAVID CARRIZALES REPORTERO Y CORRESPONSAL

En el caso del proceso que se ha iniciado contra la periodista Lydia Cacho hay evidencia de que ha habido excesos en el tratamiento que se le ha dado, sostuvo el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Enrique Aranda Pedroza, al referirse a la actuación del gobierno del estado de Puebla.

En Monterrey, Alicia Leal Puerta, fundadora de la asociación civil Alternativas Pacíficas y quien asesoró a Cacho Ribeiro -acusada de difamación por destapar una red de prostitución infantil- para la apertura de un centro de apoyo a víctimas de violencia familiar en Quintana Roo, consideró que por ejercer plenamente la ciudadanía y su profesión, la periodista se ha convertido en una víctima más de los abusos del poder y del envilecimiento del aparato de justicia.

El subsecretario Enrique Aranda Pedroza señaló que "obviamente no hay ningún apoyo a una conducta como la que se asumió, que es ésta del traslado que se ha venido denunciando y que obviamente reprobamos", agregó el funcionario.

Indicó que desde un principio, cuando se conoció del traslado de Cacho desde Cancún, Quintana Roo, hasta la capital de Puebla, la Secretaría de Gobernación externó que, respetando la soberanía del estado, se trataría de evitar que pudieran ser violados los derechos de la periodista.

Aranda señaló que en cuanto exista una resolución preliminar en torno al caso, como se espera suceda en los próximos días, la Secretaría de Gobernación fijaría una posición específica sobre el caso.

-¿Con esto se demuestra que todavía existe un régimen autoritario?

-No creo que se demuestre en un solo caso. Creo que por lo menos sí hay evidencia de que hubo exceso. Lo que tenemos que hacer es darle el tiempo a la autoridad competente de que se pronuncie y, obviamente, tratar de que en esa sentencia o en esa acción por parte de la autoridad, queden a salvo los derechos de la periodista, al igual que los de cualquier otro ciudadano.

"Altos niveles de corrupción"

La fundadora de Alternativas Pacíficas expresó que el caso Cacho Ribeiro "es una manifestación más de la situación de injusticia e impunidad que prevalece en el país por los altos niveles de corrupción; cuando una persona actúa como corresponde, denunciando actos ilícitos que se deben conocer, se convierte en una víctima más de la violencia institucionalizada".

Por defender los derechos de las víctimas de la violencia, la prostitución y el tráfico de personas, Lydia Cacho sufre la persecución y el hostigamiento, activándose en su contra una maraña de intereses para reprimirla, desde el estado, el aparato de justicia y el poder económico, manifestó.

Recordó que conoció a Cacho Ribeiro en la ciudad de Mérida, Yucatán, durante un acto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La periodista, que trabajaba en Quintana Roo, tenía la idea de abrir un refugio para víctimas de violencia familiar, hecho que concretó en 2002, con asesoría de Alternativas Pacíficas, que tiene 10 años haciendo ese tipo de labor.

"Esto no es nuevo; cuando hay personas que trabajan en el servicio público o en el sector empresarial y están siendo acusadas de algún delito, inmediatamente se pone en marcha todo un mecanismo de protección, porque esta gente no está acostumbrada a ser molestada", expuso.

"Estoy apoyando a Lydia Cacho en lo personal porque es mi amiga y conozco el caso muy de cerca; entrevisté en su momento a una de las víctimas y puedo decir que no es la primera vez que Lydia ha sido amenazada", comentó.

A su vez, la coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos (Cadhac) de Nuevo León, Consuelo Morales Elizondo, consideró que el proceso legal que se sigue contra la periodista vulnera la libertad de expresión y obstruye la democratización del país.

Señaló que estos atropellos son muy graves porque atentan contra el derecho de la sociedad a ser informada, pero -dijo-- lamentablemente no estamos ante un caso aislado, sino ante una práctica común que es necesario detener, si no queremos que siga creciendo la impunidad.

Iniciativa en radio y tv

En otro orden de ideas, el subsecretario de Normatividad de Medios de Gobernación, comentó que la dependencia está a la espera de que el Senado de la República procese la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados en materia de radio y televisión. Dijo que, a juicio del gobierno federal, existen algunos puntos que se quisiera fueran añadidos, pero que por el momento todavía no es prudente especificar.

Preguntado sobre las posibles presiones para su aprobación por concesionarios, consideró que lo que hay son posturas de sectores. "Lo sabemos de sobra; radiodifusores independientes, que se llama esta asociación en la que se han congregado fundamentalmente tenedores de concesión de amplitud modulada, que están solicitando una atención especial. Algunas de las cadenas fuertes de la capital del país también lo están haciendo, pero más que presión es expresión de sus posturas para tratar de sacar esto adelante."

 
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