El ombudsman lee informe ante autoridades federales, capitalinas y legisladores
El combate foxista a la inseguridad, signo de ineficacia e incapacidad: Soberanes
Los programas de combate a la seguridad pública han fracasado durante los últimos 10 años porque no ha existido en el país una política de Estado contra la delincuencia, y las instituciones encargadas han dejado de cumplir con su tarea, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández. Precisó que en el gobierno del presidente Vicente Fox la lucha contra la inseguridad ha quedado en compromiso inconcluso, signo de ineficacia e incapacidad.
Al presentar el informe especial sobre El ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública en México, el ombudsman nacional resaltó que la falta de recursos no es argumento para no ofrecer resultados en seguridad pública, ya que en los últimos 11 años (1994-2005) los presupuestos federales aumentaron 50 veces, al pasar de 276 millones (1994) a 13 mil 451 millones de pesos (2005). Por ello "nadie en su sano juicio podría afirmar que la situación de inseguridad pública agravada de hoy se debe a una baja asignación presupuestaria".
Ante el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca; el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, y los presidentes de la Cámara de Diputados, Helidoro Díaz Escárraga, y del Senado de la República, Enrique Jackson, Soberanes Fernández destacó que la inseguridad en el país es alarmante debido a falta de coordinación de los tres niveles de gobierno y del Legislativo. Además, "ha hecho falta voluntad política".
En el informe se destaca que 85 por ciento de los mexicanos consideran que los delitos siguen igual o que aumentaron durante 2004, de acuerdo con la tercera Encuesta nacional sobre inseguridad 2005, realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad.
Soberanes hizo hincapié en que "son más los ciudadanos que creen que la inseguridad ha aumentado, contra los que piensan que se ha reducido. 54 por ciento de la población se siente insegura en su entidad, 40 por ciento en su municipio y más de la mitad de la población se siente insegura en el transporte público y en la calle".
Pese a las conferencias nacionales de procuración de justicia, no se han logrado reducciones verdaderas en el crecimiento galopante de la incidencia delictiva, y ante la magnitud de los desafíos que enfrenta el país "es deber fundamental de los gobernantes dar la cara y afrontarlos, pero sin la participación de la sociedad todos los esfuerzos serán estériles e ineficientes".
El ombudsman precisa en el informe de 74 páginas que de 2002 a los primeros ocho meses de 2005 se cometieron en el país 15 millones 713 mil 736 delitos, una media diaria de 11 mil 770. Sin embargo, en ese lapso sólo han sido denunciados ante el Ministerio Público 5 millones 185 mil 533 delitos, es decir, 33 por ciento; el resto se encuentra en la escala media estimada de delitos no denunciados, que suman 10 millones 528 mil 203.
Insistió en que la incidencia delictiva sigue siendo alarmante, aunque "las estadísticas oficiales ofrecen una imagen diversa" de ese fenómeno en el país. Hoy la cifras de delitos denunciados muestra "un descenso aparente, no muestran el problema en su total dimensión, ni la eficacia en las acciones gubernamentales para prevenirlo o combatirlo".
En la lectura del informe resumido, Soberanes citó que abatir el crecimiento inusitado de la delincuencia, reducir los altos índices de violencia, auspiciar que las víctimas del delito lo denuncien, combatir la impunidad y prevenir el delito son los grandes desafíos que enfrenta la sociedad.
Dijo que en esta administración la seguridad pública ha quedado como compromiso inconcluso, ya que sigue siendo una de las mayores preocupaciones del país, y la tendencia delictiva ha aumentado, con rasgos muy delicados en cuanto a los delitos que se presentan y la violencia con que se comenten. La existencia de planes y programas oficiales orientados a dotar a la sociedad de mayores niveles de seguridad han sido acciones ineficaces al no existir una política de Estado verdaderamente coordinada para prevenir el delito.
"Ni la vida, ni la seguridad, ni el patrimonio, que son derechos fundamentales, están siendo debidamente protegidos ante los crecientes alcances de la delincuencia", añadió. Resaltó que algunos de los aspectos que han agravado la situación son "la corrupción de funcionarios y políticos; el abuso de poder; el rezago en mandamientos judiciales; la complicidad y el encubrimiento de delincuentes desde las instituciones y el descuido de las cárceles y penitenciarías".
En el informe el ombudsman aseveró que, de acuerdo con el INEGI, entre 1980 y 2000 el número de presuntos delincuentes del fuero común aumentó 123 por ciento, mientras la población creció casi 50 por ciento; el número de presuntos delincuentes que infligen lesiones a sus víctimas ha aumentado 70 por ciento. El ombudsman refirió que la CNDH ha emitido en 15 años 166 recomendaciones vinculadas con este tema, y por ese motivo han sido sancionados mil 22 servidores públicos y sólo en 324 se logró el ejercicio de la acción penal.
Subrayó que durante los últimos seis años mucho se ha dicho sobre las estrategias de prevención del delito y combate a la corrupción y la impunidad; se han realizado reformas legales y cambios estructurales al sistema nacional de seguridad pública; se ha planificado la depuración y dignificación de los cuerpos policiacos. Sin embargo, no se conocen informes de sus resultados.
Anotó que el aumento paulatino del gasto en seguridad permite observar que las instituciones encargadas no tienen problemas de falta de presupuesto, pero es exigible un análisis y evaluación del destino de dichos recursos, ya que hay rezagos en los mapas delictivos a escala nacional y regional en la capacitación uniforme de elementos policiacos.
Soberanes presentó 16 propuestas para mejorar la seguridad pública nacional. Propuso, por ejemplo, que en el marco de las conferencias nacionales en la materia, así como de procuración de justicia, de prevención y readaptación social, se reactiven programas de trabajo sobre la prevención del delito, el combate a la corrupción e impunidad; que se informe a la ciudadanía puntualmente con datos estadísticos confiables el estado de las órdenes de investigación, presentación, aprehensión, reaprehensión y comparecencia, y que se reordenen las bases de datos de la PGR y de las procuradurías de justicia de los 31 estados y del Distrito Federal para detectar mandamientos judiciales para que se desahoguen.