Acuerdo de papel para blindar los programas sociales
La Comisión Nacional de Desarrollo Social -integrada por representantes de los tres niveles de gobierno, legisladores y delegados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)- aprobó un pronunciamiento en contra del uso partidista de los programas y recursos públicos en beneficio de los más pobres, aunque se negó a realizar, por mayoría de votos, un exhorto al Presidente de la República, a gobernadores y alcaldes para que, en la difusión o publicidad de estos esquemas, se abstengan de inducir el voto en favor de cualquier partido político o candidato.
Los principales opositores al punto propuesto por la senadora perredista Leticia Burgos fueron los secretarios de Estado Ana Teresa Aranda y Julio Frenk, porque -según explicó este último- desde diciembre se acordó dejar para después de que concluyera la tregua navideña, decretada por el Instituto Federal Electoral, la firma del documento y, por tanto, la discusión sobre su contenido ya estaba cerrada.
Este texto, aceptó el secretario de Salud, "no tiene fuerza jurídica. Es un exhorto y tiene valor político en el sentido de mostrar que todas las entidades federativas, las asociaciones de municipios, las instancias de gobierno federal que participamos en la comisión lo estamos suscribiendo". Además, agregó, "está muy claro que se habla de todos los funcionarios, abarca al Presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales y a los propios diputados y senadores".
En entrevista, adelantó, por otra parte, que el gabinete de desarrollo social bajo su presidencia suscribirá un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el propósito de que ese organismo identifique los "focos rojos" en cuanto a delitos electorales. No obstante, reconoció que aún faltan mecanismos que garanticen sanciones para quienes cometen esos actos ilícitos.
"Hay que estar conscientes de que tenemos un blindaje (y) está la forma ya espléndida en que el IFE organiza las elecciones. Es decir, el hecho de que hoy todos los mexicanos y mexicanas podemos estar seguros de que el voto es secreto, es la mejor manera de proteger a los ciudadanos de cualquier intento de presión o coacción. Lo que es necesario, sobre todo en las comunidades más pobres, es dejar esto muy claro y capacitar al ciudadano para ejercer plenamente sus derechos. Adicionalmente tenemos que crear mecanismos de control de la conducta de los funcionarios."
Ana Teresa Aranda, titular de la Sedeso, no profundizó al respecto ni sobre lo dicho por un representante del PNUD acerca de que aún se dan casos de compra y coacción del voto en los esquemas de desarrollo social. Reiteró que la dependencia "no es un órgano persecutor". A pregunta expresa sobre los programas más susceptibles a este tipo de delitos, respondió: "Hay que cumplir con la ley en cualquier asunto que tenga que ver con lo que esté determinado por ella."