Extrañaba al ombudsman nacional la insistencia de su homólogo poblano

En la conjura contra Lydia Cacho, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, José Manuel Cándido Flores, intentó atraer la denuncia promovida por la periodista, pero se topó con el sistemático rechazo del organismo encabezado por José Luis Soberanes. En una misiva enviada por el ombudsman nacional, fechada el 17 de enero pasado, se advierte al solicitante que no existe resquicio legal alguno para enviar el expediente a la entidad poblana.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) trabaja desde hace más de un año en un expediente a partir de la denuncia presentada por la autora del libro Los demonios del edén.

La intención del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla de atraer el caso fue evaluada por la diputada panista Myriam Arabián, quien expresó sobre Cándido Flores: "Está sometido al gobernador Mario Marín; en nuestro estado se violan sistemáticamente los derechos humanos de indígenas, campesinos, líderes sociales y estudiantes, y se coarta la libertad de expresión, mientras que hasta la fecha la comisión estatal guarda vergonzoso mutis".

La participación del defensor de los derechos humanos en Puebla en el entramado contra Cacho fue descubierta por la CNDH mediante un memorándum enviado por esta dependencia al estado de Puebla. El oficio No. 001-CNDH/CGCP/2006 refiere la negativa a "la reiterada insistencia" de Cándido Flores de atraer el expediente.

El texto manifiesta en seis puntos lo siguiente: "De los escritos de queja que presentó el señor José Cacho es clarísima la competencia de la comisión nacional en el presente caso, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 16 del reglamento interno de las CNDH, que prevé el supuesto de cuando en un mismo hecho estuvieran involucradas autoridades o servidores públicos de dos o más entidades, ya sea de oficio, a solicitud del organismo local o de los quejosos aquella podrá conocer y atraer el asunto.

"Tanto en el escrito del quejoso (hermano de la agraviada), como de la información proporcionada por Lydia Cacho, se desprenden señalamientos de que en su detención participaron servidores públicos de Puebla como de Quintana Roo, además de que la propia agraviada ha solicitado la intervención de este organismo nacional en el asunto, circunstancia que actualiza el supuesto planteado en el numeral anterior.

"Es pertinente informarle que desde el 21 de febrero de 2005 este organismo nacional tiene abierto un expediente de queja respecto de diversas amenazas que ha recibido la periodista y defensora civil Lydia Cacho, dentro del cual, incluso, se solicitaron en su favor medidas cautelares que hoy siguen vigentes y dicho asunto es atendido por un grupo especializado de visitadores.

"La comisión nacional ha tenido y tiene como principio el respeto por la ley y su defensa como presupuesto básico e ineludible para la defensa del ciudadano, por lo que, atendiendo a ello, ejerce las facultades que su marco jurídico señala. Por dichas consideraciones, ha asumido el conocimiento del caso, motivo por el cual el presidente de la CNDH firmó el acuerdo de atracción respectivo, circunstancia que se hará de su conocimiento de manera formal.

"Mi sorpresa y confusión se debe a que en los últimos cinco años no se conoce de una insistencia tan obstinada por evitar que un asunto pudiera ser atraído por la comisión nacional; por el contrario, los antecedentes al respecto de los organismos locales son de coadyuvancia con la comisión nacional o viceversa, sin llegar a los extremos por usted planteados de ser la comisión estatal de Puebla la que únicamente conozca del asunto..."

Roberto Garduño y Enrique Méndez