Se dará seguimiento al caso: Ricardo Sepúlveda
Niega Gobernación haber realizado tareas de espionaje
El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Enrique Aranda Pedroza, aseveró que esta dependencia no fue autora de las escuchas telefónicas en el caso de la periodista Lydia Cacho.
Fuentes de Gobernación informaron que la tarde del miércoles el titular de la dependencia, Carlos Abascal, preguntó directamente al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jaime Domingo López Guitrón, si el área a su cargo había tenido participación en la grabación de las pláticas telefónicas entre el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario textil Kamel Nacif. La respuesta del funcionario fue que el Cisen no tuvo participación en esa tarea de espionaje y mucho menos en la distribución de los cassetes, agregaron las fuentes consultadas.
"Hemos establecido que no fue una acción que surgiera acá", dijo ayer Aranda en entrevista.
Lo anterior, luego de que el ombudsman nacional José Luis Soberanes mencionó que son los órganos de seguridad nacional las instancias que pudieran realizar, por la magnitud de su estructura, intervenciones telefónicas a esa escala.
"Si hay una referencia al aparato de investigación de esta secretaría, nosotros hemos dicho que no salió de Gobernación el asunto", agregó el subsecretario.
En tanto, el titular de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguiniz, informó que la próxima semana un grupo de funcionarios de esta secretaría viajará a Quintana Roo para vigilar el proceso judicial que se sigue en aquella entidad a la periodista por el cargo de difamación contra Nacif.
Dijo que por instrucciones de Carlos Abascal habrá seguimiento del gobierno federal a todas las actuaciones del caso, tanto ministeriales como judiciales.
En entrevista, Sepúlveda comentó que Bucareli se suma a la exigencia de que se esclarezca el caso, en particular ante una "posible actuación conjunta contra la periodista". Por lo anterior, agregó, la Secretaría de Gobernación solicitará a las autoridades estatales (procuradurías y comisiones de derechos humanos) los expedientes e informes, porque "no vamos a dejar que esto se quede sin respuesta o se dilate".
Respecto de la declaración de Cacho acerca de la forma en que fue arrestada en Cancún y su traslado y detención en Puebla, el funcionario recordó que las resoluciones de los organismos locales de derechos humanos pueden ser revisadas por la Comisión Nacional en la materia.
Acerca del origen de las conversaciones telefónicas, cuyos casetes fueron entregados por un mensajero anónimo a La Jornada, Sepúlveda señaló que la investigación debe poner en evidencia al autor de las grabaciones y, mientras tanto, "no demos por entendido que se trató de un acto de autoridad. Hablar que hubo participación del Cisen sería un juicio a priori".
Por su parte, el subsecretario de Normatividad de Medios dijo que la grabación de conversaciones privadas es un ilícito "que puede hacer mucha gente", por lo que es necesario realizar una investigación profunda y, especialmente, acerca de las declaraciones del mandatario poblano, Mario Marín, de que no es él quien aparece en la grabación. "Porque lo cierto es que (la voz del gobernador en las cintas) parece que sí es", comentó en entrevista.
Ambos funcionarios señalaron que existe un recrudecimiento de la violencia contra los periodistas, derivado de una respuesta del crimen organizado contra este sector, en represalia por el trabajo de investigación de los comunicadores.
Aranda Pedroza reiteró que debe aplicarse la ley y sancionar a quien resulte responsable de las agresiones a Lydia Cacho, porque el ejercicio de un periodismo libre es parte de la democracia.