Activista teme que el caso Lydia Cacho quede en sólo un escándalo más
Urgen ONG al Congreso a dar pruebas contundentes a la Corte
Representantes de organizaciones civiles coincidieron que es necesario que el Congreso de la Unión presente pruebas contundentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que las presuntas violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho por el gobernador de Puebla, Mario Marín, no queden impunes.
David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, refirió que es necesario que los legisladores sustenten las pruebas para que el emplazamiento de la Corte -que dio 10 días al Congreso para presentar elementos probatorios- "no sea una forma de eludir el problema".
Dijo que no puede asegurar que con esa petición el máximo tribunal del país intente dejar en la impunidad el caso; pero, señaló, si así fuera "sería sumamente grave". Estableció que la sociedad en su conjunto y los activistas pro derechos humanos deben estar pendientes de la resolución que emita la SCJN, ya que "no podemos permitir" que se repita el caso Aguas Blancas, cuando ese órgano judicial también atrajo el caso y elaboró un informe, pero el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, quien dimitió, no fue castigado.
Mencionó que los legisladores deben trabajar con la representación legal de Cacho Ribeiro para presentar un informe completo que permita una pesquisa adecuada. Añadió que una de las pruebas "contundentes" es el testimonio de la periodista.
Claudia Barrón, de la Red de Abogadas Feministas, expresó que las grabaciones de las conversaciones entre Kamel Nacif y el mandatario poblano no son prueba suficiente, pues, además de ser producto de un delito, "ninguna prueba es plena, por lo que se necesita recabar otras" para que se pueda dar un fallo favorable a la escritora.
Consideró que la Corte "hace bien" al pedir más pruebas con objeto de tener más elementos para emitir su decisión. Indicó que sí se presentaron violaciones a las garantías individuales de la autora del libro Los demonios del Edén, y que la primera se dio cuando no fue notificada de que existía una orden de presentación por el supuesto delito de difamación.
Mario Solórzano, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, enfatizó que en el Congreso más que extrañarse de que la Corte les diera 10 días para presentar "pruebas contundentes", los legisladores "deben mostrar voluntad para armar un expediente adecuado". Si no, dijo, el caso Cacho será sólo un escándalo más que no proceda por la ineficacia para construir investigaciones.