Procesos electorales y violencia política
En el proceso electoral para la elección del próximo Presidente de la República los políticos no sólo desprecian a los pueblos indígenas, sabedores de que su negativa a convertirse en mercancía electoral incuba el germen de la resistencia, también los reprimen cuando se oponen a sus pretensiones de seguir en el negocio del usufructo del poder de manera impune. Esto sucede de múltiples maneras, pero cuando el ejecutor de las acciones represivas es el gobierno las cosas llegan al extremo. Entre finales de febrero y principios de marzo, Oaxaca, gobernado por una clase política que sustenta su poder en los caciquismos más arcaicos y violentos, fue testigo de varios sucesos de esa naturaleza, los cuales anuncian que en los intentos de desmovilizar a quienes no votaran por el Partido Revolucionario Institucional no importan lo medios para lograrlo, menos que con ello se violenten los mas elementales derechos humanos.
La madrugada del 20 de febrero varias decenas de elementos de la Policía Ministerial de Oaxaca llegaron a la comunidad de San Juan Bosco Chuxnabán, en la región mixe, con el pretexto de detener a Lorenzo Canseco Hernandez, Pioquinto Vásquez Martínez y Anastacio Morales Vásquez. Como si se tratara de someter una rebelión, llegaron abriendo fuego y agrediendo a los pacíficos ciudadanos y una vez que localizaron y detuvieron a quienes buscaban se retiraron. Días después, Filomeno Sánchez Flores apareció esposado y abandonado en los límites de la comunidad. Su delito: defender los intereses de la comunidad en contra de los intereses de los gobernantes del estado.
En la madrugada del primero de marzo más de 120 policías estatales desalojaron el Ayuntamiento Popular de San Blas Atempa, en la región del istmo, cuyo concejo municipal llevaba mas de 13 meses funcionando, después de que en enero de 2005 rechazaran la imposición de una candidata postulada por el PRI. Los hechos sucedieron una semana después de que el Ayuntamiento Popular se sumara públicamente a la otra campaña encabezada por el delegado Zero del EZLN y exigieran la liberación de cinco de sus compañeros declarados presos políticos, así como la cancelación de más de 60 órdenes de aprehensión.
El 4 de marzo, en la agencia municipal de Santiago Cuixtla, municipio de Santo Reyes Nopala, ubicado en la sierra Sur, una asamblea general comunitaria fue agredida a balazos cuando discutía lo relativo a la explotación de sus recursos naturales sin que ellos obtuvieran un beneficio por ello. De acuerdo con la denuncia de varias organizaciones de derechos humanos, la agresión la encabezó el presidente municipal, de extracción priísta y operador del secretario de gobierno, que se impuso al electo por los habitantes de la comunidad mediante el sistema de usos y costumbres. En esa misma acción fueron detenidos varios miembros de la comunidad.
En el municipio de Santiago Ixtayutla, en la mixteca costeña, los grupos políticos ligados al gobierno estatal atizan sus actitudes caciquiles contra las comunidades y usan la provocación para generar violencia y con ella la parálisis electoral. En la misma cuenta de la violencia política hay que ubicar el asesinato del líder del Partido del Trabajo, doctor Manuel de Jesús Guillen Álvarez, el 7 de marzo, en San Pedro Zanatepec, en la región del istmo. Algunas versiones indican que sus asesinos son los mismos que hace años fueron a dar a la cárcel producto de la lucha del hoy occiso, quienes hoy se encuentran en libertad por esa turbia relación entre poder y justicia; aunque también se sospecha que el asesinato tiene que ver con las elecciones del mes de julio.
Lo dicho. Oaxaca es el extremo, pero otros estados tampoco escapan a esta dinámica de sometimiento por la represión. Y si seguimos contando, el mapa de la agresión de comunidades indígenas que se niegan a participar en unas elecciones que les son ajenas porque no se sienten representadas en los candidatos y no se les ha invitado a participar en la toma de decisiones, aumenta. Se nota que el control del presupuesto y la ejecución de obras públicas a cambio de votos ya no es un medio seguro para inducir el voto. Pero también que la supuesta indiferencia de las comunidades ante el proceso electoral no lo es tanto. Más bien se trata de formas de resistencia, y cuando el gobierno y los políticos se ven afectados con esto, recurren a la violencia como forma de sometimiento.