Eugenio Berrios desarrolló para Pinochet el mortal gas sarín, pero sabía demasiado
Entrega la justicia uruguaya a tres militares implicados en el asesinato de científico chileno
Ampliar la imagen
Imagen de archivo del general en retiro Tomás Casella (izquierda) y el teniente coronel Eduardo Radaelli, fotografía tomada en una calle de Montevideo
Foto: Ap
Santiago, 18 de abril. Tres militares uruguayos, uno en retiro y dos en servicio activo, fueron entregados hoy a la justicia chilena tras ser extraditados para enfrentar un proceso por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un científico chileno que estuvo vinculado con la pasada dictadura de Augusto Pinochet.
Los militares uruguayos, que en un comienzo se había anunciado serían trasladados el viernes, llegaron a esta capital en un avión Hércules. Los tres están acusados de asociación ilícita y secuestro de Eugenio Berríos, químico de la antigua Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), asesinado en Montevideo la década pasada.
Los acusados que fueron extraditados, como lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia uruguaya el pasado 22 de marzo, son el coronel Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, ambos en servicio activo, y el coronel Tomás Cassella, jubilado con grado de general, quienes serán procesados por el magistrado chileno Alejandro Madrid.
Casella quedó recluido en la Escuela de Gendarmería -donde se halla detenido el ex presidente peruano Alberto Fujimori-, por su condición de militar en retiro, mientras que Sarli y Radaelli quedaron en cuarteles del ejército en las afueras de Santiago.
El juez Madrid, quien determinó que se les mantenga separados antes de que proceda a su interrogatorio próximamente, ya los procesó en ausencia por los delitos de asociación ilícita y secuestro de Berríos, desaparecido en Uruguay en noviembre de 1992 y cuyos restos fueron encontrados tres años después en una playa de Montevideo.
Esta es la primera vez que Uruguay accede a extraditar a oficiales de su ejército por delitos que estuvieron relacionados con la llamada Operación Cóndor, un plan secreto que aplicaron las dictaduras del Cono Sur desde los años 70 para encarcelar, torturar, intercambiar o eliminar a opositores políticos de los países participantes.
Lupy Aguirre, abogada del Consejo de Defensa del Estado, dijo que Casella, Radaelli y Sarli son piezas clave para resolver el crimen de Berríos, quien trabajó para la Dina en armas químicas y biológicas y desarrolló para Pinochet el mortal gas sarín.
Berríos fue sacado de Chile en diciembre de 1991, escoltado por militares chilenos, cuando estaba siendo requerido por el ministro Adolfo Bañados, quien investigaba el homicidio de Orlando Letelier y en el cual se le implicaba. Letelier fue asesinado en Washington en un atentado con bomba, el 21 de septiembre de 1976.
Mientras los tres acusados uruguayos fueron este día sometidos a exámenes médicos ante de ser notificados de los cargos que se les imputan, su defensa insistió en su inocencia y en su "entereza" ante esta situación, sin poder evitar su extradición anticipada cuando preparaba un recurso para impedirlo.
En tanto, se informó que diputados de la alianza gubernamental chilena Concertación por la Democracia impulsan una iniciativa para un proyecto de ley que buscará anular por inconstitucional la ley de amnistía de 1978 dictada por la dictadura pinochetista, que en días pasados permitió exonerar a militares implicados en violaciones contra los derechos humanos por el caso de la caravana de la muerte.