Usted está aquí: miércoles 19 de abril de 2006 Política Confirma la Corte que investigará a Mario Marín

Dos magistrados de circuito, comisionados para la indagatoria

Confirma la Corte que investigará a Mario Marín

''¿Debemos esperar a que maten a Lydia Cacho?'', pregunta Góngora

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Ampliar la imagen Deliberaciones de los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan N. Silva y Genaro David Góngora, entre otros Foto: José Antonio López

Por seis votos contra cuatro, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó comisionar a dos magistrados de circuito, especialistas en derecho penal, para que investiguen al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y otros funcionarios de esa entidad, por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

Los magistrados Oscar Vázquez Marín, originario de Zacatecas, y Emma Meza Fonseca, fueron designados para investigar las violaciones a las garantías individuales de la autora del libro Los demonios del edén. El primero fue a propuesta del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, y la segunda a iniciativa del presidente de la SCJN, Mariano Azuela.

Sustento constitucional

La necesidad de que la Corte investigara el caso Lydia Cacho fue sintetizada así por el ministro José Ramón Cossío Díaz: ''Se ejercita la facultad de investigación prevista en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución, en virtud de que los hechos sometidos a nuestra consideración por las cámaras de Diputados y de Senadores, y materializados en la persona de Lydia Cacho, pueden llegar a tener el carácter de violaciones graves a los derechos fundamentales, en virtud de que presuntivamente pudieron cometerse de manera concertada por distintas autoridades estatales en violación a los principios de división de poderes y federalismo''.

A pesar de la oposición del ministro presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, y de los ministros Margarita Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y Guillermo Ortiz Mayagoitia, a lo largo de la sesión del pleno pesaron más los argumentos esgrimidos por los ministros Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, José Gudiño Pelayo, Juan Silva Meza, Ramón Cossío Díaz y Juan Díaz Romero.

Incluso, durante el debate Góngora Pimentel puso el dedo en la llaga al señalar que en ''todos los preceptos que establecen garantías individuales, ha sido la Suprema Corte la que los ha llenado de contenido'', y en el caso específico de la facultad de investigar, puntualizó que ''está tan escuetamente redactada en el artículo 97'' que en sólo dos casos en el siglo XX, el máximo tribunal tuvo intervención.

El ex presidente de la SCJN dijo a sus compañeros que el caso Lydia Cacho es trascendente, y enseguida les preguntó: ''¿Debemos esperar a que a Lydia Cacho la maten, junto con todos sus auxiliares?'', situación que permitió, junto con las posturas de otros cinco ministros, impulsar la realización de la votación que tantas horas había esperado, y que a lo largo de la sesión de este martes el ministro Azuela Güitrón parecía empeñado en retrasar.

Sin embargo, la discusión permitió al ministro presidente del máximo tribunal mostrar que si bien perdería la votación y se ejercería la facultad de investigación, él tiene la capacidad de un jurista y la sensibilidad para proponer tesis que impongan las condiciones en las cuales la Corte deba convertirse en investigadora de situaciones como las de Lydia Cacho, que se les solicite su intervención cuando pareciera que el hecho que se pretende averiguar está probado, o cuando lo juzgue conveniente una de las cámaras del Congreso o el titular del Poder Ejecutivo.

Así, quedó asentado que la Corte sólo podrá ejercer su facultad de investigación cuando ''existan indicios de que titulares de algún poder de una entidad federativa pudieron incurrir en una violación grave de garantías individuales; cuando constituyan hechos generalizados que puedan actualizar la violación grave de garantías individuales, los relacionados con supuestas conductas de algún titular de un poder de una entidad federativa''.

Pero además, se dejó en claro que su intervención ''no impide que otros órganos del Estado mexicano continúen con los procedimientos que hayan iniciado e inclusive resuelvan en ellos lo conducente'', es decir, que la Procuraduría General de la República (PGR) continuará con sus indagatorias a través de las fiscalías especializadas para delitos cometidos contra periodistas y mujeres.

Una de las más importantes tesis impulsadas por Azuela Güitrón fue que la SCJN podrá ejercer su facultad de investigación cuando ''tratándose de supuestas conductas de los titulares de diversos poderes de una entidad federativa, que pudieran constituir violación grave a garantías individuales, su ejercicio no está condicionado a que existan pruebas fehacientes de las mismas, sino basta con elementos que a juicio de la Suprema Corte resulten idóneos para practicar la investigación, en la que en su caso podrían obtenerse''.

Esto es, en el caso Lydia Cacho, ninguna de las pruebas aportadas, incluidas las grabaciones, están consideradas como pruebas plenas de derecho, sino como elementos que deben analizarse y comprobarse a fin de encontrar la verdad de lo sucedido.

Una vez que se dio la votación el pleno de la Corte aceptó los nombres de los magistrados especialistas en derecho penal que les fueron propuestos para integrar la comisión.

El primero en hacer uso de la palabra a este respecto, asegurando que había hecho un ejercicio de anticipación a lo que ocurriría, fue Mariano Azuela. Así, propuso a Emma Meza Fonseca, magistrada de circuito desde 1997, que labora en la ciudad de México.

La segunda propuesta provino del ministro Gudiño Pelayo, quien citó a Oscar Vázquez Marín, titular de la visitaduría del Consejo de la Judicatura Federal. Fue nombrado magistrado de circuito en 1988, y actualmente se encuentra de licencia para cumplir su encargo en la Judicatura.

Al término de la sesión, el asesor del gobierno de Puebla, Luis Aguilera, aseguró que ''la decisión de la Suprema Corte es muy buena, porque permitirá por fin que los hechos tengan un desahogo real y no que todo sea una cuestión mediática''.

Indicó que el gobierno poblano pondrá a disposición de los magistrados encargados de la investigación toda la información y elementos que les soliciten, a fin de que realicen una indagatoria seria y ''pongan las cosas en su lugar''.

 
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