En Santiago interrogan a los uruguayos vinculados al asesinato de Eugenio Berríos
Investigan en Uruguay atentado contra juez que extraditó a Chile tres militares
Montevideo, 20 de abril. Las autoridades uruguayas iniciaron una investigación en torno a un atentado contra el magistrado que resolvió esta semana la extradición de tres militares a Chile, a lo que se suma el hecho de que altos funcionarios del gobierno de Tabaré Vázquez recibieron amenazas días atrás.
Fuentes judiciales informaron que la investigación quedó a cargo de la Justicia y la Dirección de Inteligencia de la Policía de Uruguay, en relación al posible intento de asesinato del juez Gustavo Mirabal por su decisión de extraditar a los militares por el secuestro y asesinato del agente chileno, Eugenio Berríos, cometido en la década pasada.
Mirabal habría sido objeto de un disparo de bala el domingo último cuando se encontraba en la costanera de Montevideo, pues percibió el zumbido de un proyectil a pocos centímetros de su cabeza, según denunció ante sus superiores de la Suprema Corte de Justicia.
Este incidente provocó que la extradición a Chile de los coroneles uruguayos en activo, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, y del militar en retiro Tomás Casella, se adelantara cuatro días, lo que ocurrió el martes 18 por la mañana, de acuerdo con medios de prensa locales.
"En realidad no se sabe si fue un accidente, si se trató de una bala perdida o si fue un atentado", señaló Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, quien añadió que Mirabal cuenta desde entonces con custodia las 24 horas del día.
La Corte llevó la denuncia a las autoridades de Justicia y de la inteligencia policial, y se designó al juez Rolando Vomero para encabezar la pesquisa judicial. Vomero es el mismo juez que rechazó un recurso de habeas corpus interpuesto a primera hora del martes, con que se intentaba evitar la extradición de los oficiales.
Asociaciones de militares habían criticado la decisión del extraditar a los militares a Chile. El diputado del opositor Partido Colorado y allegado a la institución militar, Daniel García Pintos, interpelará el próximo miércoles a la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, para que explique por qué el gobierno avaló y adelantó la extradición.
Entre los funcionarios que han recibido amenazas en este contexto se mencionó al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y la viceminstra de Relaciones Exteriores, Belela Herrera, reportó la radio local El Espectador.
En Santiago, el juez chileno Alejandro Madrid prosiguió con los interrogatorios por segundo día consecutivo a los militares uruguayos vinculados al caso Berríos, un científico que apoyó las investigaciones en armas y del mortal gas sarín y que trabajó como agente de la pasada dictadura pinochetista.
Los uruguayos, que ya fueron juzgados en ausencia por el mismo juez, son acusados de secuestro y asociación ilícita.
En tanto, la presidenta chilena Michelle Bachelet intervino personalmente en un doloroso caso de errores en la identificación de cuerpos de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, y tras reunirse en La Moneda con los dirigentes de los familiares se comprometió a garantizar la máxima cooperación del gobierno para enmendar la situación, reportó el corresponsal Enrique Gutiérrez.
El hecho ocurrió hace varios años y sólo ahora quedó en evidencia, en relación al menos de 48 víctimas que habían sido ocultadas en el tristemente célebre Patio 29 del viejo Cementerio General de Santiago, donde para esconder los cuerpos se metía de a dos y tres personas por tumba.
"Hemos venido a solicitar la cooperación del gobierno en una situación de extrema gravedad e inhumana que estamos enfrentando hoy día", declaró la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien agregó que "es como si nuestros seres queridos hubiesen desaparecido de nuevo".