Descalifica a Salazar Sáenz como mediador; el caso debe ir a la Corte, insiste
''Turbia estrategia'' de la STPS contra el sector minero: AHMSA
La dependencia ha generado un problema de dimensiones nacionales, sostiene la empresa
Envuelta en el remolino desatado por la intromisión del gobierno federal en la vida interna del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor empresa acerera y metalúrgica del país, señala: ''Es evidente que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene las manos metidas hasta el codo en una estrategia de objetivos y alcances muy turbios''.
Apunta: ''La STPS generó un problema que afecta a todas las regiones del país en las que hay actividad minera y metalúrgica relacionada con el sindicato''.
Señala: ''Para nosotros, el ingeniero (Francisco Javier Salazar Sáenz, secretario del ramo) está evidentemente descalificado como mediador por sus motivaciones, por la gestoría del conflicto y toda su actuación a lo largo de éste''.
De Pasta de Conchos a Sicartsa
AHMSA, en la cual laboran 17 mil trabajadores en 12 municipios de Coahuila, dio respuesta a un cuestionario elaborado por La Jornada, para definir la posición de la empresa en el conflicto que ocasionó la intervención de cuerpos policiacos (federales y estatales) en el complejo siderúrgico del Grupo Villacero, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cual ocasionó la muerte de dos trabajadores tras un frustrado intento de desalojo de esas instalaciones el pasado 20 de abril.
Sin embargo, el detonador de una secuencia de hechos cada vez de mayor gravedad, en una actividad de la que depende 75 por ciento de las ramas industriales que operan en el país, al parecer tuvo su origen el pasado 19 de febrero, en la explosión que sepultó a 65 trabajadores en las profundidades de la mina Pasta de Conchos, propiedad de Minera México, a su vez subsidiaria del Grupo México, en cuyo consejo de administración participan empresarios y ex funcionarios relevantes de gobiernos anteriores.
Las causas de la explosión aún se desconocen y por lo mismo también el deslinde de responsabilidades. El 28 de febrero, la Secretaría del Trabajo otorgó a Elías Morales Hernández una ''toma de nota'' con la cual lo reconocía como secretario general del sindicato minero y, en consecuencia, desconocía a Napoleón Gómez Urrutia como dirigente del gremio. Desde entonces hay frecuentes disputas entre trabajadores en los centros mineros y metalúrgicos del país.
Así, el mismo sindicato contó con dos dirigencias opuestas. Casi en paralelo, la Procuraduría General de la República inició averiguaciones por presuntos delitos fiscales en contra de Gómez Urrutia, a petición de la Secretaría de Hacienda, mientras el vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar, confirmaba que para esta dependencia gubernamental el dirigente del sindicato minero era Elías Morales Hernández.
A este respecto, AHMSA deslindó: ''No defendemos a Napoleón Gómez Urrutia, como tampoco nos sumamos a su linchamiento mediático. Hemos señalado que si cometió delitos debe ser juzgado y condenado por los tribunales competentes y no por el secretario del Trabajo ni por el vocero presidencial. Eso no es estado de derecho. Por el contrario, ha sido tónica de este sexenio matar a la gente a periodicazos. Han pasado dos meses desde que destaparon el caso y aún no hay una acusación formal a Gómez Urrutia ante los tribunales, ni una orden de aprehensión en su contra''.
En su respuesta a La Jornada, la directiva de Altos Hornos de México rememoró que ''hace dos años, nuestros propios directivos y consejeros fueron objeto de una feroz campaña similar de desprestigio y persecución, que cobijó intereses económicos externos al gobierno, y sólo la actuación correcta del Poder Judicial puso las cosas en su lugar, aunque el daño moral de la difamación y la persecución ahí quedó''.
Sobre el dirigente reconocido por las autoridades y la actuación de la Secretaría del Trabajo, AHMSA afirma: ''Es evidente que la STPS tiene las manos metidas hasta el codo en una estrategia de objetivos y alcances muy turbios. Basta señalar que el origen del problema lo generó esa dependencia al otorgar una toma de nota fast track a un sujeto que ni siquiera es obrero sindicalizado en ejercicio. Y nos preguntamos quién ha financiado todos sus movimientos, grupos de asesores legales y publicitarios, publicaciones en medios y el sostenimiento y desplazamiento de un importante número de activistas a su servicio, la mayor parte de los cuales han sido enviados precisamente a Coahuila y a nuestro entorno''.
Agrega: ''Nos consta que Elías Morales y su grupo han utilizado las instalaciones, el personal y los medios de la Secretaría del Trabajo en diversas acciones con el pretendido objeto de romper nuestra neutralidad y generarnos un mayor involucramiento en el conflicto''.
Hasta ahora, en tan sólo 60 días, tres de las cinco grandes empresas integradas que controlan la producción de minerales metálicos ferrosos y carbón coquizable en México, han sido involucradas en forma directa e indirecta en el conflicto suscitado por la intromisión de la STPS en la vida interna del sindicato minero. Ellas son el Grupo México, a través de Minera México; Grupo Villacero, de la familia Villarreal, y Altos Hornos de México.
Lejos de resolverse, el conflicto no cesa. Elementos del Ejército Mexicano y de Marina resguardan instalaciones estratégicas dentro del complejo Sicartsa, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
En Monclova, Coahuila, sede de AHMSA, se han suscitado enfrentamientos entre trabajadores agrupados en las secciones 147 y 288 del sindicato. Los paros y las huelgas empiezan a proliferar.
La directiva de Altos Hornos precisa: ''Para nosotros es claro que hay muchas cosas extrañas tras estos movimientos del gobierno federal ante el sindicato minero, y que nos están involucrando en problemas que nos afectan gravemente, como el paro del mes de febrero pasado y el hecho de que en nuestras principales secciones sindicales haya en este momento dobles dirigencias, con el riesgo creciente de enfrentamientos''.
Son los trabajadores quienes deben elegir a sus dirigentes
Considera que ''los propios trabajadores son quienes, conforme a sus estatutos, deben elegir a sus dirigentes''. Argumenta que ''desde 1991 (cuando AHMSA fue privatizado al Grupo Acerero del Norte) se ha trabajado sin problemas con distintos dirigentes sindicales de todos los signos, con la característica común de que han sido electos en procesos normales''.
Se define: ''Nuestra posición es que, para conservar una sana relación laboral, ni las empresas ni las autoridades deben inmiscuirse en las decisiones gremiales de los obreros''.
En sus respuestas a La Jornada, más adelante apunta: ''Para nosotros, el ingeniero Salazar está evidentemente descalificado como mediador por sus motivaciones, por la gestoría del conflicto y toda su actuación a lo largo de éste''.
AHMSA reitera su llamado a que ''la Suprema Corte ponga orden jurídico en todo este asunto atrayendo todas las demandas y contrademandas, para que nos indique con la fuerza de la justicia quiénes son legalmente los dirigentes a quienes debemos reconocer como tales, lo que nos permitiría volver poco a poco a la legalidad''.