La resolución tomará 3 meses, estiman fuentes judiciales
Estudian de nuevo aprehensión de Echeverría y coacusados
Se reactivó ayer el estudio de las órdenes de aprehensión en contra del ex presidente Luis Echeverría Alvarez y otros seis ex funcionarios y militares, acusados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) de ser los artífices de la matanza del 2 de octubre de 1968.
Las imputaciones que hizo la autoridad investigadora a los inculpados son genocidio y la privación ilegal de la libertad de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ambos delitos graves y sin derecho a libertad provisional bajo fianza.
Fuentes judiciales de primer nivel revelaron a La Jornada que la resolución final tardará al menos tres meses, ya que el tribunal unitario del Distrito Federal que analizará los presuntos hechos delictivos enfrenta "sobrecarga de trabajo", además de que el expediente es muy extenso -consta de 36 tomos-, y debido a que es posible que en un mes el Consejo de la Judicatura Federal ordene cambiar al titular del órgano jurisdiccional encargado del caso a otro tribunal de circuito.
Las leyes penales en México posibilitan a los magistrados de tribunales unitarios que en caso de órdenes de aprehensión prácticamente cuenten con tiempo ilimitado para emitir su resolución -sobre todo cuando se trata de expedientes voluminosos-, a diferencia de los jueces de distrito, quienes tienen un plazo improrrogable de 24 horas para resolver, cuando se trata de delitos graves.
Ayer, antes del mediodía, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) acudieron a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Zócalo, para custodiar al menos 10 cajas en las que permanecían guardadas las constancias judiciales que de inmediato fueron trasladadas al segundo tribunal unitario, ubicado en Periférico Sur.
Los diversos tomos, que en su mayoría contienen pruebas documentales, como libros, revistas y recortes periodísticos, mismos que hacen referencia a la matanza de estudiantes registrada hace 37 años en la zona de Tlatelolco, fueron puestos bajo resguardo en el segundo tribunal unitario, a cargo del magistrado José Angel Mattar Oliva.
Este miércoles el impartidor de justicia encargará a un secretario de acuerdos de su tribunal que elabore un proyecto de resolución (a favor o en contra de conceder las órdenes de captura), el cual será revisado, y en su momento aprobado o rechazado por el juzgador.
Se trata de la última oportunidad para el fiscal Ignacio Carrillo de conseguir la captura del ex presidente Echeverría.
El 21 de septiembre de 2005, el juez 15 de distrito del Reclusorio Sur, Ranulfo Castillo Mendoza, negó las órdenes de aprehensión contra Echeverría; el ex procurador de la República Julio Sánchez Vargas (quien falleció en diciembre de ese año); los generales Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; Raúl Mendiolea Cerecero, ex subjefe de la Policía Judicial Federal, y Javier Vázquez Félix, quien se encargó de recoger los cadáveres en Tlatelolco, así como Salvador del Toro Rosales, ex agente del Ministerio Público.
Carrillo Prieto interpuso recurso de apelación, que recayó en el segundo tribunal unitario, pero la Procuraduría General de la República pidió a la Corte que atrajera el asunto, por su "trascendencia nacional".
En votación dividida de tres contra dos, el pasado 11 de enero la primera sala de la Corte determinó no ejercer su facultad de atracción para conocer el recurso de reclamación. La mayoría de los ministros desechó los argumentos de Juan Silva Meza, único ministro penalista con que cuenta el máximo tribunal.