Usted está aquí: miércoles 24 de mayo de 2006 Política García Ramírez: hay el riesgo de que persistan desorden e impunidad

"Intolerables", los excesos policiacos: Diego Valadés

García Ramírez: hay el riesgo de que persistan desorden e impunidad

JOSE GALAN

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, sostuvo ayer que en el caso Atenco resulta "imperioso" que las autoridades realicen una investigación "seria y responsable", ya que lo sucedido no se puede dejar pasar de largo, porque se corre el riesgo de "desorden e impunidad".

En tanto, para Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), los excesos de la policía resultan "intolerables", rompen el compromiso de los servidores públicos y constituyen "flagrantes atropellos", incluyendo atentados sexuales, y "una terrible afectación de derechos sobre la cual no puede haber duda".

Por su parte, Mariano Azuela, magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que el Poder Judicial no puede ser indiferente a la violación de los derechos humanos, porque la tutela de éstos es, precisamente, la razón de ser de los tribunales encargados de impartir justicia.

Los tres juristas hablaron sobre el tema, por separado, en el contexto del congreso Derecho internacional de los derechos humanos, que se inició este martes en la UNAM y que se prolongará hasta el próximo viernes.

Luego de informar que la CIDH no ha recibido aún los expedientes sobre Atenco, García Ramírez sostuvo que "ningún mexicano" puede ignorar lo que en verdad sucedió los días 3 y 4 de mayo pasados en Atenco y Texcoco, por lo que las autoridades federales y estatales "deben dar celeridad" a las indagatorias.

"Cuando hay hechos punibles, como es el caso, las autoridades están obligadas a investigar y aplicar la ley, trátese de quien se trate, porque deben otorgar una satisfacción judicial, moral y republicana a la sociedad", subrayó.

Valadés consideró que si bien las transgresiones ciudadanas deben ser conocidas y sancionadas por las autoridades, nada justifica que un agente de seguridad perpetre atentados contra los ciudadanos, mucho menos los "flagrantes atropellos" de carácter sexual de que fueron víctimas las mujeres detenidas.

 
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