Los cargos son de orden genérico, señalan abogados
Se fabrican culpables
Almoloya de Juárez, Mex., 23 de mayo. Más de 140 personas que fueron arrestadas en los hechos violentos ocurridos en Texcoco y Atenco a principios de este mes, liberadas la semana pasada luego de tramitar y cubrir su fianza, regresaron este martes al penal de Santiaguito para la primera audiencia del proceso que se les instruye por ataques a las vías generales de comunicación. Gran parte de ellos aún presenta huellas de la brutalidad policiaca que padecieron al momento de su detención.
En tanto, defensores de 81 de los 153 detenidos en la toma policiaca de Atenco solicitaron al juez segundo penal de Toluca, con sede en el centro de readaptación social de Santiaguito, Jaime Maldonado Salazar, incluir en el expediente de la causa penal 96/06 el informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el lunes, en el cual se demuestran diversas violaciones a las garantías individuales perpetradas contra los aprehendidos.
De igual manera solicitaron la ampliación de declaración de los policías que participaron en los operativos, para que ratifiquen si cada acusado estuvo presente en los bloqueos, pues en el expediente "no existen imputaciones directas, sino sólo de orden genérico", explicó la abogada de varios implicados, Bárbara Zamora.
La mayor parte de las pruebas ofrecidas hoy por más de una docena de abogados que representan a los 153 acusados fueron admitidas por el juez Maldonado Salazar y comenzarán a desahogarse en la audiencia a celebrarse la primera semana de junio próximo.
Ante el número de acusados por ataques a las vías generales de comunicación (153) se debió habilitar el estacionamiento de los juzgados de Santiaguito para desarrollar la diligencia y que cada uno de los acusados, con sus representantes legales, acudiera ante el juez y los actuarios a ofrecer sus pruebas de descargo.
De los 153 acusados, 141 ya se encuentran en libertad tras haber cubierto la fianza de más de 14 mil pesos que impuso el juez como caución. Los 12 restantes siguieron la diligencia tras la rejilla de prácticas del juzgado. Nueve de ellos porque no tienen derecho a salir de prisión, al estar acusados también de secuestro equiparado, y tres más que no se han acogido al beneficio de la libertad bajo fianza.
Más de 50 imputados que salieron bajo la fianza de interés social que les concedió el gobierno del estado declinaron hoy aceptar al defensor de oficio y nombraron a abogados particulares.
Antes de iniciar la diligencia, el personal del juzgado pasó lista para conocer si todos los procesados se encontraban presentes. Sólo tres no acudieron a la cita. El juez les dio diez días para justificar su falta y desahogar su garantía de audiencia. En caso contrario se solicitará su reaprehensión.
"Aquí hay de todo: estudiantes, trabajadores, amas de casa acusadas por este delito cuando no participaron en los hechos. Entonces las pruebas varían en cada caso, porque la situación de cada persona es muy diferente. Unos se encontraban en la escuela, otros en sus trabajos, otros en sus casas. Lo que pasa es que la policía detuvo a mucha gente inocente para justificar su acción", dijo Juan de Dios Hernández.
Este representante legal, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, defiende a más de la mitad de los acusados. Entre las pruebas que ofreció se encuentran exámenes médicos y sicológicos, para que queden asentada en el expediente las lesiones que les causaron los policías.
También presentó hoy el preinforme que rindió la CNDH sobre el caso Atenco, en el cual se advierte de las detenciones arbitrarias y de los abusos cometidos por la policía, sobre todo contra mujeres.
Al menos 12 acusados se presentaron a la audiencia con brazos enyesados, vendas en brazos y piernas, e inclusive con collarines. Una semana después de su encarcelamiento, los liberados bajo caución aseguraron que en el penal de Santiaguito no recibieron atención médica adecuada, y que muchas de las lesiones que les provocaron los uniformados jamás fueron atendidas por personal del reclusorio.
Jorge Salinas, trabajador de Teléfonos de México y simpatizante de la otra campaña, quien acudió a Atenco en solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, llegó a la audiencia con un brazo enyesado y el cabello cortado por las 23 puntadas que requirió una de las cuatro descalabradas que sufrió al momento de su arresto a manos de más de 24 policías estatales, que lo molieron a toletazos, como se mostró en televisión nacional. Tiene fracturados dos dedos, el brazo derecho, y presenta hematomas en todo el brazo izquierdo y en el tórax. la articulación de la muñeca derecha requiere tornillos.
"Esos cabrones daban golpes para matar. Mientras me golpeaban, me decían que me iba a cargar la chingada, y que pagaría por cada uno de los golpes que recibió su comandante un día antes. Pese a los golpes, nadie se dobló", declaró.
Rechaza ayuda de Xóchitl Gálvez
La indígena mazahua Magdalena García Durán también figuró entre los detenidos en Atenco. Ahora está encarcelada, acusada de secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación. Al momento de su aprehensión vendía verduras en la vía pública. Sin mediar explicación fue subida a una pick up y posteriormente a un camión que la trajo a Santiaguito.
Hoy, luego de 20 días en prisión, dijo por medio de su abogada, Bárbara Zamora, que el pasado fin de semana recibió la visita de la encargada de la Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez.
La funcionaria acudió al penal poco después de las diez de la noche del pasado sábado. Le ofreció asesoría jurídica. Magdalena respondió que no. Que no creía en la buena fe del gobierno foxista, que tras detenerla arbitrariamente y golpearla hasta el cansancio, luego le tendió la mano. "Yo ya tengo quien me defienda. No necesito de ustedes."