Analiza otra por delincuencia organizada; nexos de familiares del líder con el narco
Niegan a PGR orden de captura contra Gómez Urrutia por lavado de dinero
El juzgado 15 de distrito en materia penal con sede en el Reclusorio Sur negó a la Procuraduría General de la República (PGR) una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero en contra del líder minero Napoleón Gómez Urrutia. Sin embargo, está a la espera de que el juzgado noveno de distrito resuelva si gira un mandamiento de captura por el delito de fraude.
Además, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) aún analiza si pide la detención del dirigente a través de dos averiguaciones previas, una por el delito de delincuencia organizada y otra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, todo como consecuencia del supuesto desvío de recursos de un fideicomiso de 55 millones de dólares.
Hasta el cierre de esta edición, la SIEDO no descartaba solicitar ante juzgados con sede en Toluca la orden de captura por delincuencia organizada contra Gómez Urrutia, y que sea encarcelado en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya, estado de México.
Asimismo, ayer, formalmente, la sede de Interpol autorizó la difusión de la llamada ficha roja, documento con el cual se solicita a todas las policías del mundo su cooperación para la localización y captura de Napoleón Gómez Urrutia, para que una vez aprehendido, México solicite su detención formal con fines de extradición
La noche de este sábado, el juzgado 15 de distrito notificó al Ministerio Público Federal, dependiente de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, que no encontró elementos suficientes para solicitar la captura del líder minero.
Esta consignación, tuvo como origen el que Gómez Urrutia es presunto responsable de haber incurrido en operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a 300 millones de pesos.
De acuerdo con las versiones obtenidas, la acusación por la cual se negó la orden de captura se basa en la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006, en la que incluso se menciona que familiares de Gómez Urrutia tienen vínculos con integrantes del crimen organizado, como Eduardo Reséndez (ejecutado en 2002 en Monterrey), presunto cerebro financiero del cártel de Juárez.
Los datos obtenidos refieren que la acusación contra Gómez Urrutia se fortaleció luego de los cateos realizados a diversas propiedades del dirigente, ya que supuestamente se obtuvo documentación que sirvió para que funcionarios de la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP), adscritos al área de Inteligencia Financiera, detectaran más de 130 operaciones financieras por un monto superior a 300 millones de pesos.
Las transferencias bancarias se realizaron, presuntamente, en un plazo de tres meses, y se hicieron utilizando las cuentas sindicales, hacia bancos de Suiza, Estambul, Colombia, Francia Inglaterra y Estados Unidos.
Algunos de los movimientos detectados por el gobierno mexicano refieren que Gómez Urrutia, apoyado por el que fuera su tesorero, Héctor Félix Estrella, transfirió 27 millones de pesos a cuentas de integrantes de la familia Gómez Castro.
Supuestamente, al menos 4 millones 20 mil 395 pesos, se utilizaron para pagar una tarjeta American Express de Alejandro Gómez Castro; otra parte fue a parar a depósitos de Ernesto Gómez Castro en una cuenta a su nombre en una institución con sede en San Francisco California.
Otra parte de los recursos habría ido a parar a un banco de Houston, Texas, a una cuenta cuyo titular es Oralia Castro Valdés, esposa del líder minero.
Según consta en la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/2006, la PGR también analizó el destino de los 55 millones de dólares que integraron un fideicomiso a través del cual se pagaría a los mineros.
Al respecto, el Ministerio Público Federal señala en sus investigaciones que Gómez Urrutia "repartió arbitrariamente y en forma indebida cantidades entre trabajadores y ex trabajadores sin derecho a recibir fondos, y se apoderó, junto con otras personas del sindicato, así como cómplices y familiares del líder, de una cuantiosa cantidad (35 millones de dólares)".
Sin embargo, la base de la acusación por la cual se negó la orden de captura, también es parte fundamental en la averiguación previa por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) que lleva a cabo la SIEDO, ya que en ambas se alude a los mismos movimientos, es decir operaciones financieras calificadas como "inusuales", por la SHCP.
Cabe mencionar que la SIEDO mantenía su averiguación previa en espera de consignar, a fin de definir si la consignación se presentaría ante un juez en el Distrito Federal o del estado de México.
Fuentes gubernamentales revelaron a La Jornada que la SIEDO concluyó dos averiguaciones previas, una por delincuencia organizada respecto de transferencias ilícitas y otra por la adquisición irregular de una casa en la colonia Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México.
Hasta el momento, la única orden de aprehensión contra el dirigente minero es la que emitió el juzgado tercero de lo penal con sede en Sonora, por el delito de fraude.