El Ministerio Público no aportó pruebas suficientes por lavado de dinero: juez
Fracasaron dos intentos de la PGR por lograr órdenes de captura contra Napito
Hay elementos para acusarlo de fraude, abuso de confianza y delincuencia organizada
Fueron un fracaso los primeros dos intentos de la Procuraduría General de la República (PGR) por obtener sendas órdenes de captura contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, desconocido por las autoridades laborales.
La noche del pasado sábado, el juez noveno de distrito del Reclusorio Sur, Reynaldo Reyes Rosas, al negar una orden de aprehensión contra el inculpado, determinó que el Ministerio Público Federal (MPF) no acreditó suficientes elementos de prueba para demostrar que al menos 35 millones de dólares de los 55 millones que formaban parte de un fideicomiso abierto por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) -dinero que fue transferido del sistema financiero a cuentas bancarias de familiares y allegados de Gómez Urrutia, tanto en México como en el extranjero- fueran de dudosa e ilícita procedencia.
Esa misma noche, otro juez federal, Ranulfo Castillo Mendoza, del juzgado decimoquinto, negó una segunda orden de aprehensión que pidió la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), por la supuesta adquisición con dinero de procedencia ilícita de una casa ubicada en la ciudad de México, con valor superior a un millón de dólares. La casa fue comprada por Gómez Urrutia y la puso a nombre de uno de sus hijos.
La SIEDO cuenta ahora con tres días hábiles -que vencen el próximo miércoles- para apelar de las resoluciones ante un tribunal unitario del Distrito Federal. También puede consignar, en cualquier momento, un nuevo pliego por otros delitos.
Según se aprecia en dos constancias judiciales en poder de La Jornada, el juez Castillo llegó a la conclusión de que la residencia se compró en el año 2002, dos años antes de que el sindicato minero dispusiera irregularmente de gran parte de los 55 millones de dólares, y los depositara en distintas cuentas bancarias.
Además, el juzgador consideró que el dinero utilizado para la adquisición de la casa no puede ser de procedencia ilícita, pues su origen está en las arcas del sindicato minero.
Ese argumento también fue utilizado por el juez noveno de distrito para negar la otra orden de captura. El dinero provenía del sindicato minero y "su entonces secretario general (Napoleón Gómez Urrutia) estaba autorizado para disponer del mismo".
En todo caso, coincidieron ambos impartidores de justicia, se puede inferir que el inculpado pudo haber cometido otro delito, mismo que los jueces no mencionaron en sus resoluciones.
Según fuentes judiciales cercanas al caso existen suficientes elementos indiciarios para que la SIEDO obtenga una orden de captura contra el depuesto líder minero por los delitos de fraude, abuso de confianza e inclusive delincuencia organizada.
Pero la PGR tiene un pequeño obstáculo. El delito de fraude que se le puede atribuir es de competencia del fuero común, no federal; además, esa hipótesis ya es materia de un expediente abierto en Sonora, donde un juez local libró una orden de aprehensión contra Gómez Urrutia por ese delito.
La opción más viable, según las fuentes consultadas, es que el MPF pida la captura del ex líder minero por el presunto delito de delincuencia organizada, pues en autos "consta que estuvo de acuerdo con más de tres personas para repartir arbitrariamente cerca de 35 millones de dólares entre trabajadores y ex trabajadores sin derecho a recibir fondos, y se apoderó de ellos junto con otras personas del sindicato, así como cómplices y familiares de Napoleón Gómez Urrutia".
No hubo lavado de dinero, concluyeron
En 24 horas, el juez Reynaldo Reyes Rosas estudió el expediente y llegó a la conclusión de que el depuesto líder minero no pudo incurrir en lavado de dinero.
En la causa penal abierta desde la noche del pasado viernes se advierte que, "con las constancias existentes en autos, no se acredita el primer elemento del cuerpo del delito a estudio, consistente en la existencia de recursos o bienes de cualquier índole que procedan o representen el producto de una actividad ilícita".
El argumento del juez Ranulfo Castillo fue sustancialmente similar.