Desde el otro lado
La lección de Enron
A mediados del año 2001, el sistema corporativo de Estados Unidos fue sacudido por el derrumbe de una decena de grandes compañías que dejó literalmente en la calle a decenas de miles de medianos y pequeños ahorradores.
Con el colapso de WorldCom, Tyco, Adelphia y Enron, los estadunidenses cayeron en la cuenta de que la corrupción en el sector privado es un hecho, oculto sólo por la audacia y la habilidad de algunos de los más prestigiados y respetados directores de empresa, en colusión con importantes despachos legales y contables.
El desenlace final de la estruendosa quiebra de la compañía Enron, anunciada en 2001, fue la condena de por lo menos veinte de sus más altos funcionarios, entre los que destacan sus últimos dos directores, Kenneth L. Lay y Jeffrey K. Skilling. Ellos fueron encontrados culpables, hace unos días, de 34 delitos, cuyas penas en conjunto suman por lo menos 300 años. A los fiscales les llevó cuatro largos años armar una de las investigaciones más complejas en los anales de los crímenes de cuello blanco. La habilidad con la que los más altos funcionarios de la compañía escondieron durante años sus desastrosas condiciones financieras, no sólo les dio tiempo de enriquecerse desmesuradamente, sino también de tejer una complicada operación contable que dificultó aún más la tarea de los fiscales. Sus 30 mil empleados perdieron el trabajo y sus ahorros, invertidos en los haberes de la compañía, de la noche a la mañana, por lo que muchos de ellos celebraron la decisión del jurado integrado por doce personas con los más diversos perfiles profesionales. La celebración, sin embargo, fue pírrica, porque al día siguiente de la quiebra de Enron debieron empezar nuevamente el arduo camino de asegurar su vejez, muchos de ellos con más de 50 años de edad.
En este planeta cada vez más globalizado el asunto también incluye la percepción de que en los países al sur del río Bravo, el pecado original es la deshonestidad, y ha sido un impedimento para el desarrollo económico y la distribución del ingreso. Tal vez sea tiempo ya de voltear hacia el norte y darnos cuenta de que la corrupción no es una patente de los países pobres. Sería difícil encontrar a un policía o a un empleado público que con un acto de corrupción deje en la calle a decenas de miles de personas, como lo han hecho varios cientos de delincuentes de cuello blanco de las grandes corporaciones en los países desarrollados y también, claro está, de los que aún no lo son.
Hay que dejar de denigrarnos y entender que, en el problema de la deshonestidad, el sector privado es tan responsable o tal vez más que el público, y esa responsabilidad no es menor en los países ricos que en los pobres.