Se espera que el fallo en un par de meses
Reactivan solicitudes de órdenes de aprehensión contra Napito
El estudio de la petición de órdenes de aprehensión en contra del depuesto dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de lavado de dinero, se reactivó este fin de semana, luego que una magistrada del quinto tribunal unitario en materia penal admitió el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público Federal contra la negativa de dos jueces de distrito a conceder las medidas cautelares.
Fuentes judiciales revelaron que la magistrada Herlinda Velasco Villavicencio dio entrada a la petición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de revisar los fallos de los jueces noveno y decimoquinto de distrito, Reynaldo Reyes Rosas y Ranulfo Castillo Mendoza, y puso entre sus prioridades el expediente del caso Gómez Urrutia, con el propósito de resolverlo lo más pronto posible.
Los jueces ya fueron notificados oficialmente sobre la decisión de la magistrada de entrar al tema del supuesto lavado de dinero en que incurrió el líder minero desconocido por las autoridades laborales, y según las fuentes consultadas es probable que la resolución final del caso se de a conocer en un par de meses.
Mientras continúe el estudio de las órdenes de aprehensión por lavado de dinero, la SIEDO puede proseguir con la integración de nuevas averiguaciones previas que impliquen delitos federales, las cuales pueden ser consignadas con independencia de las dos causas abiertas por lavado de dinero.
En mayo pasado, el juez Reyes Rosas determinó que la Procuraduría General de la República no acreditó suficientes elementos de prueba para demostrar que al menos 35 millones de dólares de los 55 millones que formaban parte de un fideicomiso abierto por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) -dinero que fue transferido del sistema financiero a cuentas bancarias de familiares y allegados de Napoleón Gómez Urrutia, tanto en México como en el extranjero-, fueran de dudosa e ilícita procedencia.
A su vez, el juez Castillo Mendoza concluyó que no existen pruebas suficientes para demostrar que Napito hubiera adquirido con dinero de procedencia ilícita una casa ubicada en la ciudad de México, con valor superior a un millón de dólares. La casa fue comprada por Gómez Urrutia y la puso a nombre de uno de sus hijos.