La Brigada Blanca secuestró a tres; se desconoce su paradero desde hace 32 años
Minimiza la Femospp desaparición de 5 miembros de una familia, denuncian
Al cumplirse 32 años de que integrantes de la Brigada Blanca provocaron la desaparición de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, de la comunidad Tarajero, municipio de Zacapu, Michoacán, aún se desconoce el paradero de los mismos.
El 24 de julio de 1974, miembros de ese grupo paramilitar -integrado por soldados y policías- allanaron la vivienda de esa familia, de donde se llevaron a Jesús Guzmán Jiménez y a sus dos hijos menores de edad, Venustiano y Solón Guzmán Cruz.
Su objetivo era encontrar a los hermanos Armando y Amafer Guzmán Cruz, quienes entonces tenían 23 y 22 años y participaban en el clandestino Movimiento de Acción Revolucionaria.
En 2002, con asesoría del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, familiares de esas cinco personas interpusieron una demanda por desaparición forzada contra quienes resultaran responsables, ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Sin embargo, aunque han pasado más de cuatro años de esa querella, la fiscalía aún no ha consignado el caso.
No obstante, si lo hace, la dependencia prevé que sea investigado como privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, no como desaparición forzada, lo cual "minimiza la gravedad de los hechos", denunció la abogada del caso, Luisa Pérez.
La defensora legal de la familia Guzmán Cruz y del Centro Pro manifestó que la consignación del caso se ha retrasado con diversos pretextos, aunque funcionarios de esa dependencia ya prometieron que será el próximo mes cuando se remita el expediente.
Sin embargo, criticó la postura que ha asumido la Femospp de catalogar la desaparición de los Guzmán Cruz como secuestro, pues la defensa, insistió, ha ofrecido elementos para acreditar los hechos como desaparición forzada.
Entre las pruebas que se han ofrecido se encuentran testimonios de familiares y pobladores de Tarajero que presenciaron las detenciones; expedientes de las declaraciones de los Guzmán Cruz tras ser aprehendidos, recabados por los abogados, y archivos de la Dirección Federal de Seguridad en los que existen datos contradictorios sobre el caso, entre otros.
Añadió que otro elemento a su favor es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2004 aprobó que, al ser delito de lesa humanidad, la desaparición forzada se pueda perseguir aun cuando los hechos hayan ocurrido hace muchos años, ya que se trata de un ilícito "continuado".
Por ello, reiteró la defensora, "se debe perseguir hasta que la persona aparezca o se sepa algo de ella".
Agregó que México ha firmado diversos tratados internacionales en los que se ha comprometido a velar por la justicia ante delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada. Pero esa obligación no se ha cumplido a fondo, aseveró.
Doble discurso de la fiscalía
Ante eso, Luisa Pérez consideró que la actitud de la fiscalía representa un doble discurso, porque por casos como los de 1968 y 1971 la Femospp habla de que aplica los acuerdos internacionales firmados por el Estado mexicano, pero en casos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones de estudiantes y activistas "no quiere aplicar los tratados, lo que es una falta de voluntad política para en verdad investigar los delitos".
Por ello, exhortó a la Femospp a reconsiderar sus criterios, con el fin de que el caso de los Guzmán Cruz se consigne como delito de lesa humanidad y no quede en la impunidad.
En ese sentido, expuso que desde hace tres años el Centro Pro promueve que se apruebe a nivel estatal una ley que castigue la desaparición forzada, la cual incluiría que se le catalogue como delito de lesa humanidad, "y, por tanto, continuado"; asimismo, que no haya amnistía para los perpetradores de esos ilícitos.
También demanda reconocer como responsables a servidores públicos, particulares, civiles que hayan actuado con anuencia de la autoridad en desaparciones forzadas, y demnada sanciones hasta de 50 años de prisión.
La iniciativa, que se estudia con los poderes Ejecutivo y Legislativo, propone también imputar responsabilidad por encubrir, no solamente por participar de manera directa, sino por conocer estos casos y no denunciarlos, así como por ocultar a los responsables.
También reconoce a los familiares como víctimas indirectas y demanda que la tentativa de desaparición sea sancionada.