Acusa a Sodi y González Torres de defraudación fiscal y lavado de dinero
La coalición denuncia a consejeros del IFE por avalar la guerra sucia
Los integrantes del Consejo General no impidieron la difusión de anuncios de Sabritas, Jumex, CCE y Armate de Valor en favor de Calderón, sostiene Por el Bien de Todos
La coalición Por el Bien de Todos interpuso ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra todos los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) por no haber impedido la guerra de espots de Sabritas, Jumex, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la asociación Armate de Valor, de Demetrio Sodi y Víctor González Torres, a los que también acusó de probable defraudación fiscal y lavado de dinero.
La demanda, que se presentó en la oficialía de partes para que la PGR decida a qué instancia la turna, sostiene que las empresas y el CCE violaron las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que impide a las personas físicas o morales extranjeras o a las empresas mexicanas de carácter mercantil realizar donativos a partidos políticos y contratar tiempos y mensajes para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas.
El documento, que entregó la tarde de ayer a la PGR el representante de la coalición ante el IFE, Horacio Duarte Olivares, consideró "evidente que hubo recursos económicos cuyo origen no es claro" para pagar la difusión de los espots que tenían el claro interés de "favorecer tácita, subrepticia, pero maliciosamente al candidato del PAN".
Además de los posibles delitos electorales, la denuncia señala que "no se sabe, y es precisamente lo que se requiere investigar, con qué recursos las empresas mercantiles Jugomex SA de CV y Sabritas S de RL pagaron los espots" donde se respalda la candidatura presidencial de Felipe Calderón ni el origen de los fondos que utilizaron el CCE y la asociación Armate de Valor para el pago de su publicidad contra López Obrador.
Indica que aun si los recursos de las dos empresas provinieron de fondos propios para gastarlos bajo el rubro de publicidad, "sería evidente la probable comisión de una defraudación fiscal, toda vez que para el efecto de pago de impuestos lo habrían deducido como gasto propio de su actividad, cuando en realidad habría sido destinado para el apoyo propagandístico de un candidato".
Y al obtener esos recursos "de manera probablemente fraudulenta, se podría colegir que su uso podría llegar a configurar también una operación con recursos de procedencia ilícita".
Asimismo, es necesario que la PGR indague, señaló la coalición Por el Bien de Todos en su denuncia, el origen de los recursos del CCE y de Armate de Valor, "porque en los mismos términos expuestos, no se sabe" su procedencia.
En la demanda penal se incluyó la exigencia de investigar el origen de los recursos utilizados por Víctor González Torres, Doctor Simi, y por el ex candidato del PAN a jefe de Gobierno del Distrito Federal, Demetrio Sodi de la Tijera, porque los gastos del primero no fueron regulados por el IFE, y porque, al desviar recursos para apuntalar la campaña de Calderón, el panista habría rebasado en más de 50 millones de pesos el tope de gastos de campaña.
En el caso específico de Sodi, la coalición señaló que podría haber incurrido, además, en un delito fiscal o en enriquecimiento inexplicable, porque el monto destinado a su campaña fue excesivo, por lo que requirió a la PGR que, a su vez, dé parte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Respecto de los delitos que habrían cometido los consejeros electorales, especialmente el presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde, la denuncia plantea que podría encuadrarse en lo dispuesto por el artículo 405 del Código Penal Federal, que sanciona con pena de dos a seis años de prisión "al funcionario electoral que se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral".
En este caso, añadió, es evidente que los consejeros dejaron de intervenir para evitar que Calderón se viera beneficiado por los mensajes de descrédito contra López Obrador e impedir que a la campaña del PAN se sumaran simpatizantes limitados legalmente a ello, cuando "era su obligación ineludible".
La PGR deberá determinar si turna la denuncia a la Fiscalía para Delitos Cometidos por Servidores Públicos o a la Especial de Atención a Delitos Electorales, e inclusive puede darse el caso que un desglose se entregue a la de Delitos Fiscales y Financieros.
Luego de presentar el documento, Horacio Duarte confió en que, a diferencia de otras demandas, donde se ha dejado pasar el tiempo sin que se resuelva nada, esta vez la PGR inicie la investigación y ofrezca resultados.