No descartan que el proceso pase a manos del gobierno de Puebla
Pesquisas sobre los abusos contra Lydia Cacho se prolongarán más de 4 meses
Por lo menos faltan por realizarse 17 diligencias; una de las principales es la del empresario de origen libanés Jean Succar Kuri, actualmente preso en Quintana Roo
La investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) en el caso de Lydia Cacho Ribeiro tomará al menos cuatro meses más, y no se descarta la posibilidad de que el proceso legal pueda ser turnado al fuero común, es decir, que el gobierno de Puebla tenga en sus manos la decisión de determinar si se cometieron agravios a las garantías individuales de la periodista y autora del libro Los demonios del edén, el poder detrás de la pornografía.
Lo anterior, en virtud de que faltan diligencias por realizar, pero los delitos por los cuales se iniciaron la investigaciones del Ministerio Público Federal están contemplados tanto en el Código Penal Federal como en el Código de Defensa Social del estado de Puebla, y ello podría obligar a la autoridad a declararse incompetente para presentar el asunto ante un juez.
Además, de acuerdo con informes de la Procuraduría General de la República (PGR), el caso Lydia Cacho y los recursos interpuestos por la procuradora poblana, Blanca Laura Villeda, han "enrarecido" el ambiente de las investigaciones, ya que ahora la fiscal para delitos cometidos contra mujeres, Alicia Elena Pérez Duarte, debe declarar ante el Ministerio Público Federal en calidad de testigo respecto del trato que recibió la periodista durante su detención en diciembre pasado.
Pero además, en caso de que la procuradora poblana ratifique su escrito de denuncia en contra de Pérez Duarte, en el que la acusa de cometer delitos contra la administración de la justicia, el Ministerio Público Federal estará obligado a iniciar la averiguación previa correspondiente.
De acuerdo con la información obtenida, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) recibió de manera directa la denuncia interpuesta por Blanca Laura Villeda y, sin embargo, no ha dado curso al escrito, que ya obra en los documentos que integran la averiguación previa 02/FEADP/2006.
Si bien la investigación de lo sucedido durante la detención y encarcelamiento de Cacho Ribeiro ha avanzado tanto en la Fevim como en la FEADP, en ambos casos se tienen al menos 17 diligencia pendientes de realizar, y una de ellas, considerada central para la dictaminación de las indagatorias, la constituye la comparecencia del empresario de origen libanés Jean Succar Kuri, quien está preso en Quintana Roo y enfrenta varios procesos penales por pederastia.
Documentos obtenidos por La Jornada mencionan que para la PGR es necesario que la fiscal Pérez Duarte rinda su declaración como testigo de la detención y encarcelamiento de Lydia Cacho, independientemente de que se declare incompetente para seguir investigando el asunto, ya que la procuradora poblana la señala como responsable de delitos contra la administración de la justicia, por haber aceptado integrar una averiguación previa en la que mantiene nexos de amistad con la afectada.
Según los análisis elaborados por la PGR, a los cuales se tuvo acceso, consideran prematuro emitir una determinación del caso, porque aún no se han logrado determinar los delitos en que habrían incurrido el gobernador de Puebla, Mario Marín, la procuradora poblana, agentes de la policía judicial de esa entidad, el empresario Kamel Nacif Borge y otras personas, pero se considera "conveniente" que sea la PGR la que mantenga la competencia hasta la consignación del caso.