Legalidad y certidumbre
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió su resolución en torno a la controversia sobre la contabilidad de los votos emitidos en la elección para presidente de la República del pasado 2 de julio que presentó la coalición Por el Bien de Todos. Y no es, por supuesto, un veredicto que satisfaga a ese grupo ni a sus simpatizantes; pero tampoco aclara la situación para el candidato del PAN y también pone al descubierto al IFE como autoridad electoral.
La parte de la disputa electoral sobre la que se manifestó el TEPJF anteayer admite que hay irregularidades suficientes para volver a contar los votos en apenas poco más de 9 por ciento de las casillas, alrededor de 12 mil, y que son sólo una fracción de las 70 mil, cuyo recuento demandaba la coalición por las mismas razones. Esto es solamente una parte de la impugnación presentada.
La sentencia se apoya en criterios legales sobre la manera en que se presentó el caso ante el tribunal y constituye un paso, que puede ser decisivo, en el proceso que debe llevar finalmente a la calificación de la elección y el señalamiento del próximo presidente el 6 de septiembre. Decisivo porque parece abrir la posibilidad de que se pongan en evidencia las anomalías planteadas por la coalición y realizar más acciones que lleven adelante la demanda y aclare la elección. Decisivo, también, porque puede, en cambio, radicalizar el movimiento y separar aún más las posiciones en la sociedad.
El TEPJF tampoco estimó válidos los señalamientos sobre las diversas deformaciones del proceso electoral, que, según la coalición, habrían afectado el resultado y pervertido el carácter de lo que debió haber sido, en efecto, un asunto ejemplar y transparente como asegura que lo fue Luis Carlos Ugalde, presidente consejero del IFE, y que hoy no tiene sombra que lo cobije.
Así que la fase final de esta querella se perfila hacia un escenario en el que para la coalición y sus seguidores se muestra la cerrazón y el afán de imposición del poder establecido que se opone al recuento voto por voto de la elección. Ese argumento no podrá ser resuelto por una declaración jurídica como la que hizo el TEPJF el sábado pasado.
Con eso se abre otro flanco: el de la ley y las instituciones. Ahí, lo que desde un punto de vista puede ser inadmisible, es decir, cuestionar la decisión del TEPJF, desde el otro se plantea como una manifestación más de la falta de equidad que se pretende exhibir. Ese es un claro espacio de desencuentro.
El hecho es que todo el proceso de esta elección se encuentra en disputa precisamente por la manera en que se condujo. Y eso tiene que ver con la intervención palmaria del gobierno del presidente Fox, que fue del impulso al desafuero a la promoción directa del candidato de su partido. Tiene que ver con la lasitud con la que el IFE aplicó las regulaciones en cuanto a la publicidad, el uso del dinero y la injerencia de ciertos grupos en el curso de la campaña electoral.
La disputa incluye la conducta de los medios de comunicación y su alineación ostensible con el candidato oficial. Esos medios que actúan hasta con desprecio por lo que representa el movimiento de resistencia encabezado por López Obrador y que lo ocultan de sus transmisiones como si con ello dejara de existir. Pobre expresión de la democracia que tanto alaban y que dicen defender. Orwell revisitado: 2006 es 1984.
Esos son, justamente, los problemas hoy de la democracia mexicana que no se pueden soslayar con una postura limitada y selectiva como la que promueve un grupo de intelectuales; que no se puede ocultar por el hecho de que lo que está pasando no coincide con lo que se aprende en las escuelas para obtener un título académico.
La definición del TEPJF fue rechazada por López Obrador el mismo sábado por la noche y luego el domingo en la asamblea en el Zócalo. AMLO expuso de nuevo sus argumentos, los mismos que ha venido proponiendo y articulando cada vez más. Volvió a poner sus cartas sobre la mesa, las que definen los términos de su querella, y volvió a demandar que se cuenten los votos. No aceptará, dijo, un diezmo de democracia.
Es en ese terreno que la resolución del TEPJF acaba exponiendo también al PAN y a su candidato; lo que está quedando ausente en todo esto es la legitimidad política de la elección, y así será muy difícil gobernar. A ello habría que sumar el hecho de que ese candidato ha exhibido abiertamente sus limitaciones como hombre de Estado, se ha cobijado en personajes que representan lo más negro de la historia reciente de la política de este país, ha tenido que establecer alianzas y compromisos con demasiados grupos e intereses económicos que ahora ven en él una inversión en el gobierno. Ese será, si llega, un presidente muy costoso para esta sociedad.
AMLO llamó a seguir con la resistencia civil, y las fricciones que ésta provoca seguirán incrementándose. La validación de estas elecciones no reside ya solamente en la estructura institucional que existe, que es responsable de que los votos se cuenten y que está, no debe perderse de vista, en el centro de la disputa. El punto ahora es que debe haber certidumbre en que esos votos, todos ellos, se contaron bien.