Entregan ONG documento sobre los hechos en Atenco
Denuncian ante la ONU represión y tortura contra mujeres en México
El uso deliberado y desproporcionado de las fuerzas policiacas para reprimir y el uso de la tortura expresado en la violencia sexual contra las mujeres, bajo la justificación legal del restablecimiento del orden y la paz social -como sucedió en San Salvador Atenco-, implica "el quebrantamiento de un estado de derecho democrático y respetuoso de los derechos humanos de la ciudadanía" por parte del gobierno de Vicente Fox, asegura el informe Violencia de Estado contra las mujeres privadas de la libertad en México, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Organización Mundial contra la Tortura.
En el análisis, que ayer fue presentado ante el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la ONU, las organizaciones documentan que la violencia de género que las autoridades mexicanas son capaces de ejercer a través de sus agentes, "no es casuística, sino que ilustra el padrón de violencia contra la mujer ejercida por el Estado, el cual goza de total impunidad".
En el documento, que hoy será presentado completo, se establece que de los más de 200 detenidos tras los hechos en ese municipio mexiquense los pasados 3 y 4 de mayo, 47 eran mujeres, quienes "fueron torturadas a través de la violación sexual y otras formas de violencia de este tipo, como tocamientos, insultos y amenazas de violación".
Por ello, las organizaciones consideraron que esos hechos se utilizaron como un acto de intimidación y coacción, "con una evidente carga de discriminación por el hecho de ser mujeres"; amén de que durante el presente sexenio no se ha presentado un proyecto que busque los cambios estructurales necesarios para detener ese tipo de abusos, pues no existen políticas públicas enfocadas a combatirlos.
El informe afirma que el caso de las mujeres detenidas durante el operativo en Atenco "ilustra la negligencia y dilación" de las autoridades, quienes debieron iniciar investigaciones, perseguidas de oficio, en el momento en que las víctimas denunciaron los hechos.
"La invasión y utilización del cuerpo de la mujer en condiciones de sometimiento físico y moral cuando son detenidas por autoridades del Estado, bajo códigos de poder masculino y estatal, constituyen una discriminación real por género y un acto de tortura", aseveraron las ONG.
Por ello emitieron varias recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan la reparación del daño, no sólo económico sino moral, a las víctimas de la tortura; que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres asuma la investigación de todos los casos y abusos sexuales y los califique de tortura; que se libere a las siete mujeres que aún permanecen detenidas en el penal de Santiaguito, y que las autoridades judiciales del estado de México absuelvan a las 36 mujeres que están sujetas actualmente a proceso penal.