Triunfó la impunidad, lo cual es vergonzoso para el máximo tribunal, afirma diputada
Decisión de la Corte sobre fideicomiso de Hacienda impide la transparencia
Con la decisión de la Suprema Corte de impedir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le ordene a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reintegre al fisco más de 2 mil millones de dólares por concepto de derecho de trámite aduanal (DTA), el máximo tribunal dio marcha atrás en el proceso de fiscalización y transparencia de recursos que había tenido lugar en los años recientes.
Sostuvo lo anterior la diputada federal Marcela Guerra Castillo, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, quien añadió que la reciente resolución del máximo tribunal de declarar la nulidad del "pliego de observaciones" con el que la ASF pretendía conocer el manejo del fideicomiso creado por Hacienda para manejar esos recursos, constituye un retroceso en la fiscalización de los recursos públicos.
La legisladora priísta cuestionó que la mayoría de los ministros determinara que los los recursos obtenidos por Hacienda por concepto de DTA de 1993 a 2004 por un valor superior a 7 mil 800 millones de pesos, no puedan ser auditados con el argumento de que se trata de recursos privados, cuando además, subrayó, ese fideicomiso está formado con recursos públicos.
Lo más grave de la sentencia del pasado lunes, indicó, es que recientemente se hicieron reformas legales para transparentar precisamente los fondos y mandatos que se ejercen con fondos públicos, y los ministros salen con esta decisión al resolver la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda en contra de la ASF.
Recordó que esta controversia fue interpuesta en 2004, en respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, sobre la falta de voluntad política del gobierno de Vicente Fox de transparentar el manejo de los fideicomisos federales.
Tan tuvimos la razón, subrayó, que Hacienda creó un nuevo fideicomiso público -motivo de este problema legal- con los recursos que supuestamente eran privados.
Pero con la decisión del pleno, resulta que triunfó la impunidad, lo cual es "vergonzoso" para la Suprema Corte, porque ocho de los integrantes del pleno (salvo Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío) dejaron de lado la disposición constitucional de que "todos los recursos públicos son susceptibles de ser fiscalizados", además de ignorar que esos fondos provenientes del DTA "debieron haberse reportado de inmediato a la Tesorería de la Federación y de ahí distribuirlo a las partes (sector público y a los prestadores de servicios de las aduanas, que son particulares), y de esa manera hubieran quedado transparentados los recursos y por tanto en posibilidad de ser auditados.
Acatamos el fallo de la Corte, pero no estamos de acuerdo, porque es inadmisible que los ministros permitan que la encargada de las finanzas en este país sea precisamente la que evite la transparencia, con el pretexto de que los fideicomisos son privados, aunque hayan recibido recursos públicos.