Usted está aquí: jueves 17 de agosto de 2006 Política Amplio repudio al uso de la fuerza

Sólo Acción Nacional justifica el violento operativo de la PFP en San Lázaro

Amplio repudio al uso de la fuerza

ELIZABETH VELASCO, LAURA POY, JUAN BALBOA Y CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Legisladores, defensores de los derechos humanos, juristas, politólogos y representantes de partidos políticos manifestaron su repudio a las acciones desplegadas el lunes pasado por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), cuando desalojaron a simpatizantes del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, los cuales intentaban instalar un campamento afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El diputado y vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carlos Flores Rico, reprobó el bloqueo "exagerado" de San Lázaro y la represión indiscriminada hacia los diputados del PRD, al tiempo que exhortó a la mesura y a hacer valer el derecho a manifestarse. Pidió a los gobiernos federal y local que estrechen la comunicación para buscar salidas al conflicto poselectoral.

En cambio, los panistas Jorge Triana y Ernesto Herrera Tovar justificaron la presencia de la PFP y del Estado Mayor Presidencial. Ambos coincidieron por separado en que esas medidas son precautorias y pretenden garantizar la seguridad e integridad física de los miembros de la 60 Legislatura y del presidente Vicente Fox el primero de septiembre, cuando éste rendirá su último Informe de gobierno.

Triana arremetió en contra de los perredistas, a quienes acusó de "escudarse en su fuero constitucional" para efectuar actos "ilegales", y los responsabilizó de provocar a la PFP.

El coordinador del PVEM, Jorge Kahwagi, dijo que los legisladores están obligados a tener una conducta respetuosa de la ley y de las instituciones por encima de intereses personales o de partido.

Aparte, el dirigente nacional del Verde Ecologista, Jorge Emilio González Martínez, se pronunció por buscar el diálogo político para evitar la violencia poselectoral y consideró que es urgente que el gobierno federal dé seguridad a los legisladores el próximo primero de septiembre. En nombre del CEN del PVEM, González Martínez declaró que se unen al rechazo hecho por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados referente a los actos violentos del lunes pasado.

El perredista Juan José García confirmó que el próximo primero de septiembre nada los detendrá para manifestarse, con lo que coincidió la diputada del PRD Dolores Padierna, quien consideró que lo más sano para el país sería anular las elecciones y nombrar un presidente interino.

Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que las medidas de fuerza o los actos de violencia no son una estrategia a la que puedan recurrir las autoridades federales "bajo ninguna situación, y menos en las circunstancias que enfrenta el país".

Por ello, indicó que son preocupantes las acciones de violencia en las que participaron elementos de la PFP, ya que "denotan actuaciones autoritarias y violentas ante una demanda legítima y el ejercicio de garantías individuales protegidas por la Constitución".

Martha Singer, politóloga y catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, afirmó que la decisión gubernamental de "endurecer sus acciones ante el movimiento de resistencia civil no impulsará un cambio en la estrategia de movilización a favor de López Obrador".

En contraste, añadió, el despliegue de fuerza de Fox "es un aviso de posibles medidas duras, que no abonan en nada a frenar el conflicto y a mitigar la polarización de la sociedad".

Agustín Alvero Pérez, catedrático del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, aseguró que el desalojo "violentó los derechos a la manifestación, libre tránsito y expresión", y agregó que la decisión de instalar tanquetas "no resolverá el conflicto, sino que podría generar mayor confrontación".

Sobre esto último la dirigencia del PAN justificó el hecho con un "ni modo".

El secretario de Elecciones panista, Arturo García Portillo, consideró que el despliegue de la PFP sólo es en "términos preventivos", para evitar que haya violencia. "Ni modo, hay que resguardar la institución del Poder Legislativo del Estado mexicano; lamentablemente a eso ha orillado la actitud de la gente del PRD", expuso.

Señaló que los perredistas asumen actitudes "beligerantes", como si estuvieran en un "México que no existe, en un México autoritario".

Acusó a los seguidores de López Obrador de quejarse de la violencia como si ellos no estuvieran amenazando con sitiar el Palacio Legislativo.

 
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