La PFP custodia a 23 impartidores de justicia en materia penal de Toluca
Desacuerdo de jueces y magistrados sobre la obligación de traer escoltas
La medida se extenderá a entidades donde llevan más procesos contra narcotraficantes
La ejecución del juez federal René Hilario Nieto Contreras, el pasado 17 de agosto en la ciudad de Toluca, estado de México, y la posterior decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de solicitar a la Policía Federal Preventiva (PFP) que asignara escoltas para la seguridad de los juzgadores, unió criterios entre los funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF), pero en contra de la determinación de obligarlos a tener guardaespaldas.
Desde el pasado lunes, un grupo especial de la PFP entrenado en la protección personal se encuentra resguardando a 23 impartidores de justicia en materia penal con sede en Toluca, informaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. En los próximos días se protegerá a jueces en entidades donde hay más procesos contra narcotraficantes, entre ellos Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Quintana Roo.
Tres agentes policacos vestidos de civil escoltarán a cada uno de los jueces y magistrados federales de su casa a las oficinas de los órganos jurisdiccionales e inclusive les deberán brindar protección durante los fines de semana, por tiempo indefinido.
En tanto, fuentes judiciales revelaron que aunque el asesinato del juez Nieto Contreras causó "conmoción" entre los funcionarios del PJF, la mayoría de los juzgadores están inconfomes con la medida impuesta por los consejeros de la Judicatura, por considerar que "es innecesaria, extremista" y porque los grupos delictivos lo pueden tomar como un reto, que a fin de cuentas será contraproducente para los servidores públicos.
Durante un recorrido que hizo La Jornada por juzgados y tribunales federales del estado de México, funcionarios judiciales que solicitaron el anonimato indicaron que entre 80 y 90 por ciento de los impartidores de justicia que ya reciben protección policaca no están de acuerdo con tener "guardaespaldas", por lo que jueces y magistrados prevén enviar una carta al ministro Mariano Azuela para manifestarle las razones de su desacuerdo.
Para las fuentes consultadas, brindar seguridad a todos los jueces es tanto como dar la razón a quienes opinan que los narcotraficantes "pueden más que las instituciones y que incluso están por encima de la policía y de los juzgadores".
Agregaron que para un juzgador es muy fácil no ser víctima de amenazas o intimidaciones de parte del crimen organizado, ya que cuando eso ocurre "basta con denunciar los hechos a la Procuraduría General de la República (PGR) para declararnos impedidos de una causa penal, y que un caso delicado pase a manos de otro juez".
Las fuentes consultadas indicaron que lo más probable es que el juez ejecutado la semana pasada hubiera caído en alguna provocación de un delincuente sujeto a proceso o de algún "abogado temerario", y "tal vez por querer imponer su autoridad para actuar con imprudencia, seguramente provocó la ira de un inculpado".
Además, los funcionarios consultados indicaron que la custodia permanente, "a pesar de que no la necesitamos, ni la hemos pedido", los limita en sus actividades personales y les representa gastos extraordinarios que no son sufragados por el CJF o la PFP. "Muchas veces nos toca pagar la comida a los custodios, por solidaridad, no por obligación; también nos piden para gasolina y peajes, si tomamos alguna autopista", puntualizó un juez federal consultado.
La petición de la Judicatura Federal a la PFP se presentó luego del asesinato del juez cuarto de distrito, René Hilario Nieto Contreras, quien fue ejecutado con un disparo en la cabeza en Toluca, el jueves 17 de agosto. Nieto Contreras atendía casos de internos en el Penal Federal del Altiplano, antes La Palma.
Dos días después, en un aparente accidente de carretera, ocurrido también en las inmediaciones de la capital mexiquense, falleció el magistrado federal Salvador González Aguilar.
En Toluca, los impartidores de justicia que ya reciben custodia las 24 horas son los seis jueces de distrito en materia de procesos penales federales, los cinco magistrados unitarios en materia penal, así como integrantes de los cuatro tribunales colegiados -formados cada uno por tres juzgadores-, todos con sede en esa ciudad.