Respuesta a la solicitud de La Jornada; el IFAI autorizó difundir las investigaciones
La SFP manda a la reserva resultados de la auditoría practicada a la Femospp
En respuesta a una solicitud de información realizada por La Jornada, la Secretaría de la Función Pública y su órgano interno de control (OIC) en la Procuraduría General de la República (PGR) resolvieron mantener en "reserva" por espacio de cinco años la "auditoría" practicada a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Esa decisión se tomó a pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó en mayo pasado, en el expediente 0627/06, la difusión de los resultados de "todas las auditorías concluidas y practicadas" al fiscal Ignacio Carrillo Prieto y a unos 89 funcionarios acusados de presunto desvío de recursos por al menos 22 millones de pesos.
Mientras que el titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, ha hablado ante los medios de comunicación de varias "auditorías" practicadas a la Femospp, en la respuesta a la petición de información que hizo este diario, amparada en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Unidad de Enlace de la SFP refirió que desde su creación a la fecha, sólo se ha realizado una auditoría a esa fiscalía, registrada con el número 19/04.
Justificadas tres de 15 observaciones relevantes
De esa auditoría se desprenden "38 observaciones, 15 relevantes y 23 no relevantes, de las cuales se solventaron tres relevantes y 18 no relevantes, mediante información y documentación justificativa aportada por el procedimiento de 'Seguimiento de Medidas Correctivas'."
Cabe destacar que las investigaciones efectuadas por presunto desvío de recursos del erario abarcan los fondos que recibió de la PGR y también de la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Santiago Creel.
La SFP también reservó por tres años unos cinco expedientes de responsabilidades administrativas, presuntamente por encontrarse en trámite el procedimiento "disciplinario" contra los funcionarios que habrían incurrido en irregularidades.
Dichos expedientes (del número 36 al 40 de 2005) fueron clasificados desde los meses de octubre y noviembre de ese año.
La SFP clasificó además, por otros cinco años, el procedimiento administrativo número 141/2004, mediante el cual el OIC de la PGR impuso a uno de los funcionarios de la Femospp una "amonestación pública". Del nombre, cargo y dictamen resolutivo de la amonestación impuesta al funcionario, negó también información a pesar de que el procedimiento concluyó en 2004.
Sobre ese punto, admite que aun cuando "los términos legales para ejercer la acción de impugnación (por parte del funcionario) se encuentran a la fecha más que excedidos", el OIC de la PGR "se encuentra impedida por razones obvias para afirmar categóricamente si aún el fallo sancionatorio es susceptible de impugnación".
En declaraciones recientes a La Jornada, Romero Ramos destacó que "ya se practicaron las auditorías que habrían de practicarse". Sin embargo, el caso se ha ido retrasando porque "es muy amplio y muy complejo", y se está esperando que los funcionarios solventen las observaciones.
"Hay un número alto de servidores públicos en la problemática que plantean las observaciones de las auditorías", por lo que "hemos trabajado para abrir espacios de confronta, así se les llama en auditoría, en espera de que se puedan solventar el máximo (número) de observaciones ahí pendientes".
En los primeros días de abril, Romero Ramos prometió dar a conocer en Semana Santa los resultados de las auditorías e investigaciones realizadas al fiscal especial y a los funcionarios de la Femospp.
En esa ocasión, señaló que pese a que le restan menos de tres meses al frente de la SFP, "el primero de diciembre no obliga a que se concluyan todos los casos; quien llegue se hará cargo de continuarlos en sus méritos".
Al igual que en el caso la Femospp, Romero comentó a pregunta expresa que las indagatorias relacionados con la ex titular de la Unidad de Proyectos Especiales de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dolores Creel Miranda, acusada de un supuesto manejo irregular de recursos por dos millones de pesos, se encuentran reservadas, "por disposición de ley", pues la SFP "agota el procedimiento y hay defensa; es un procedimiento que se litiga".