"El gobierno federal no debe caer en la tentación de abandonar los recursos del diálogo"
Indeseable, el uso de la fuerza en Oaxaca, aseguran los titulares de CNDH y CIDH
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, confió en que el presidente Vicente Fox cumpla su compromiso de no utilizar la fuerza pública para resolver la situación de Oaxaca, luego de insistir en que es necesario que en esa entidad haya diálogo.
El ombudsman nacional, entrevistado ayer luego de inaugurar la Semana Internacional del Migrante, indicó que la CNDH tiene visitadores desde hace cuatro meses en Oaxaca, y que lo que esperaría es que haya distensión. Los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dijo, tienen derecho a venir a la ciudad de México, y hay que respetarlos. Insistió en que lo deseable es que no se recurra a la fuerza física y "ojalá esto se resuelva lo antes posible por los medios políticos. No estamos en favor de que se utilice la fuerza pública".
A su vez, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, coincidió con el ombudsman en que la intervención de la policía federal y de las fuerzas armadas en Oaxaca es "indeseable".
Al participar en el primer Congreso Internacional de Justicia Penal, durante una sesión de preguntas y respuestas, el jurista agregó que el gobierno federal no debe caer en la tentación de abandonar los recursos del diálogo y la negociación política, porque estaría en peligro el respeto a los derechos humanos de los manifestantes. "Hoy, enviar a la fuerza pública sería lo más desafortunado", puntualizó.
El presidente de la CIDH indicó que aunque es jurídicamente posible que se ordene el uso de la fuerza pública para salvaguardar el orden público, lo más recomendable es que se utilicen las "herramientas institucionales" y se emplee el diálogo como medida de solución.
Ante las versiones de la utilización del Ejército mexicano y las fuerzas federales de apoyo para desalojar a los integrantes de la APPO y del movimiento magisterial que mantienen tomado el centro de la capital oaxaqueña, García Ramírez insistió en que "es indeseable la intromisión de la fuerza pública militar o policiaca. Los problemas deben resolverse social y políticamente".
En tanto, el doctor Aldo Muñoz Armenta, politólogo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, consideró que la presencia en el Distrito Federal de la APPO pretende hacer notar a México y el mundo que no se trata sólo de un conflicto local, sino que tiene dimensiones nacionales.
Ante la posibilidad de que representantes de esa organización pasen a la tribuna del Senado de la República, mencionó que con base en el reglamento interior del Congreso, sólo se puede pasar a la tribuna senatorial y de la Cámara de Diputados si una mayoría de los legisladores lo admite, "algo que considero muy difícil; a lo sumo se les va a invitar a las mesas de comparecencia, a una audiencia pública o privada, porque no creo que lleguen a cumplir con esa mayoría legislativa requerida".
Sin embargo, dijo, hay un grupo de senadores, sobre todo del PRD y del PAN, que tienen la disposición de escucharlos. El PRD con el objetivo de tratar de mostrar ante la opinión pública el papel de partido que puede, en un momento dado, defender las causas de la democracia, de la justicia y contra la opresión. El PAN es, obviamente, un árbitro interesado porque hay una amenaza del PRI de que si destituyen al gobernador de Oaxaca no le van a dar a dar apoyo a Felipe Calderón para que tome posesión el primero de diciembre.