Desmantelada desde agosto, sigue funcionando, según informa su página web
El Caracol, base fantasma de la PGR en la lucha contra el narco
Fue considerada el prototipo de instalación aérea contra el cultivo de enervantes
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Lucen desiertas las instalaciones de la base aérea de El Caracol
En sentido opuesto al discurso oficial de que el narcotráfico constituye un problema de seguridad nacional que debe ser atacado, la Procuraduría General de la República (PGR) ha ido cerrando o disminuyendo el poderío de sus bases de intercepción y erradicación. Hace apenas dos meses canceló lo que fue considerado el "prototipo" de instalaciones contra el cultivo y trasiego de enervantes, la base aérea El Caracol, en Guerrero.
La base, que fue cerrada en agosto pasado, se encuentra enclavada en el corazón de la Sierra Madre del Sur y tenía desde 2003 importancia "estratégica" en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en lo que se refiere a la destrucción y erradicación de cultivos ilícitos no sólo en ese estado, sino también en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
En agosto del 2002, cuando el presidente Vicente Fox dio a conocer el Programa Nacional para el Control de Drogas, afirmó que "el fenómeno constituye un problema de seguridad nacional porque atenta contra la salud de las personas, la integración de las familias, propicia la delincuencia organizada, la corrupción de las estructuras de gobierno y pone en peligro a toda la sociedad".
Para 2005, según el documento Acciones y resultados, del Programa Nacional para el Control de Drogas, editado por la PGR, la mayor parte de la población consideraba que "el gobierno está perdiendo la lucha contra el narcotráfico", de acuerdo con encuestas de la Secretaría de Gobernación (SG) que fueron levantadas "cada mes" de enero a junio de ese año.
La PGR ha recibido "reconocimientos" de organismos internacionales, entre ellos la ONU, por medio de su representante en México, por el combate "positivo" contra el narcotráfico, sobre todo en relación con el número de detenidos por delitos contra la salud.
Al respecto, las cifras de la PGR refieren que en esta administración "se ha logrado la detención de 57 mil 608 personas implicadas en delitos contra la salud". Pero en las prisiones de México, según datos contenidos en el sexto Informe de gobierno, la población penitenciaria por delitos federales (todos los ilícitos tipificados en el Código Penal y no sólo por narcotráfico) se incrementó de 2000 a junio de 2006 en apenas 9 mil 528 reclusos.
Las autoridades aseguran que en promedio cada día se detiene a 32 personas vinculadas al narcotráfico, pero nadie ha podido explicar dónde están, si penalmente no tendrían derecho a la libertad bajo fianza por haber cometido un delito tipificado como grave.
A ello se agregan situaciones como que la flota aérea de la PGR opera desde 2005 en niveles de 40 por ciento en materia de erradicación, fumigación e intercepción; la pretensión de reducir el número de aeronaves, y el reconocimiento oficial de que ahora se desarrollan cultivos ilícitos en zonas donde antes no ocurría, como señala el documento, editado por la PGR.
Según informes oficiales, las principales regiones productoras de cultivos ilícitos se concentran a lo largo de los sistemas montañosos, particularmente en la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur, y de forma aislada en algunas zonas de la Sierra Madre Oriental.
Indican que Guerrero es donde mayor número de hectáreas de amapola y mariguana se cultivan y erradican anualmente.
Por ello, en abril del 2002 la PGR puso en operación lo que consideraría el prototipo de instalaciones para combatir el narcotráfico e inclusive otros delitos de carácter federal: la base aérea El Caracol.
En su inauguración, el entonces procurador, Rafael Macedo de la Concha, afirmó: "la rehabilitación y modernización de las instalaciones de El Caracol materializa un proyecto para hacer más eficaz la acción en contra del narcotráfico, debido a que por su ubicación se reducen los gastos y se optimizan los resultados.
"Esto no fue concebido sólo como base de operaciones para erradicar cultivos ilícitos, sino que incluye un proyecto de tecnología genética, además de unas instalaciones para capacitar a los agentes de la AFI."
El procurador sostuvo que entre los principales objetivos de esa base estaba "hacer más eficiente las labores de erradicación en el estado de Guerrero, primer lugar en siembra de amapola y tercero en el de mariguana; fortalecer la investigación científica genética para combatir la producción de enervantes y fomentar las acciones con otras instituciones, en especial con el Ejército Mexicano".
Sin embargo, "a principios de agosto vinieron camiones y tráileres y se fueron llevando todo, no dejaron nada. Nunca supimos por qué razón se fueron; las instalaciones eran muy bonitas, había un gran salón, alberca, un hermoso vivero y hasta helipuerto", recuerda José Luis Martínez Romero, encargado de la presa El Caracol, ubicada en el municipio de Apaxtla de Castrejón, en la Tierra Caliente de Guerrero.
Y recuerda: "siempre que hacían fiestas en la base de la PGR, invitaban a algunos empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); ni parecía que estuviéramos aquí en la sierra, nos atendían meseros muy elegantes, hasta iban vestidos con guantes blancos". Hoy no hay más que rejas cerradas con cadenas, instalaciones desiertas y pasto crecido; abandono total.
Atrás quedaron las expectativas del ex director general de servicios aéreos de la PGR, el general José Rubén Rivas, quien consideraba que El Caracol, por su ubicación geográfica -en la Sierra Madre del Sur de Guerrero, sobre la vertiente del río Balsas-, podía cumplir con cinco misiones básicas: erradicar toda clase de cultivo de drogas; efectuar reconocimientos de zona, destrucción de plantíos, servir de centro de transmisiones y operación logística, así como realizar las investigaciones genéticas de los estupefacientes con clima controlado, a sabiendas de que la mariguana se da en tiempos de agua y la amapola en invierno.
Lo anterior porque la siembra se modernizó, al grado de que los fertilizantes utilizados por los narcotraficantes permiten a las plantas de amapola, por ejemplo, el crecimiento de entre 60 y 70 bulbos, cuando antes eran entre 20 y 25, además de buscar terminar con la cadena infinita de destruir un plantío y a los 15 días contar con otro en el mismo lugar.
De El Caracol partían fuerzas de reacción en busca de cultivos ilícitos y, supuestamente, su radio de acción alcanzaba inclusive los estados de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Durango.
Hoy, el dueño de la única tienda que existe en la comunidad Nuevo Caracol recuerda que los empleados de la PGR "eran gente muy educada, con nadie se metían, venían a surtirse aquí, porque también es el único lugar donde hay un teléfono para que pudieran hablar con sus familiares".
Explicó que el 1° de agosto empezaron a llegar decenas de camiones y empezaron a llevarse vehículos, diversos equipos y armas. En la comunidad todo mundo se sorprendió, pero "sería bueno que (las instalaciones) se ocuparan para una escuela, o un lugar de descanso. Que viniera la gente a descansar a este lugar".
La base El Caracol tiene capacidad para albergar a 600 personas; contaba con servicios médicos -de los cuales hacían uso más los pobladores de lugares aledaños-, incluida un área de terapia intensiva; habitaciones para dos personas, con baño propio, clima artificial y calefacción; áreas de esparcimiento, gimnasio, teléfono satelital -para estar en contacto permanente con la central de la PGR-, aulas para recibir instrucciones, transformadores de luz, dos pozos de agua, tortilladora, horno de pan, lavandería, una biblioteca, simuladores de vuelo -tanto para avionetas como para helicópteros- y de tiro.
Hoy todo está desmantelado y la PGR no ha informado nada. Para la dependencia esa base sigue existiendo y operando. Inclusive se puede consultar (hasta este domingo), todo lo relativo a su funcionamiento y beneficios en el combate al narcotráfico en la página web: pgr.gob.mx.