Usted está aquí: martes 24 de octubre de 2006 Política La brutalidad

José Blanco

La brutalidad

Tengo frente a mí la fotografía de primera plana de La Jornada del día 19 pasado, de una persona contra quien se cometió una brutalidad sin adjetivo posible que lo describa, perpetrada por miembros de la APPO, después de un "juicio popular".

La piedad es una palabra ridícula en el contexto de un pueblo repleto de ira y despojado de humanidad que se halla movilizado "políticamente". Han linchado a ese infeliz, como en tantos casos de "justicia popular" reciente, por quienes no guardan moralmente el menor asomo de ser miembros descendientes de la especie homo sapiens sapiens. Es posible pertenecer a esa especie, y salir de ella, cuando la brutal sensibilidad propia encuentra que puede hacerse justicia por mano propia. La ira y la venganza no logran saciar sed ninguna por oprobios que, sienten, previamente se han cometido contra los mismos protagonistas del crimen.

El infeliz ha sido reducido a dolor puro. Le han colgado una cartulina que dice "Míreme bien soy ratero y violador". El pie de foto explica fríamente: este hombre fue golpeado y amarrado a un árbol tras ser sorprendido por integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en la capital del estado. Atrás se ve a un presunto appista impasible. No es hora del dolor o la conmiseración por el otro, sino de la saña ciega contra el otro.

Para la APPO y sus simpatizantes, el juicio fue justo porque lo hizo una pleonástica alianza popular de pueblos. El presunto violador y ratero no tiene garantía ninguna en su "juicio", porque lo hizo el "pueblo". ¿Alguien requiere de pruebas de lo que se le acusa? ¿Se le ha aplicado la pena que corresponde al presunto delito cometido? ¿Alguien sabe quién juzgó? ¿Alguien sabe quién o quiénes fueron los verdugos?

Nadie necesita respuestas a esas preguntas. Aquí nos tocó vivir.

Debajo de ese escenario de carniceros, otro escenario, a muchos kilómetros de distancia, alimenta y provoca ése y otros crímenes infligidos al bando vengativo (ahí el asesinato de Alejandro García Hernández y Pánfilo Hernández y otros). Es el escenario de las elites políticas en lucha feroz por el poder. Un lector inteligente de La Jornada lo resumió en una línea: "el Senado dice que no hay gobernabilidad pero que sí existen los poderes institucionales". Brutal contradicción en los términos. El Senado, en efecto, no puede -podía en tiempos de Echeverría o de Salinas-, desaparecer poderes, sino reconocer, si es el caso, que han desaparecido. En Oaxaca han desaparecido. Pero en el Senado las fuerzas dominantes se mueven por una lógica diferente de lo que ocurre socialmente en la desdichada Oaxaca de nuestros días: al reconocimiento de la desaparición de poderes sigue la designación de un gobernador sustituto que organice nuevas elecciones. Esta decisión sentaría precedente y al rato tendremos una multiplicación de nuevos movimientos con la misma demanda. Es mejor violar el derecho, y aguantar al primero de diciembre para evitar una nueva elección. La consideración sobre el precedente probable que quedaría sentado, es una confesión de parte de la precariedad de la legitimidad que identifican con precisión en sí mismos los senadores.

APPO-Fuenteovejuna vuelve cachos de papel sangriento la ley, porque lo mismo hace el Senado; ambos hacen una conjunción perfecta para que prevalezca la ley que en realidad los rige: la de la selva. La reparación privada del mal que otro causa o que por tal se toma rebaja a la humanidad a la condición del primitivismo salvaje en que no hay más juez que la victima o los suyos. Existe la posibilidad y la garantía de recurrir a la justicia regulada por el derecho, pero no ahora en que la política dirime para todos su permanencia en el poder y en el interior de esos todos, zanjan la parte que cada uno quiere para sí.

No hay derecho; hay venganza vil en unos espacios. No hay derecho; hay lucha política por el poder en otros. Estos últimos saben que aquellos se matan, pero esa cuota de muerte la aceptan como una cuota de desprestigio inescapable, pero con el poder en las manos. No existe para éstos objetivo mayor. El PRD se ha deslindado de este caso, pero el PRD tuvo su Tláhuac; no se olvide.

El linchamiento no es un procedimiento jurídico ni consuetudinario (el PRD nos alegó en su momento aquel linchamiento como prácticas de la cultura popular), es una práctica criminal. Aquello es espantoso, purulento. En el escenario de abajo se viste de casimir, se usa corbata, se pueden tener buenas maneras, huele a loción y se habla en voz baja. Pero es ahí donde están las causas eficientes de aquellos horrores.

La violencia está volviéndose parte de la cotidianidad en tal magnitud que va convirtiéndose en un hecho de los más importantes retos de la gobernabilidad democrática. Considérese, además, que en los delitos de todo tipo, con más frecuencia de lo que quizá creemos, están involucrados los cuerpos policiacos a cuya responsabilidad se ha dejado el cuidado de la paz pública y la convivencia social. ¿Puede construirse un estado de derecho por la chueca ruta por la que transitamos?

 
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