Gasolineras rehúsan abastecer a la caravana que apoyará megamarcha en Oaxaca

Reforzará la APPO protesta con bloqueos y toma de ayuntamientos

Denuncia la asamblea popular torturas y vejaciones a ciudadanos detenidos por la PFP

Llegaron a la entidad otros 2 mil agentes federales, admiten mandos de la corporación

ENRIQUE MENDEZ, GUSTAVO CASTILLO Y OCTAVIO VELEZ ENVIADOS Y CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 4 de noviembre. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) definió hoy nuevas acciones para lograr la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, como bloqueos carreteros y toma de ayuntamientos; declaró que la resistencia del jueves contra la Policía Federal Preventiva (PFP) "fue un triunfo político para el pueblo" de la entidad y llamó a "retomar la ofensiva política en la movilización popular".

Asimismo, la APPO se preparó para recibir a la caravana motorizada de 10 autobuses y 20 autos, procedentes principalmente del centro del país, que trasladan a párticipantes en la megamarcha de este domingo, aunque esta tarde se reforzó el retén militar en San Pablo Etla y se sabe que la PFP intentaría detener al convoy cuando llegara a Huajuapan, en los límites con Puebla, donde se estacionó para continuar por la madrugada.

Además, la caravana se encontró con que en Puebla las estaciones de servicio se negaron a venderles combustible, lo cual se combinó con el hecho de que este mediodía fueron detectados policías enviados desde esa entidad para reforzar a la policía estatal en la vigilancia a la marcha.

En conferencia de prensa en Santo Domingo, donde se ha concentrado el plantón del movimiento, la APPO aseguró que el carácter de la marcha es pacífico, y si bien trascendió que la caminata llegaría hasta el centro histórico, tomado por la PFP, acotó que aún no se ha decidido la ruta y sólo está confirmado que partirá de la salida a México, en el crucero de Viguera.

"Denunciamos cualquier tipo de agresión, porque los grupos de choque de Ulises Ruiz Ortiz está interesado en que se infiltren provocadores, para generar violencia", aseguró.

Más desapariciones forzadas

También ofreció una lista de profesores, estudiantes y ciudadanos liberados esta mañana por la PFP, pero aseguró que en todos los casos fueron torturados y vejados. Además, denunció la desaparición forzada de la maestra Blanca Canseco Méndez, detenida esta mañana en Nochixtlán, donde también fueron aprehendidos Jaime Rojas Guzmán, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y otras cinco personas, de las que aún no se conocía la identidad.

Ana Laura Canseco, hermana de la profesora desaparecida, aseguró que ésta escapó por unos minutos y alcanzó a llamar por teléfono a casa de su madre, pero fue reaprehendida.

En Santo Domingo se conocieron otros casos de detenciones de personas no vinculadas al movimiento, pero que pasaban por el cruce de Cinco Señores, donde el jueves la ciudadanía enfrentó a la PFP.

Todos, aseguraron familiares, fueron trasladados al penal femenil de Tlacolula, que fue reacondicionado ex profeso por el gobierno del estado para recluir a los "subversivos".

Fernando Vargas relató que su hermano Martín fue detenido al mediodía a cuatro calles del centro comercial Chedraui, ubicado cerca de la zona del conflicto, cuando iba a su trabajo en un restaurante.

Su madre, Marta Cruz Rodríguez, refirió que al momento de su encarcelamiento fue vejado y torturado física y sicológicamente por policías federales.

La visita a su familiar les permitió conocer que, en el penal, hay dos menores de edad, uno de 13 años y otro de 16, así como un chofer que transitaba por el área, a quien tiraron al suelo y golpearon con un tolete, por lo cual tuvo que ser suturado con dos puntos.

A Marvin Peralta Sánchez los policías federales lo detuvieron después de que cerraba su farmacia, en la zona de Cinco Señores. Estuvo desaparecido un día, hasta que su nombre se difundió como posible detenido. Hasta entonces le permitieron llamar a su papá y se supo que estaba en el penal de Tlacolula.

Durante la conferencia, Florentino López leyó los resolutivos de la asamblea de la APPO, la cual ratificó que el diálogo con el gobierno federal sólo se reiniciará cuando haya condiciones, y reiteró su demanda de liberar a todos los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos, frenar las detenciones y torturas, así como la salida inmediata de la PFP de Oaxaca.

Entre las tareas avaladas por la plenaria de la APPO está la de fortalecer la campaña de sensibilización a los policías federales, impulsar un paro cívico estatal y refrendar la exigencia de la desaparición de poderes en el estado.

Otra de las prioridades del movimiento es proteger y mejorar la señal de Radio Universidad.

Llegan más agentes de la PFP

Mientras, a pesar de que se redujo la presencia visible de la PFP en la ciudad de Oaxaca, la corporación incrementó su número total de elementos en la entidad, luego de que en los dos días recientes, de manera discreta, arribaron al menos 2 mil agentes más, indicaron mandos de las fuerzas federales.

En ese sentido, se retiró una parte del personal del zócalo oaxaqueño, situación que en apariencia redujo el estado de fuerza de la PFP en esa zona; sin embargo, ahora elementos de grupos de reacción inmediata apoyarían a sus compañeros en caso de un intento de la APPO por recuperar el área de la que fueron retirados el pasado domingo.

Estas medidas forman parte de la campaña de "distensión" que desde el pasado viernes puso en marcha la PFP, luego de su fallido intento por reabrir las vialidades que circundan la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

A pesar de ello, este día continuaron las labores de inteligencia en las inmediaciones del campus, lo que causó a las 11 de la mañana la detención, por estudiantes, de dos agentes gubernamentales que se dedican a recabar información para áreas de seguridad, quienes son conocidos como "indicadores".

Su retención ocurrió en la barricada de la avenida del Ferrocarril, que cruza con avenida Universidad. Después de dos horas fueron entregados a un mando castrense adscrito a Oaxaca, y a la Cruz Roja, que certificó su buen estado de salud y que no fueron golpeados ni torturados.

Lázaro Miranda Flores, identificado como teniente coronel, de acuerdo con una credencial con número A2474195, fue quien más se resistió a permanecer quieto mientras estuvo en manos de los estudiantes, por lo que tuvieron que amarrarle pies y manos.

Cuando iba a ser entregado a un militar, que se negó a proporcionar su nombre y cargo, trató de huir en cuanto sintió que las ataduras de sus manos estaban siendo soltadas.

En cambio, Pedro Olvera Reyes, policía estatal adscrito a la Secretaría de Protección Ciudadana, no opuso mayor resistencia y por ello fue entregado de manera inmediata al mando militar y al personal de la ambulancia OXC-40 de la Cruz Roja Mexicana.

Para evitar que los dos retenidos pudieran identificar a quienes los detuvieron, los estudiantes y miembros de la APPO les colocaron capuchas y los mantuvieron en el piso de uno de los autobuses que sirven de barricada en la zona conocida como Cinco Señores.

Mientras, y después de casi dos meses, la policía preventiva del estado volvió a salir y acampó en el módulo de revisión situado en la desviación del aeropuerto internacional Benito Juárez, sobre la carretera Ciudad Alemán-Puerto Angel.

Sin embargo, dentro del contingente participan agentes que portan chalecos pertenecientes a la policía estatal de Puebla, lo que presume la participación de efectivos de esa entidad, lo cual constituiría una violación a la soberanía estatal.

En el campamento participan unos 80 agentes provistos de equipos antimotines y armas largas, quienes disponen de nueve camionetas pick up.

Además, la PFP, en coordinación con el Ejército y corporaciones estatales ha instalado retenes en los ingresos a la ciudad. En la carretera internacional Cristóbal Colón, en inmediaciones de San Pablo Etla, efectivos militares revisan vehículos particulares, autobuses y camiones de carga, con el argumento de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la campaña permanente contra el narcotráfico.

También se reportaron retenes en Huajuapan de León, Asunción Nochixtlán y Yucudaa, en la región mixteca, así como en Ocotlán de Morelos, en los Valles Centrales, presuntamente para inhibir el paso de la región de la Costa y en Ixtlán de Juárez, Sierra Norte.

A su vez, sacerdotes oaxaqueños de la arquidiócesis de Oaxaca y de las diócesis de Puerto Escondido y Tehuantepec, así como de la prelatura de Huautla de Jiménez solicitaron al presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), José Guadalupe Martín Rábago, explicar o rectificar su aval al ingreso de la PFP a la entidad.

"La impresión que queda a mucha gente es que sus pastores han abandonado a su pueblo", señalaron.

En una carta, los presbíteros preguntaron al obispo de León si habló a nombre de la CEM o a título personal, y aunque así fuera, "una declaración compromete a todo el episcopado mexicano", sobre todo porque el operativo "trajo a Oaxaca represión, tres muertos hasta ahora, heridos, encarcelados, torturados y mayor conflictividad".

En el comunicado, los sacerdotes insistieron: "no dudamos de la sabiduría de nuestros obispos y de su capacidad para discernir los signos de los tiempos, por eso nos preguntamos, ¿en realidad no podía usted prever que lo que buscaba el gobierno federal era una bendición para la represión?"