Usted está aquí: viernes 17 de noviembre de 2006 Economía Decisiones

Orlando Delgado Selley

Decisiones

El primero de diciembre empieza un nuevo ciclo político. Con un país dividido, un congreso enfrentado permanentemente, una hacienda pública con severas dificultades, un federalismo fiscal derrumbado, con alianzas inescrupulosas entre fuerzas políticas con proyectos disímiles, parece necesario que el sistema de representación político estableciera sus coordenadas a partir de dos ejes referenciales centrales: la construcción de un programa de gobierno que se plantee seriamente la incorporación de las visiones político-ideológicas que se disputan la conducción nacional, junto con la construcción de una nueva institucionalidad, tanto en el terreno de una operación democrática capaz de ordenar los próximos procesos electorales como de una nueva institucionalidad económica que promueva el desarrollo.

Ello ocurrirá en un escenario económico que muestra complicaciones. Todas las previsiones advierten de una desaceleración del crecimiento mundial, explicado por la disminución del ritmo de las economías mayores, consumidoras del grueso de la producción mundial, aunque las economías asiáticas seguirán teniendo un dinamismo significativo. Para la economía mexicana, que este año terminará con un incremento del PIB cercano a 4.5 por ciento, también se prevé desaceleración que permita un crecimiento del producto del 3 por ciento anual. En relación con los precios del petróleo el escenario optimista es que se mantendrán y el pesimista que disminuirán entre 15 y 20 por ciento, lo que tendría fuertes impactos en las finanzas públicas.

Este es el marco en el que habrá que tomar decisiones. El próximo gobierno enfrentará la añeja carencia de una inversión capaz de aumentar la capacidad de crecimiento potencial. Un dato lo evidencia: la inversión total representó en 2005 el 20 por ciento del PIB, pese a que creció más de 9 por ciento ese año y el anterior, de modo que en dos décadas ha sido incapaz de dinamizar el funcionamiento económico. De esos 20 puntos porcentuales del producto la inversión pública es apenas de 3.8 puntos. Así que proponerse fomentar el desarrollo con nuevas instituciones económicas no será sencillo. El único planteo por el próximo secretario de Hacienda, Agustín Carstens ­hecho a los lectores de La Jornada (11/11/06)­, es que combatirán la evasión y la elusión fiscal y simplificarán el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sin establecer compromisos, ya que "no tiene sentido poner números mágicos."

De modo que la idea es que con "un brinco muy importante en términos de sofisticación técnica" la hacienda pública estará en condiciones de aminorar la dependencia fiscal de los ingresos petroleros. La hacienda pública enfrenta, además, presiones extraordinarias derivadas de los requerimientos de una sociedad con déficit enormes en salud, vivienda, empleo y educación, con un sistema pensionario en crisis y con una infraestructura que no funciona como vehículo adecuado al desarrollo. Expresamente la estrategia que plantearán se basa en que la estabilidad genera inversión, ésta hace lo mismo con el crecimiento, que genera empleo; con empleo habrá consumo y éste producirá crecimiento. Es un círculo virtuoso. Lo mismo se planteó hace seis años.

La diferencia es que la administración anterior se propuso aumentar el IVA. Ahora no se atreven a decirlo, pero lo intentarán. Ello, por supuesto, sería un acicate importante para una movilización social que se plantee detenerlo. Lo central podría ser, en consecuencia, el conflicto y no la ampliación de los recursos disponibles para promover el desarrollo. En esto sus decisiones resultarán ciertamente inapropiadas.

La institucionalidad electoral, por su parte, para ser viable requiere la renovación inmediata del Consejo General del IFE. Ello, sin embargo, se ha planteado como moneda de cambio, lo que pone de relieve que la administración que sucederá a Fox no ha entendido lo que la polarización política exige para empezar a distenderse. Con un nuevo IFE, electo reconociendo el peso real de los partidos políticos, es posible iniciar reformas centrales, como prohibir la propaganda electoral en medios electrónicos lo que permitiría reducir el costo de las campañas, introduciendo mecanismos automatizados para realizar el conteo de los votos.

Así las cosas, las decisiones que habrá que tomar en los primeros días de diciembre indican que se optará por un camino que agudizará la conflictiva política. Un panorama de tensión creciente aparece en el horizonte. Quienes intentarán gobernar debieran considerar cuidadosamente que no representan a todos, que se requiere gobernar con un propósito central: mejorar el nivel de vida de la población, lo cual exige que haya desarrollo, y para lograrlo demanda un nuevo pacto social que incluya a todos los actores políticos, económicos y sociales.

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