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El caso está plagado de errores, asegura el Centro Fray Bartolomé de las Casas

A nueve años de la matanza de Acteal, los autores intelectuales siguen sin castigo

Durante el sexenio de Fox no hubo ningún avance, afirma presidente de Las Abejas

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

Ampliar la imagen Un familiar de los 45 indígenas asesinados el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, reza frente a la ermita ubicada sobre las tumbas de las víctimas de la matanza * Víctor Camacho

Acteal, Chis., 21 de diciembre. A nueve años de la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, a manos de paramilitares priístas, el caso sigue abierto y desde hace más de un año fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Durante los seis años de la administración de Vicente Fox no hubo ningún avance para que se haga justicia", afirmó Agustín Vázquez Ruiz, presidente de la organización Las Abejas, a la cual pertenecían los 45 tzotziles asesinados el 22 de diciembre de 1997.

"Hay 27 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en contra de los autores materiales, y los responsables intelectuales no han sido castigados", aseveró.

Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en estos nueve años han sido procesados 87 indígenas de Chenalhó, de los cuales sólo 27 han agotado todos los recursos legales y purgan condenas de entre 35 y 40 años de prisión en el penal de El Amate, así como 15 ex servidores públicos, entre oficiales de policía y agentes estatales ­cuyas penas no rebasaron los ocho años­, en 11 causas penales.

Itzel Silva Monroy, responsable del área jurídica del organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, dijo que el del caso Acteal es un juicio "plagado de errores", lo que ha implicado la reposición del proceso en varias ocasiones.

Añadió que el Poder Judicial Federal "ha hecho todo lo posible porque en la matanza de Acteal no aparezca el delito de asociación delictuosa, para desacreditar la hipótesis de que los hechos fueron cometidos por paramilitares.

"El agente del Ministerio Público consignó todas las investigaciones por asociación delictuosa, pero los jueces las desacreditaron, probablemente para desvanecer la idea de los paramilitares, cuando es claro que hubo asociación y planeación para cometer la matanza", agregó.

Sostuvo que en lugar de que el juicio quedara sólo en un expediente, la Procuraduría General de la República abrió 13 averiguaciones previas, las que al final quedaron en 11.

Las balas cambiaron su vida

El 22 de diciembre de 1997, 21 mujeres ­cuatro de ellas embarazadas­, 15 niños y nueve hombres, todos pertenecientes a la organización Las Abejas, fueron asesinados por paramilitares priístas en la comunidad de Acteal, cuando oraban y ayunaban por la paz en Chiapas. En estos hechos, 17 indígenas más resultaron lesionados.

Según el gobierno mexicano, la causa de la matanza ­una de las peores en México­ fue la disputa por un banco de arena, pero para organismos no gubernamentales, familiares y compañeros de las víctimas, se trató de un hecho en el contexto de la estrategia de guerra de baja intensidad para contener al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En estos días, Catarina Méndez Paciencia, a quien las balas mataron a su madre, una hermana, dos sobrinos y dos cuñados, y a ella le destrozaron los pies, piensa que "sería mejor que me muriera para dejar de estar sufriendo".

Ella, que tenía 20 años en 1997, vive en Quextic, localidad vecina de Acteal, de donde salieron los agresores aquel 22 de diciembre. "Era feliz, no tenía ninguna enfermedad, podía trabajar, cargar leña y maíz y cortar café, pero ahora no puedo hacer nada", afirma en su lengua materna.

Con los ojos llenos de lágrimas, cuenta que hasta hace dos años no podía dar ni un paso, pero con la atención médica que ha recibido, ahora puede caminar ''un poquito'', apoyada por dos muletas. Cuando tiene que salir para que la atienda el médico, sus familiares la suben en una silla y la cargan durante una hora, cerro arriba, hasta la carretera donde toma un vehículo, porque a Quextic se llega sólo caminando.

Todo el día está en su casa sentada y cuando el dolor la deja se pone a tejer, pero "el recuerdo y la tristeza por la masacre no me dejan en paz", dice. Exige al gobierno que haga justicia y sean castigados todos los responsables de los hechos, para que "nunca se repitan".

Quien hace la traducción es Juan Gómez Ruiz, también de Quextic. El tenía diez años cuando sucedió la matanza en la que murió su hermana María, con nueve meses de embarazo. "Los paramilitares iban con un pañuelo en la cara y traje oscuro, tirando balazos; la gente gritaba y lloraba; yo vi caer herida a mi madrina. A mí me ayudó a escapar mi hermano Alonso", recuerda el joven que se desempeña como secretario en la directiva de Las Abejas.

En los hechos hubieron 17 heridos, cuatro graves: Gerónimo Vázquez Pérez, a quien los balazos le mutilaron los dedos de las manos, y Efraín Gómez Pérez, que le destrozaron la mandíbula. Ambos, que al igual que Catarina viven en Quextic, tenían tres o cuatro años. Zenaida Pérez Luna quedó casi ciega porque un balazo le atravesó parte de la cabeza. Tiene 13 años y vive con sus abuelos en Acteal porque perdió a sus padres.

Entre prófugos y procesados

Silva Monroy precisó que de los 87 indígenas procesados en siete de las 11 causas penales, uno falleció después de los hechos y seis fueron absueltos en noviembre de 2001, porque el juez resolvió que no existían elementos que acreditaran su responsabilidad, a pesar de que fueron reconocidos por los sobrevivientes.

Asimismo, 27 han agotado todos los recursos legales y purgan condenas de entre 35 y 40 años; 18 están sentenciados en primera instancia a 25 años de cárcel y esperan la resolución de la apelación que interpusieron en contra de la sentencia condenatoria; 33 fueron sentenciados a 25 años de prisión, pero dos quedaron libres este año por razones de humanidad, debido a su edad y estado de salud. El resto está a la espera de que le sea dictada una nueva sentencia de primera instancia.

Afirmó que se abrieron cinco causas penales en las cuales fueron procesados 15 ex servidores públicos de bajo nivel, además del general retirado Julio César Santiago Díaz ­el de más alto rango juzgado penalmente hasta ahora­, quien se desempeñaba como jefe de asesores de la coordinación general de la policía estatal, y Jacinto Arias Cruz, que era alcalde priísta de Chenalhó.

En lo que respecta a funcionarios de la época, se encuentran prófugos el general retirado Jorge Gamboa Solís y José Luis Rodríguez Orozco, quienes fungían como coordinador de la policía estatal y director de la policía de Seguridad Pública de Chiapas, respectivamente; así como el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, quienes renunciaron a sus cargos.

En Acteal, sobre las 45 tumbas, se construyó recientemente un santuario que es visitado por muchas personas de México y otros países. Ahí han sido colocadas las fotografías de la mayoría de los muertos. La plancha de cemento sobre el santuario es un amplio espacio sin paredes donde los días 22 de cada mes se oficia una misa para recordar a los 45 tzotziles.

Los familiares, amigos y compañeros de "los mártires de Acteal nunca vamos a callar ni a dejar de pedir que se haga justicia por este crimen de lesa humanidad que se cometió contra gente inocente", finaliza Agustín Vázquez.

 
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