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Una sola empresa concentra 60 por ciento del mercado maicero

Investigará CFC prácticas monopólicas

VICTOR CARDOSO

Detrás del alza en el precio del maíz se encuentran en juego cerca de 40 mil millones de pesos anuales, que representan el valor de la producción nacional del grano, y del cual una sola empresa concentra 60 por ciento.

En paralelo, la Comisión Federal de Competencia (CFC) anunció una investigación ''a fondo'' en la cadena maíz-tortilla, para determinar concentraciones, prácticas monopólicas, como ha ocurrido en 2003, 2004 y 2005, cuando se aplicaron sanciones en seis casos donde se comprobaron prácticas monopólicas que se realizaban en Chiapas, Morelos, Sonora, Sinaloa y Durango. Además, esta misma dependencia rechazó en 2006 un intento de Grupo Maseca por adquirir la empresa Agroinsa de México, propiedad en 90 por ciento de Desarrollo de Negocios Integrales y 10 por ciento de Julio Villarreal Guajardo.

De acuerdo con fuentes oficiales, ''están bien identificados'' los agentes económicos que concentran la mayor participación de mercado en la cadena productiva maíz-tortilla, y las causas que generaron el reciente aumento en el precio del alimento. No es la primera ocasión en que uno o varios participantes en el mercado intentan aplicar prácticas prohibidas por la Ley de Competencia.

La actual situación es inédita por el impacto que ha tenido a nivel nacional, porque la oferta de maíz cayó 11.5 por ciento entre 2005 y 2006, al pasar de 22 millones 52 mil toneladas, a 19 millones 524 mil, mientras el consumo creció casi 15 por ciento para llegar a cerca de 26 millones de toneladas, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

No obstante ese descenso, el valor de la producción nacional de maíz fue calculado cercano a 40 mil millones de pesos, de los cuales 60 por ciento, unos 24 mil millones, representan la participación de una sola empresa, revelaron fuentes oficiales. ''Todos sabemos dónde se encuentra concentrado el mercado, aunque hay productores y comercializadores regionales que también buscan aumentar su participación. Pero son unas cuantas empresas las que tienen la mayor participación de toda la cadena maíz-tortilla'', comentaron.

La liberación en el precio del maíz y de la tortilla funcionó relativamente bien hasta 2003, cuando comenzaron a detectarse diversas prácticas monopólicas avaladas, inclusive, por autoridades locales.

De esto dio cuenta la CFC en su informe 2004, donde reportó el caso en Temixco, Morelos, en el que el ayuntamiento acordó con la Unión de Tortillerías y Molinos establecer una distancia mínima que debería existir entre cada comercio del ramo para expedir las licencias de funcionamiento correspondientes, lo que representó una práctica que limitaba la libre concurrencia y afectaba la competencia entre este tipo de expendios. Situación similar se presentó ese mismo año en el municipio Salvador Alvarado, en Sinaloa, donde además la Unión de Propietarios de Molinos de Nixtamal y Tortillerías elegía los permisos que podía otorgar el ayuntamiento.

En el municipio de Angostura, en la misma entidad, la CFC identificó que la Unión de Vendedores Ambulantes, junto con las autoridades, acordaron no autorizar a personas de otras localidades ejercer el comercio en calles de esa población bajo el pretexto de que ''la unión contaba con la capacidad suficiente para atender esa actividad''.

En su informe 2005, la CFC también presentó el caso del municipio de Berriozábal, Chiapas, donde se denunció a la Unión de Fabricantes de Tortillas y al Consejo Técnico Consultivo del ayuntamiento local, a quienes se atribuyó la responsabilidad en la clausura de cinco de ocho tortillerías de los denunciantes, por no aplicar el ''precio oficial'' de la masa y la tortilla. Aunque se comprobó que las clausuras se derivaron de la falta de permisos de operación, se determinó una práctica monopólica absoluta con la fijación el precio de venta de la tortilla en 6 y 7 pesos el kilo, "con objeto o efecto de no competir".

En Durango se presentaron diversas denuncias contra la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla, contra la Empresa Integradora Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla y la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

 
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